España afronta una difícil negociación para hacerse oír en el nuevo pacto de migración que Bruselas pretende agilizar antes de que acabe el año. La propuesta que presentó la semana pasada la Comisión Europea no contenta a las autoridades españolas, que prevén un tenso debate con sus socios de la UE. Para asumir el control directo de la negociación y marcar prioridades, Pedro Sánchez ha citado este martes en La Moncloa a los tres ministros con competencias migratorias (los de Interior, Migraciones y Exteriores). “Se debe seguir este dosier muy de cerca por su gran importancia política”, argumentan fuentes gubernamentales para justificar el paso adelante del presidente.
La cita, confirmada a EL PAÍS por varias fuentes del Gobierno, servirá para que el jefe del Ejecutivo conozca de primera mano el análisis que cada uno de sus ministros hace de la propuesta y de los cambios que supondrá para el país la nueva política común europea. A grandes rasgos, la propuesta comunitaria refuerza la política de expulsiones y establece la necesidad de que todos los Estados europeos cooperen para controlar los flujos, aunque sin incluir cuotas obligatorias de acogida.
Ninguno de los tres ministros (Fernando Grande-Marlaska, de Interior; Arancha González Laya, de Exteriores y José Luis Escrivá, de Migraciones) aplauden el pacto tal como ha sido esbozado, aunque el Ejecutivo ha sido muy prudente al valorarlo. Casi 10 horas después de su presentación, cuando otros países ya habían celebrado o criticado el contenido, un tuit en la cuenta de Exteriores agradeció de forma sucinta la propuesta y se limitó a decir que la estudiarían “con atención”. Fuentes de este departamento argumentan que se trata de un texto complejo que requiere más que una lectura rápida.
Hasta ahora era la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la encargada de centralizar los trabajos migratorios que desarrolla el Gobierno en diferentes departamentos. Convencido de que esta será una de las principales batallas europeas en los próximos meses y que requerirá la implicación personal de los primeros ministros, Sánchez ha decidido coordinar personalmente esta política tan sensible.
La propuesta de Bruselas deja de lado buena parte de las peticiones que España planteó en su condición de país de entrada, como el reparto obligatorio de migrantes que llegan de forma irregular. El texto tampoco tiene en cuenta el desafío de acogida que enfrenta España ante la llegada de decenas de miles de solicitantes de asilo desde Latinoamérica ni contempla los escenarios ––Ceuta y Melilla o Canarias––con los que España lidia en solitario por su situación geográfica. Es de esperar una postura común en esta materia, aunque cada ministro tenga sus prioridades.
La apuesta del pacto por el control y el endurecimiento de los procedimientos puede encajar con los intereses del Ministerio del Interior, pero choca con la visión del fenómeno migratorio de otros sectores del Ejecutivo que lamentan que se siga sin profundizar en futuras vías para fomentar la migración legal. En ese sentido, la UE contempla la atracción de talento altamente cualificado, pero España trabaja en modelos que no necesariamente buscan ingenieros, sino otros trabajadores que puedan cubrir desde las necesidades de mano de obra agraria a las del sector de los cuidados.
Uno de los puntos que concierne a todos es que la propuesta enviada por Bruselas puede conllevar cambios de legislación. El texto esboza un nuevo modelo de recepción en frontera en el que debe cribarse rápidamente quién es un refugiado y quién es un inmigrante económico, que deberá ser expulsado en el menor tiempo posible. La fórmula que propone Bruselas, que contempla la detención por periodos más largos que los establecidos en la legislación española, implicará previsiblemente cambiar el modelo español de retención de migrantes. Las autoridades españolas, aun con divergencias, ven en esta propuesta una vía costosa y poco eficiente para ejecutar las expulsiones, que no dependen tanto de tiempo y encierro como de una fuerte política de cooperación. En este sentido, según las fuentes consultadas, los lazos con los países de origen y tránsito y la mejora de la política de retornos constituyen elementos clave.
En el campo específico del asilo, la propuesta de la Comisión profundiza el camino ya abierto en los últimos años para endurecer las reglas. Con el objetivo de agilizar los trámites —hay en torno a 430.000 expedientes sin respuesta en toda la UE y más de 100.000 son de España—, Bruselas propone criterios para descartar rápidamente solicitantes. Entre ellos, que proceda de un país considerado seguro o que su nacionalidad tenga una baja tasa de reconocimiento de protección. España ya trabajaba en esa línea con la nueva ley de asilo que se está redactando para adaptarse a los reglamentos europeos. Pero el primer borrador de la norma, revelado por EL PAÍS en febrero, generó tensiones en el sector más progresista del Gobierno de coalición y contó con el rechazo de las organizaciones de atención al refugiado.
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