La primera medida de la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador ha sido un golpe al Constitucional por haberse interpuesto en el camino unilateral del presidente, Nayib Bukele. El Parlamento elegido hace dos meses, de mayoría oficialista, ha aprobado este sábado la destitución de los magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El argumento de los legisladores coincide con las acusaciones que el mandatario lanzó contra el tribunal por haber frenado unos decretos relacionados con la gestión de la emergencia sanitaria. La decisión de la Asamblea del país centroamericano, que nombrará unos sustitutos, ya ha recibido las críticas públicas de la Administración de Joe Biden a través de Juan González, su asesor para América Latina, y manifestaciones de repudio de organismos internacional como Human Rights Watch (HRW).
La moción ha sido presentada por la vicepresidenta de la Asamblea recién instalada, Suecy Callejas. “Por iniciativa de varios diputados, solicito se incluya con dispensa de trámite a conocimiento de este Pleno legislativo una pieza de correspondencia a efectos de promover la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala Constitucional de la Corte suprema de Justicia”, ha pedido la diputada entre aplausos de su bancada. La medida, que afecta a los cinco jueces titulares y a los cuatro suplentes, ha salido adelante a toda prisa sin el trámite parlamentario habitual.
Bukele no ha tardado en defender la iniciativa a través de Twitter. “La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional por parte de la Asamblea es una facultad incontrovertible expresada claramente el artículo 186 de la Constitución de la República”. Ese artículo, en efecto, dispone que los magistrados podrán ser destituidos “por causas específicas, previamente establecidas por la ley”. Sin embargo, en esta ocasión las motivaciones no son de carácter legal sino político.
El rotundo triunfo del presidente en los últimos comicios legislativos, con un margen que no tenía precedentes desde que terminó la guerra hace casi tres décadas, multiplicó las facultades de Bukele, que a través del Parlamento y su partido, Nuevas Ideas, puede impulsar decisiones como la de este sábado sin necesidad de negociar. Es decir, el mandatario puede deshacerse de los contrapoderes que caracterizan una democracia por el mero hecho de no coincidir con sus resoluciones.
Ese fue precisamente el motivo que ahondó el enfrentamiento con la justicia. “La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la normativa legítimamente establecida, en relación a la contención de la pandemia”, justificó en un hilo de Twitter el perfil oficial de la Asamblea Legislativa, como si de un órgano partidista se tratara. “Los magistrados han generado, con sus pronunciamientos y con sus sentencias arbitrarias, un fraude a la Constitución”, manifestó.
Bukele, aupado al Gobierno por el descontento en 2019, ha estado en numerosas ocasiones en el centro de la polémica por sus cuestionadas recetas contra las maras, que le han costado señalamientos por violaciones de los derechos humanos. Este episodio confirma su voluntad de afianzarse en el poder. “Rompe con el Estado de derecho y busca concentrar todo el poder en sus manos”, ha criticado el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. A su repudio se ha añadido un lapidario comentario de Juan González, el hombre de Biden para el Hemisferio Occidental. “Así no se hace”, sentenció González, que ya ha hace semanas manifestó su preocupación por el hostigamiento del presidente salvadoreño a los medios de comunicación.
Pero Bukele, que ha hecho de las redes sociales su principal plataforma de comunicación, ha aplaudido la destitución dejando claro que ya tiene pleno control del poder legislativo. “Diputados valientes, trabajando y cumpliendo el mandato popular. ¡Dios y el pueblo con ustedes!”.
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