La Audiencia Nacional ha anulado la prórroga de la concesión otorgada en 2016 a la fábrica de pasta de celulosa de la empresa Ence, situada entre Pontevedra y Marín, por el Gobierno de Mariano Rajoy al considerar que la resolución del Gobierno no justificó que la pastera, por su naturaleza, no pueda tener otra ubicación.
En una sentencia conocida este viernes, contra la que previsiblemente Ence presentará recurso de casación, la sala de lo Contencioso-Administrativo da respuesta así a los recursos de la organización Greenpeace y del Ayuntamiento de Pontevedra contra la decisión de la Administración central de prorrogar la ocupación de la papelera por un periodo de 60 años.
El fallo, con fecha 15 de julio, resuelve “no haber lugar” a la prórroga, por lo que la fábrica de celulosa se ve abocada al cierre y al anunciado traslado a Portugal que afectará a más de 5.000 empleos (directos e indirectos), con enormes repercusiones para el sector maderero. Aunque la resolución no es firme y habrá que esperar al dictamen del Tribunal Supremo, la papelera tiene claro la orientación jurídica sobre la prórroga, ya que cabía la posibilidad de que acordaran su mantenimiento hasta 2073 o que siguiese en su emplazamiento hasta 2033 si se atendieran parcialmente los recursos.
El tribunal, presidido por el magistrado Eduardo Menéndez Rexach, considera que la resolución de 20 de enero de 2016 de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar no justifica, como exige la Ley de Costas, que la planta no pueda tener otra ubicación. Antes de pronunciarse sobre el fondo, la Audiencia da validez al allanamiento de la Abogacía del Estado formalizado en 2019.
En cuanto al fondo del asunto, el Tribunal explica que en virtud del artículo 32.1 de la Ley de Costas se debe justificar que las instalaciones cuya prorroga se acuerda por su naturaleza no pueden tener otra ubicación. En el caso concreto, la Audiencia indica que de acuerdo con la prueba pericial practicada se desprende que el agua dulce, en un determinado volumen, es un recurso necesario e imprescindible para el proceso productivo de las plantas de pasta de papel Kraft con blanqueo, como la de Ence Pontevedra, así como la proximidad a recursos hídricos (agua salada o dulce) para la evacuación del vertido.
Sin embargo, incide el fallo, todo ello no impide que, “dichas plantas por su naturaleza o configuración, tengan que ubicarse en el dominio público marítimo terrestre”, que es lo que exige el citado artículo de la Ley de Costas. Por tanto, añaden, pueden situarse en las proximidades, pero fuera de dicho dominio costero, en las proximidades de los ríos o de grandes masas de agua.
La Sala cita otros casos como las fábricas de celulosa BHK, Torraspapel S.A. en Zaragoza y Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga S.A., que se sitúan junto a ríos en los que evacuan el efluente, y también la fábrica de Ence en Navia (Asturias), que según los peritos es equiparable con la de Pontevedra, que se sitúa próxima, pero fuera del dominio costero, como se ha acreditado en este procedimiento.
Para el tribunal resulta significativo que Ence “no haya podido aportar documentación o concesión que acredite su ubicación sobre el dominio costero, sino solamente la Resolución de 21 de marzo de 2013 de otorgamiento de concesión para ocupación del dominio en la margen derecha de la ría de Navia, con destino a vivero de plantas (excluyendo la plantación de Eucaliptos Nitens), no para ocupación de las instalaciones de la fábrica”, recoge la sentencia.
El tribunal incide en que “la actuación administrativa sobre el dominio público marítimo terrestre debe perseguir, entre otros fines, el de asegurar su integridad y debida conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias, así como las de garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas, que en el caso de autos, como hemos dicho, la Orden impugnada ni ha esgrimido ni justificado”.
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El Gobierno de Rajoy modificó en 2013 la Ley de Costas de 1988, dando la posibilidad de conceder prórrogas de las concesiones del dominio público marítimo-terrestre. Al año siguiente, se aprobó el reglamento de la Ley de Costas para regular esas prórrogas, un trámite al que se sumó Ence Pontevedra al encontrarse todos los terrenos de la factoría dentro de esa calificación. En 2016, se le otorgó una prórroga de la concesión de Costas hasta el año 2073, pero la decisión derivó en una férrea oposición por parte de Greenpeace, y el Gobierno de coalición del BNG y PSOE de Pontevedra, que interpusieron recursos en la Audiencia Nacional.
El Gobierno de Pedro Sánchez cambió la posición sobre Ence y también la política en cuanto a las prórrogas de las concesiones de Costas. El cambio de criterio se justificó en un informe de la Abogacía del Estado que consideraba que otorgar una prórroga de concesión en dominio público marítimo-terrestre por 75 años, como es el caso de Ence no estaba avalada jurídicamente. Así, el Gobierno central desistió de defender la prórroga y se allanó el procedimiento.
El intento de anular la prórroga a través de una modificación del reglamento de la Ley de Costas fracasó, en gran parte por la presión social, lo cual forzó a modificar el texto del proyecto de la Ley de Transición Ecológica recientemente aprobada, que no solo dejó sin cambios la situación de Ence, sino que dio seguridad jurídica al futuro de la pastera a la espera de la sentencia.
Un coste de 185 millones
La empresa registró unas pérdidas de 24 millones de euros durante el año pasado, frente a los nueve millones de beneficios lograros el año antes de la pandemia. La empresa achacó los malos resultados al desplome del precio de la celulosa, que durante el ejercicio pasado se depreció a mínimos históricos. La compañía que fabrica pasta de papelería logró unos ingresos de 707 millones en 2020, un 3,8% inferior a los del ejercicio precedente.
En sus cuentas anuales de 2020, la empresa valoró el golpe económico que supondría la sentencia judicial en contra de sus intereses que llevaría “aparejada el cese de la actividad de la biofábrica”: “En el improbable supuesto de que se produjera el cese de actividad indicado, tendría lugar un impacto único extraordinario en la cuenta de resultados del entorno de 185 millones de euros. De la cifra anterior, inicialmente aproximadamente 74 millones de euros tendrían impacto en caja, de los cuales 43 millones corresponderían a actuaciones de desmantelamiento, 16 millones a la cancelación de contratos en vigor (basados en la experiencia de desmantelamiento de la antigua fábrica de Huelva) y 15 millones al coste de un expediente de regulación de empleo de extinción total. La cifra restante de 111 millones no tendría efecto en caja, ya que responde al deterioro del activo”.
“Un golpe irreversible” para la Xunta, y “fracaso estrepitoso del PP” para el Gobierno de Pontevedra
Las reacciones a la sentencia sobre Ence no han hecho más de empezar, después de cinco años de batalla legal que se ha trasladado a las calles de Pontevedra, en medio de una enorme crispación social entre partidarios de la continuidad de la papelera y sus detractores.
La empresa ha anunciado que agotará todas las vías legales y ha defendido, una vez más, la legalidad de la concesión, mientras lamenta las repercusiones económicas que tendrá la sentencia en la economía y el empleo en Galicia.
Para el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, la sentencia “es un golpe irreversible” para la región y ha reclamado “alternativas” al Gobierno central. “Es un día triste, consecuencia de una decisión política del PSOE y del BNG, que han decidido cerrar una empresa”, ha dicho. Conde ha censurado que la situación de 500 familias sea en estos momentos “de no retorno”.
El alcalde de Pontevedra, el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores ha calificado el fallo como “un fracaso estrepitoso del Partido Popular, tanto de Mariano Rajoy como del presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo”. Ambos dirigentes, según Lores, “intentaron, mediante un cambalache ilegal con la empresa, poner en peligro la continuidad de la actividad y de los puestos de trabajo por no buscar la única solución, lógica y legal, que sería el traslado a otra ubicación”, ha añadido.
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