Escasa transparencia y coordinación y mucho margen para mejorar la eficiencia. Esta son algunas de las conclusiones a las que ha llegado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en su análisis sobre gasto farmacéutico hospitalario e inversión en equipos tecnológicos que ha publicado este jueves, en plena tormenta política entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central por las nuevas restricciones sanitarias aprobadas para contener la pandemia. Este estudio se enmarca en la segunda fase del Spending Review que viene realizando el organismo dirigido por Cristina Herrero, que analiza una partida de gasto público que alcanzó los 7.000 millones de euros en 2018.
En un extenso informe de unas 300 páginas, la entidad encargada de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas hace un repaso de las partidas donde hay margen para mejorar el gasto destinado a la compra de medicamentos en hospitales. Bajo los focos están, entre otras cosas, la escasa coordinación entre administraciones públicas ―algo que se ha hecho más evidente con la actual crisis―, la poca transparencia en la compra de medicamentos ―que en el 70% de los casos se realizan a través de compras menores o directas a laboratorios y no bajo ley de contratos del sector público―, la escasez y obsolescencia de los equipos, más elevada que la media de la OCDE, o el reducido uso de medicamentos biosimilares.
El gasto en farmacia hospitalaria supone el 17% del gasto hospitalario total y en los últimos años ha tenido una senda ascendente: de los 2.300 millones de euros de 2003 ha alcanzado los 6.613 millones en 2018 y se prevé que siga creciendo en los próximos años debido, fundamentalmente, a la entrada de medicamentos innovadores con precios elevados. El análisis publicado este jueves por la Airef ha evaluado las decisiones de financiación y política de fijación y revisión de precios de los medicamentos, el uso racional del medicamento, los procesos de contratación pública y compra de medicamentos, y la logística y dispensación de los mismos.
Las ineficiencias detectadas por el organismo son varias y afectan a distintos ámbitos. Uno de ellos está relacionado con los precios. Además de la falta de transparencia, el organismo destaca en su estudio la escasa capacidad de decisión de las comunidades autónomas en la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios, ya que solo tienen 3 de los 11 votos pese a ser quienes soportan el gasto farmacéutico en sus presupuestos. “También hay una falta de visión global”, ha señalado Herrero en la presentación telemática del informe, lo que limita la competitividad y resta eficiencia al gasto. Por ello, la Airef propone revisar la estructura de dicha comisión interministerial, para que las autonomías tengan más peso, e intensificar la revisión sistemática de precios y condiciones de financiación además de incorporar criterios de eficiencia.
El organismo también ha hecho hincapié en el uso escaso que hace España de los biosimilares, una especie de medicamentos genéricos de los fármacos biológicos como puede ser la insulina para los diabéticos. Considera que fomentar el empleo de estos medicamentos generaría unos ahorros brutos medios de unos 950 millones de euros anuales entre 2020 y 2022, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid. También en este caso España está por debajo de la media europea y existen importantes diferencias entre comunidades.
“La Sanidad es un pilar fundamental en nuestro Estado de bienestar”, ha remarcado Herrero, y “una de las políticas con mayor efecto redistributivo”. El gasto sanitario total supone el 6,4% del PIB y el 15% del gasto público, equivalente a más de 71.000 millones de euros. La Airef ha evaluado hasta ahora 17.500 millones de esta partida ―7.000 millones ahora y 10.500 millones en un estudio que publicó anteriormente relativo al gasto en medicamentos dispensados en farmacia―.
Equipos viejos e infrautilizados
Una parte del estudio publicado este jueves hace referencia a la inversión en bienes de equipo de alta tecnología, que en 2018 alcanzó los 320 millones de euros. La Airef señala que la dotación de estos instrumentos en España está por debajo de la media de los países de la OCDE, es desigual entre regiones y está infrautilizada. Además, el 44% de los equipos tiene más de 10 años, muy por encima de las recomendaciones internacionales que lo limitan al 10%, y el nivel medio de obsolescencia en lugar que reducirse es mayor ahora que hace 10 años.
Por ello, y ante la falta de una planificación estratégica de adquisición y renovación tecnológica ―en más del 45% de los hospitales y servicios de salud― propone desarrollar un plan de inversión para converger hacia la media europea en cuanto a dotación, algo que hubiese supuesto una inversión de entre 203 y 282 millones de euros en 2018. El organismo estima, por otro lado, que la renovación de equipos obsoletos habría implicado en 2019 “una necesidad de inversión para el Sistema Nacional de Salud de entre los 243 y los 356 millones de euros”. A ello habría que añadir una inversión anual de unos 200 millones para su mantenimiento.
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