Un juez federal de California frenó el miércoles los planes del Gobierno de Donald Trump de despojar de protección a más de 300.000 inmigrantes de cuatro países que en algunos casos llevan décadas en Estados Unidos. La orden cautelar del juez deja en suspenso la orden de la Casa Blanca después de que varios inmigrantes presentaran una demanda. El Gobierno, según el juez, no ha demostrado por qué no se pueden quedar en Estados Unidos mientras se resuelve la demanda.
El llamado estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) se creó en 1990 y ha sido ofrecido a lo largo de los años a inmigrantes que ya se encontraban en Estados Unidos y provenían de países donde se habían producido guerras o desastres naturales. Es decir, se entendía que volver a sus países les causaría un daño irreparable. Actualmente, el TPS protege a ciudadanos de 10 países. El Gobierno de Trump ha decidido quitárselo a los 263.000 beneficiarios de El Salvador, los 58.000 de Haití, los 5.000 de Nicaragua y los 1.000 de Sudán.
En noviembre del año pasado, la Casa Blanca anunció el fin del programa TPS para los Haitianos, la mayoría llegados tras el devastador terremoto que asoló la isla en 2010. La orden de Trump dictaba que tenían 18 meses para arreglar su situación, para lo cual tienen que salir del país y pedir un visado, o pasarán a ser inmigrantes indocumentados y por tanto susceptibles de ser deportados.
En enero de este año, la decisión se extendió a los inmigrantes salvadoreños. Se trata de uno de los golpes más duros sufridos por un colectivo de inmigrantes, en cuanto a número de personas afectadas, junto con el fin de la protección para inmigrantes que llegaron siendo menores (DACA). En el caso de los salvadoreños, el programa se inició después de los devastadores terremotos de 2001. La Casa Blanca entiende que las circunstancias especiales que justificaban el TPS ya no existen. Pero muchos de estos salvadoreños llevan décadas en Estados Unidos, pues llegaron huyendo de la guerra civil de los ochenta y noventa. La situación abocaba a familias con hijos estadounidenses a ser separadas o volver a un país que en muchos casos no conocen.
El juez federal de San Francisco Edward Chen consideró que, mientras se resuelve la demanda que ha sido interpuesta contra la decisión, el TPS debe mantenerse en vigor, ya que si estas personas vuelven a sus países se produciría un daño irreparable. Según el Centro de Estudios Migratorios, el 51% de los salvadoreños beneficiarios han vivido en EE UU más de 20 años y el 88% de ellos tiene trabajo.
El juez no entra a valorar el fondo del asunto, solo ha emitido una orden cautelar. Pero en su resolución otorga credibilidad al argumento de que la decisión de la Casa Blanca es arbitraria y además cita declaraciones de Trump para indicar que puede existir animosidad contra grupos concretos de inmigrantes, como los haitianos.
No es la primera vez que la política de mano dura de Donald Trump con la inmigración topa con los tribunales. Su veto migratorio a ciudadanos de varios países musulmanes fue parado en los tribunales dos veces, hasta que una tercera versión, diseñada para pasar esos filtros, fue aprobada por el Tribunal Supremo. Del mismo modo, un juez federal paró de forma cautelar su decisión de rescindir el programa DACA, que protege de la deportación a más de 800.000 inmigrantes irregulares que llegaron al país siendo menores de edad.
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