La Audiencia Nacional ha entrado en el conflicto abierto por la devolución, supuestamente sin las debidas garantías jurídicas, de 700 menores marroquíes que entraron en Ceuta el pasado mayo durante la avalancha migratoria propiciada por Marruecos para forzar un cambio de la posición española sobre el Sáhara Occidental. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia ha reclamado al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska que en el plazo de 24 horas certifique la veracidad de la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad que dio inicio al controvertido proceso de retorno de los menores migrantes el pasado viernes. El tribunal actúa a instancias de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que solicitó el pasado domingo la paralización cautelar urgente de las devoluciones, que se efectúan a razón de 15 menores cada día.
Antes de decidir sobre el fondo de la cuestión, es decir, la suspensión cautelar del procedimiento de entrega de los jóvenes a Marruecos, la Audiencia ha decidido preguntar a Interior sobre la instrucción que dio inicio al proceso. Fuentes de la Audiencia Nacional afirman que antes de adoptar la medida cautelarísima —por urgencia, sin oír a la otra parte, Interior— el tribunal ha pedido al ministerio la “copia autorizada completa” de esa orden. Los recurrentes solo habían podido aportar una copia de la instrucción de la secretaría de Estado sacada de una información de la Cadena SER del pasado viernes. La devolución de los menores migrantes, que forman parte del total de unas 10.000 personas que entraron irregularmente en Ceuta desde Marruecos a mediados de mayo ante la pasividad de las fuerzas de seguridad del reino magrebí, ha sido pactada entre Interior, el Gobierno autónomo de Ceuta y las autoridades marroquíes tras la desinflamación del conflicto diplomático.
Una vez que la Audiencia Nacional reciba la copia certificada de la instrucción —Interior la remitirá hoy, según fuentes del departamento—, el tribunal deberá, en el plazo máximo de dos días, apreciar si existen razones de urgencia y adoptar o denegar la suspensión cautelarísima de las devoluciones. Si no observa motivos de urgencia, el tribunal dará audiencia a la parte contraria, es decir, al ministerio, para que efectúe sus alegaciones en un plazo de tres días y dictará una nueva resolución sobre la suspensión cautelar, según lo establecido en el artículo 135 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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La iniciativa preliminar de la Audiencia se suma a la decisión de Ceuta de paralizar cautelarmente durante 72 horas todas las repatriaciones de menores a su país. La resolución judicial fue solicitada por una ONG, la Coordinadora de Barrios, y está secundada por la Fiscalía. Tanto el ministerio público como las organizaciones de apoyo a los menores consideran que el plan de devoluciones vulnera al menos la Convención de Derechos del Niño de la ONU, ratificada por España en 1990, que exige que el niño sea “escuchado” en “todo procedimiento judicial o administrativo” que le afecte, y la Ley de Extranjería de 2000, que impone como requisito que para cualquier devolución de menores tanto la Fiscalía como los servicios sociales emitan un informe previo, cosa que no consta que haya sucedido en este caso.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una rueda de prensa. En vídeo, Marlaska asegura que los niños migrantes querían volver a su país.
Los retornos de los menores se están realizando con el sustento jurídico de un convenio bilateral de mayo de 2007, y que apenas se había utilizado hasta ahora. El ministro del Interior aseguró que todas las instituciones han estado “correctamente informadas” de que se iba a iniciar el retorno de los menores “no vulnerables” que llegaron entre el 17 y 18 de mayo, cuando Marruecos abrió sus fronteras. Pese a haber recurrido las devoluciones que se iniciaron el viernes, la Fiscalía de Sala de Menores del Supremo y la Fiscalía de Menores de Ceuta están participando en los mecanismos de devolución de los menores para vigilar que se cumplan las “premisas” del “interés superior del menor y el cumplimiento de la ley
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado sostiene en su escrito que la actuación de Interior “conculca frontalmente” la normativa internacional, europea y española y “vulnera flagrantemente” los derechos fundamentales de los menores que entraron irregularmente en la ciudad autónoma el pasado mayo. El escrito recuerda que la doctrina que desarrolla la Convención de Derechos del Niño de la ONU fija que en los casos de devolución, el interés superior del niño “debe garantizarse explícitamente mediante procedimientos individuales”.