La Audiencia Nacional pondrá bajo la lupa al antiguo Gobierno de Esperanza Aguirre (PP), presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, en un nuevo juicio. El magistrado Santiago Pedraz ha enviado este miércoles al banquillo a uno de sus exconsejeros, Alfredo Prada, y a otros cuatro ex altos cargos y asesores autonómicos, por la presunta trama de malversación urdida en la construcción del Campus de la Justicia de Madrid. Entre los procesados se encuentra el comisario Andrés Gómez Gordo, exdirector de Seguridad del ente y posterior asesor de María Dolores de Cospedal durante su etapa como jefa del Ejecutivo de Castilla-La Mancha.
La decisión de Pedraz llega después de que su predecesor en la instrucción, el magistrado José de la Mata, propusiese el pasado noviembre juzgar a los seis implicados: además de a Prada y Gómez Gordo, a Isabelino Baños, Mariano José Sanz y Alicio de las Heras, que ocuparon respectivamente los puestos de director general técnico del Campus, subdirector general técnico y director financiero; y a uno de sus asesores, Félix José García. Entonces, el juez De la Mata les atribuyó la puesta en marcha de “un plan criminal” para otorgar “irregularmente” contratos: “Corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación, quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos”, subrayó.
Esta parte de la investigación —otra línea de las pesquisas aún permanecen en instrucción— se centra en varios contratos bajo sospecha: como la redacción del proyecto de la Ciudad de la Justicia y la dirección facultativa de las obras, la creación de la marca representativa y estrategia de comunicación o el servicio de asesoramiento jurídico. El juez considera que los amañaron: “En este caso, no estamos ante autoridades o funcionarios que hayan sustraído para su lucro personal el dinero de la Administración en perjuicio del patrimonio público. La conducta aquí perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial (hasta el punto de haber sufrido perjuicios el erario público de cientos de millones de euros)”.
La instrucción describe una trama donde se pasaron por alto “insuficiencias y defectos” de los pliegos de condiciones y de los informes técnicos de valoración; donde se realizaron propuestas “arbitrarias y no justificadas”; y donde se prescindió, “en múltiples ocasiones, de procedimiento de contratación alguna”. Los implicados, además, “conocieron perfectamente la ilegalidad de su actuación”, según De la Mata, que situó en la cúspide a Alfredo Prada, exconsejero de Justicia e Interior y exvicepresidente de la Comunidad de Madrid. La Fiscalía pide ocho años de cárcel para el antiguo integrante del Gobierno de Aguirre, y seis años para el resto de acusados, entre ellos Gómez Gordo, también imputado en el caso Kitchen por participar en la captación del chófer del extesorero Luis Bárcenas para supuestamente arrebatarle documentos comprometedores para altos cargos del PP.
El juez atribuye a los implicados en la trama de la Ciudad de la Justicia los presuntos delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos. Además, les requiere para que, en un plazo de 15 días, presenten una “relación de bienes y derechos de los que sean titulares” que cubra la fianza solidaria de 40 millones de euros que les ha impuesto con el objetivo de “garantizar unas futuras responsabilidades civiles y/o pecuniarias”.
Prada ocupó puestos de la máxima responsabilidad con Aguirre, pero acabó enfrentado a ella tras apoyar a Mariano Rajoy en el Congreso de Valencia celebrado en 2008 por el liderazgo del PP. De hecho, la presidenta destituyó a su consejero tras aquella cita y Prada fue una de las supuestas víctimas del caso espías, la trama presuntamente urdida para espiar a cargos de los populares madrileños enfrentados con la jefa del Ejecutivo. Desde entonces, dio un paso atrás, aunque volvió a la primera línea tras el aterrizaje de Pablo Casado en la presidencia del partido conservador. Casado había trabajado para Prada al principio de su carrera y le correspondió situándole al frente de la oficina creada para combatir la corrupción en el partido. Puesto que ostentaba cuando se le imputó por la Ciudad de la Justicia.
Las investigaciones de la Audiencia Nacional mantienen en la picota a los antiguos gobiernos de Aguirre y a sus integrantes. La propia expresidenta y una larga lista de altos cargos se encuentran imputados en el caso Púnica, en el que se investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid. La Fiscalía también ha pedido 18 años de cárcel para su antigua mano derecha, Ignacio González, procesado en varias líneas de investigación del caso Lezo. Y los exconsejeros Francisco Granados y Alberto López Viejo ya han sido condenados por Púnica y Gürtel, respectivamente.
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