El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Villarejo, ha citado a declarar como imputado para el próximo lunes a Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad con el PP, por el uso de fondos reservados para el espionaje ilegal que la llamada brigada política hizo entre 2013 y 2014 al extesorero del PP Luis Bárcenas y su entorno tras estallar el escándalo que reveló la existencia de una caja b dentro del partido. Será la segunda vez que comparezca, aunque en esta ocasión Martínez lo hará tras recibir autorización del Gobierno para declarar sobre materias catalogadas como secretas
En su primera comparecencia, el que fuera número dos del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz se negó a responder a las preguntas del juez y los fiscales. Esta segunda ocasión se produce después de que el propio Francisco Martínez pidiera que el Gobierno le eximiera de la obligación de guardar silencio sobre los hechos confidenciales que hubiera conocido durante su etapa como secretario de Estado. El Consejo de Ministros lo autorizó en su reunión del pasado martes.
El Ejecutivo ya había eximido anteriormente del deber de guardar secreto a cinco policías para que facilitaran a García-Castellón detalles secretos del espionaje sin control judicial al que fue sometió entre 2013 y 2014 Bárcenas y su entorno. Entre ellos están los comisarios José Manuel Villarejo, epicentro de la macrotrama de corrupción que se investiga en la Audiencia Nacional, y Eugenio Pino, número dos de la Policía aquellos años y supuesto muñidor de la llamada brigada política, el grupo de agentes que supuestamente investigó a rivales políticos del PP. Completaban la lista los también comisarios Enrique García Castaño, conocido como El Gordo; Andrés Gómez Gordo, y el policía Sergio Ríos Esgueva, antiguo chófer del extesorero popular.
La imputación del exnúmero dos de Interior el pasado enero supuso un salto cualitativo en la investigación sobre el espionaje a Bárcenas. La principal tesis de los investigadores es que el operativo tenía como objetivo hacerse con la documentación que aún pudiera guardar el extesorero y que pudiera resultar comprometedora para el partido conservador. El que fuera mano derecha de Fernández Díaz fue el primer cargo político al que la justicia señaló directamente en las actividades irregulares de la brigada política. Hasta ese momento solo habían desfilado como imputados por la Audiencia Nacional varios de los presuntos integrantes de este grupo. De hecho, dos de ellos, los comisarios Eugenio Pino y Enrique García Castaño, señalaron a Francisco Martínez como el responsable político que autorizó la financiación de aquella operación con fondos reservados, una partida de dinero público destinada al pago de confidentes o compra de material que está sometida a la condición de secreto de estado.
Fondos reservados
A petición del juez, el Consejo de Ministros ya desclasificó varios documentos confidenciales que revelaban ese uso irregular de fondos públicos. Entre ellos, los que revelaban que se utilizaron para costear el abono mensual de 2.000 euros al también imputado Sergio Ríos, entonces chófer del extesorero del PP; los pagos a un preso que coincidió con Bárcenas en su primera etapa en prisión; y el supuesto asalto a la casa de este por parte de un falso sacerdote.
El comisario García Castaño también aseguró al juez que se utilizaron para adquirir un ordenador en el que se descargó la información que la policía había conseguido de forma irregular de los teléfonos móviles de Bárcenas y su mujer. Según el agente, ese equipo informático acabó supuestamente en poder de Francisco Martínez. Dos agentes que participaron en aquella operación, y que declararon como testigos, confirmaron la versión del alto mando policial.
Tras conocerse su imputación, Francisco Martínez emitió un breve comunicado, su única declaración pública desde entonces. “A pesar de los errores que, sin duda cometí, siempre trabajé para prestar el mejor servicio al interés general y siempre lo hice con absoluto respeto a la Ley”, aseguró entonces. Martínez, que tras pasar por Interior, fue elegido diputado del PP, dejó la política en 2019 y volvió a su puesto de funcionario en las Cortes.
Tercera desclasificación de secretos
El Consejo de Ministros celebrado el martes acordó una tercera desclasificación de documentación secreta sobre el uso de fondos reservados en el espionaje ilegal a Luis Bárcenas, tras los acuerdos en el mismo sentido adoptados el 7 de diciembre de 2018 y de 10 de mayo de 2019. Entre la documentación ya remitida a la Audiencia Nacional hay recibís y facturas de pagos con esta partida, pero también, al menos, un informe confidencial de la Policía. Este documento, fechado el pasado 15 de noviembre, certifica que en el Centro Gestor de los Fondos Reservados no se ha encontrado ninguna referencia a una operación “Kitchen, cocinero, cocina o K”, de lo que se desprende que el espionaje al extesorero del PP fue ocultado en los archivos oficiales de Interior.
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