Menos recursos para publicidad oficial y más transparencia sobre cómo se gasta ese dinero. Esa es la promesa de la política de comunicación que ha presentado este miércoles el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El mandatario mexicano ha asegurado que reducirá en un 50% el gasto en publicidad oficial respecto al año pasado, el último de la Administración de su antecesor, Enrique Peña Nieto.
López Obrador recibió críticas durante la aprobación del presupuesto, a mediados de diciembre pasado, porque Morena, su partido, autorizó el gasto de 4.711 millones de pesos (unos 235 millones de dólares) en publicidad oficial, 759 millones (casi 38 millones de dólares) más que en 2018, contradiciendo sus promesas electorales. El mandatario aseguró que la cifra era congruente con la política de austeridad de su Gobierno porque se comprometía a no exceder ese monto, a diferencia de su predecesor, que acabó gastando 7.849 millones de pesos (más de 390 millones de dólares). Ese es el fundamento de la reducción del gasto en comunicación social. “Vamos a actuar con austeridad”, ha dicho el presidente durante su conferencia matutina.
El problema es que la nueva política de comunicación no establece mecanismos de control ni sanciones por exceder este monto, según cuestiona Leonardo Núñez, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. “Es una declaración de buenos deseos”, afirma a EL PAÍS. La ley mexicana sobre presupuesto público mantiene la facultad del Ejecutivo de redirigir el gasto que le es autorizado en el Congreso, lo que abre la puerta a que se exceda por mucho los montos autorizados. Durante el sexenio de Peña Nieto entre 2012 y 2018, por ejemplo, se aprobaron casi 25.700 millones de pesos para publicidad (1.285 millones de dólares), pero se gastaron en realidad 52.585 millones de pesos (2.600 millones de dólares), según los datos oficiales.
Los excesos en el gasto para propaganda derivan en un bombardeo mediático que publicita los logros del Gobierno y que crea una relación endogámica y de dependencia entre la prensa y las autoridades, en la que los medios afines pueden recibir más dinero sin criterios específicos ni claramente definidos. “Históricamente, la regla ha sido la discrecionalidad y el uso faccioso de recursos”, sostiene Núñez.
Uno de los instrumentos de la nueva política de comunicación es fijar un tope para impedir que un solo consorcio mediático reciba más del 25% del presupuesto en publicidad oficial, así como la desaparición de contratos anuales. La intención es acabar con la lógica de premios y castigos a la prensa, ha asegurado el portavoz del Gobierno, Jesús Ramírez. “No hay ninguna censura para nadie (…) no lo hacemos ni lo vamos a hacer”, agrega López Obrador. Pero la ausencia de especificidad en los criterios sobre el otro 75% levanta dudas, en opinión de Núñez, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
En los lineamientos que regirán la relación entre el Gobierno y la prensa se establece que el gasto en publicidad no superará el 0,1% del presupuesto, unos 5.800 millones de pesos, una cifra que, sin embargo, ya es de por sí superior a lo aprobado. Si alguna dependencia gubernamental necesita gastar más en mensajes de propaganda deberá fundamentar los motivos y transparentar en qué se utilizó el dinero. El Ejecutivo afirma que son candados necesarios para evitar abusos, pero las organizaciones no gubernamentales que han seguido el tema creen que permite que se vuelva a gastar más de lo asignado.
En el fondo de la discusión está la Ley de Comunicación Social, aprobada en mayo pasado y en vigor desde este año y llamada despectivamente ley chayote por sus detractores, en alusión al “chayote”, como se denomina en México a los pagos que reciben los periodistas para publicar información tendenciosa o favorable al Gobierno de turno. Morena ha dicho en campaña que buscará derogarla para acabar con la opacidad, pero el proyecto no ha avanzado en el Legislativo. Queda por ver si se respetarán las disposiciones que se han presentado, el impacto económico en los medios que se habían beneficiado de las viejas prácticas y, en definitiva, si se materializará en una relación más transparente entre medios de comunicación y Ejecutivo federal.
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