La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a penas de entre 14 y 18 años de cárcel a los cuatro acusados de una violación en grupo que tuvo lugar en la localidad alicantina de Callosa d’en Sarrià durante las fiestas de Nochevieja y Año Nuevo que daban entrada a 2019. Los magistrados asumen así, prácticamente en su totalidad, las tesis defendidas por la acusación particular, en representación de la víctima, que en ese momento tenía 19 años, y que basaron un pacto prejudicial alcanzado entre todas las partes que el fiscal no aceptó. A juicio del abogado de la agredida, Francisco González, se demuestra así que el acuerdo “era justo, conseguía el mismo resultado final y habría evitado que la víctima tuviera que pasar otra vez por esto”.
La sentencia, dada a conocer este viernes, reconoce como hechos probados que la víctima y una amiga, tras celebrar la Nochevieja, se dirigieron a un bar de Benidorm para comprar tabaco ya en la madrugada del día 1 de enero. Allí, se encontraron con los cuatro acusados, que invitaron a la joven a tomar una última copa en un domicilio particular, donde finalmente se quedó a dormir. En torno a las 14.45 horas, dos de los condenados acorralaron a la víctima en el baño, donde le propusieron relaciones íntimas que la joven, “no obstante encontrarse con sus facultades intelectivas y volutivas afectadas por la ingesta alcóholica”, rechazó. Sin embargo, los dos agresores la desnudaron rasgándose la ropa que llevaba, le hicieron tocamientos y la fotografiaron con el móvil, ataques que la víctima combatió con gritos de “no, no, no”.
Las voces de la joven despertaron al propietario de la vivienda, que forzó la puerta del baño y accedió a su interior. La víctima, con el torso desnudo, se le abrazó, según relata el fallo del tribunal. En ese momento, el dueño de la casa echó a todos los procesados, prestó una chaqueta de chándal a la víctima para que se cubriera y permitió que la joven se marchara. En la calle, relata el fallo, se encontró de nuevo con sus agresores, con los que accedió a trasladarse a Callosa debido a que sus facultades seguían mermadas, probablemente, por haber sido drogada.
Ya en el domicilio de Callosa, propiedad de la familia de uno de los acusados, los Castro agresores llevaron a la víctima al sótano de la edificación, al cual se tiene acceso a través del garaje. En ese momento, los cuatro procesados volvieron a desnudar a la víctima, usando la fuerza física frente a las negativas reiteradas de la joven. Sucesivamente, la fueron violando uno a uno mientras los demás sujetaban a la víctima, se burlaban de ella y reproducían “constantemente música”, dice el fallo. También grabaron varios vídeos con sus móviles, sin el consentimiento de la agredida.
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En la sentencia, los magistrados han recogido las tres atenuantes que reconoció González durante la celebración del juicio. Por un lado, el reconocimiento de los hechos, ya que todos ellos confesaron durante su declaración ante los magistrados. Por otro, el de la reparación del daño, tasado en una indemnización de 60.000 euros. Y, finalmente, el de embriaguez. “Todos los acusados habían bebido y consumido drogas, aunque eso no quiere decir que sus facultades estuvieran mermadas, eran conscientes de lo que estaban haciendo”, explica González.
La sala condena a 18 años de cárcel a uno de los acusados como autor de dos agresiones, la de Benidorm y la de Callosa, y como cooperador necesario en otras tres. El acusado que le acompañó en el ataque en el baño de Benidorm ha recibido una pena de 17 años y dos meses. Los otros dos, que solo intervinieron en la violación de Callosa, pasarán 14 años y dos meses y 14 años y 10 meses, respectivamente, en prisión. Todos ellos están considerados autores de un delito continuado de agresión sexual y cooperadores necesarios en los cometidos por los otros tres coacusados. Dos de ellos, además, suman condena por fotografiar o grabar la agresión con sus móviles.
Finalmente, el fallo ordena “la toma de muestras biológicas de los cuatro condenados y la realización de análisis para la obtención de identificadores de ADN” para su inscripción en una base de datos policial, “habida cuenta la gravedad de los hechos”. En el caso de que alguno de los procesados se niegue, “podrá imponerse la ejecución forzosa” de esta medida, indican los magistrados.
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