La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha defendido este miércoles que los autónomos coticen en función de sus ingresos reales, una propuesta que ya está sobre la mesa del Gobierno y que esta misma tarde debatirán el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, y los agentes sociales. Mientras tanto, el organismo encargado de velar por la eficiencia del gasto público y la estabilidad presupuestaria recomienda mantener la tarifa plana para este colectivo de trabajadores, más aún en una coyuntura tan complicada como esta.
Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado la Airef en un informe sobre siete incentivos a la contratación y al trabajo autónomo durante el periodo 2013-2018. La Airef ha evaluado en su análisis siete políticas concretas ―algunas de ellas ya no están en vigor― que en 2018 supusieron un desembolso de unos 2.000 millones: las dirigidas a menores de 30 años y a mayores de 45 años, a las mujeres en sectores donde están poco representadas, a la transformación de contratos temporales en indefinidos, a la empleabilidad de personas con discapacidad y al empleo autónomo (en este último caso, el foco se ha puesto en la tarifa plana y las bonificaciones y reducciones de carácter específico).
“Es mejor un sistema de cotizaciones acorde con los ingresos reales”, ha señalado la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, en referencia al esquema vigente para los autónomos ―que les da la posibilidad de elegir su base de cotización― durante una rueda de prensa virtual celebrada este miércoles. “Pero en el momento actual sí parece conveniente mantener la tarifa plana, reforzando el control y la inspección”.
En concreto, el estudio refleja que la tarifa plana para los autónomos ―que fija una cuota de 60 euros para el primer año y bonificaciones decrecientes para los siguientes― ha fomentado las altas de los jóvenes al sistema en un 17% al inicio de su aplicación, en 2012, aunque tuvo un impacto mayor entre quienes llevaban poco tiempo en el paro y tenían un nivel de formación medio-alto. Esta ayuda también redujo en un 10% la probabilidad de darse de baja, pese a que su efecto haya sido desigual en el tiempo perdiendo su impulso con la finalización del incentivo. Esta ayuda habría supuesto un coste neto de entre 41,5 y 34,3 millones de euros en el momento de finalización del periodo incentivado.
“La necesidad de futuros incentivos quedaría condicionada al diseño del nuevo sistema de cotización”, concluye el informe. “En cualquier caso, se debería incidir en medidas que mejoren la supervivencia del trabajo autónomo: asesoramiento, formación, planes de viabilidad, etcétera, en coordinación con las comunidades autónomas”.
Los incentivos no pueden sustituir reformas estructurales
El estudio de la Airef reconoce que los incentivos públicos a la contratación funcionan, pero con matices: sus efectos son limitados en el tiempo, hay poco ajuste entre oferta y demanda y no se hace lo suficiente para impulsar la formación. El organismo detalla que la reducción de incentivos del 50% llevada a cabo entre 2012 y 2014 aceleró la caída del empleo del -2,73% al – 2,96% y, en general, recomienda reordenar y reducir el número de incentivos y enfocarlos a colectivos de baja empleabilidad. Pero lanza también un aviso más profundo: estas políticas no pueden servir para atajar los problemas crónicos del mercado laboral español como las altas tasas de temporalidad y de paro, ya que para ello hay que poner en marcha reformas estructurales.
El estudio presentado este miércoles concluye la segunda fase del spending review que tiene encomendado la Airef, y que ha abarcado una partida de gasto público de más de 50.000 millones de euros repartidos en cuatro proyectos (beneficios fiscales, infraestructuras, gasto farmacéutico hospitalario e incentivos a la contratación). El organismo recuerda que el periodo analizado para este último informe, dirigido a averiguar si los incentivos promueven la empleabilidad de determinados colectivos y favorecen la contratación indefinida, es peculiar por los efectos de la crisis financiera, que elevaron el paro por encima del 25% y causaron una gran dispersión y profusión normativa de las ayudas, con cambios continuos en las políticas y en los criterios de elegibilidad y duración.
El organismo alerta que para enfocar los incentivos de la mejor manera a grupos específicos de baja empleabilidad es necesario mejorar el sistema para identificar a estos colectivos en cada momento. Además, señala que “un sistema más focalizado permitiría incrementar las cuantías y hacerlos más atractivos”. La Airef también avisa de la necesidad, que viene reiterando en todos sus estudios, de una mayor evaluación in itinere de las ayudas y coordinación entre administraciones públicas, e insiste en que hay mucho margen para mejorar los programas de formación, que no tienen que limitarse a los trabajadores más jóvenes y deben basarse en el fomento de esquemas que permitan personalizar la atención a quienes buscan empleo.
Sin embargo, el organismo reconoce que en momentos concretos de recesión las políticas de incentivo al empleo son más eficaces y pueden actuar como estímulo, aunque deberían de ser focalizadas tanto en términos de beneficiarios como de duración. “Por ejemplo, ahora para los jóvenes podrían ser eficaces planes temporales” de fomento a la contratación, ha concluido Herrero.
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