QUITO, Ecuador — La mayoría opositora de la recién disuelta Asamblea Nacional de Ecuador aún confía en poder revertir el decreto del presidente Guillermo Lasso para volver a sus funciones y continuar el juicio político que podría llevar a la destitución del mandatario.
La última palabra, sin embargo, la tiene la Corte Constitucional, que aún debe pronunciarse sobre apelaciones de los opositores y que suele demorar en dar sus fallos.
El extitular de la cesada Asamblea, Virgilio Saquicela, explicó este jueves a The Associated Press que presentó una demanda personal ante ese tribunal argumentando que el decreto con el que Lasso disolvió la Asamblea no es congruente ya que no había en el país conmoción social.
Lasso disolvió la Asamblea la víspera cuando ésta tramitaba un juicio político en su contra por presunta malversación de fondos públicos. La decisión se sustentó en un artículo de la constitución que confiere al presidente la potestad de disolver al Legislativo por una sola vez por tres causales: cuando la Asamblea se hubiere arrogado funciones que no le corresponden, por obstrucción al plan nacional de desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna.
“Requerimos, demandamos de la Corte Constitucional un pronunciamiento inmediato”, destacó Saquicela, quien pidió al tribunal que se pronuncie en un plazo máximo de dos días. A su vez sostuvo que fueron presentadas otras dos demandas: una del Partido Social Cristiano (PSC) y otra de la fuerza indígena Pachakutik.
Pero el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, argumentó en rueda de prensa que el decreto de disolución de la Asamblea queda “a juicio, criterio, discrecionalidad y fundamentación del jefe de Estado” y que no requiere la aprobación de ningún organismo.
Un grupo armado los acribilló.
Tras la disolución de la Asamblea Lasso puede gobernar hasta por seis meses mediante decretos sobre temas económicos y administrativos, siempre con la aprobación de la Corte Constitucional. Al mismo tiempo el Consejo Nacional Electoral debe convocar elecciones y quienes resulten electos deberán completar el actual periodo presidencial y legislativo que termina en mayo de 2025.
Los parlamentarios esperan que la Corte Constitucional resuelva el pedido antes de que el Consejo Nacional Electoral convoque nuevas elecciones.
El abogado y analista electoral Medardo Oleas explicó a AP que cuando se declare abierto el período comicial la máxima autoridad será el Consejo Nacional Electoral y de acuerdo con la norma constitucional “ninguna autoridad podrá interferir en la realización del proceso”. Agregó que si la Corte Constitucional interfiriera con algún dictamen sus integrantes “podrían ser destituidos”.
Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, dijo a la red de televisión Teleamazonas que ese organismo tiene hasta el 24 de mayo para convocar elecciones, que se realizarían a fines de agosto y en octubre, en caso de que fuera necesaria una segunda vuelta.
Saquicela acusó al gobierno de “inoperante, incapaz de resolver los problemas reales de los ecuatorianos” en temas de salud, vialidad y seguridad y agregó: “no quiero justificar si la Asamblea ha sido buena o ha sido mala, lo que defiendo es el marco constitucional y la institucionalidad”.
Lasso, un ex banquero de derecha de 67 años, asumió el poder en mayo de 2021 para un período de cuatro años y desde el inicio de su mandato tuvo que afrontar una fuerte oposición legislativa liderada por una mayoría del partido Unión por la Esperanza, afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017).
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