Hace unas semanas, las entidades financieras recibieron una nota de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) que les anunciaba que se acababan las medidas contables excepcionales decretadas en marzo por la pandemia. A partir de octubre, los clientes que impagaran un crédito debían ser considerados morosos y, por lo tanto, los bancos deberían provisionar el importe correspondiente contra sus cuentas de resultados.
Hasta entonces, los bancos, junto con el Gobierno, establecieron moratorias en los créditos que permitían carencias —es decir, les permitían retrasar pagos— de los intereses o del principal sin que la EBA exigiera que se consideraran morosos. Muchos de estos créditos está asociados a las líneas ICO desplegadas por el Gobierno en lo peor de la pandemia para ayudar a las empresas con problemas durante el confinamiento. Pero estas moratorias empiezan a caducar a partir de marzo de 2021 y el sector teme que no podrá renovarlas en las condiciones favorables lo que podría llevar a un cierre del crédito y a la caída de miles de empresas. Las entidades podrían iniciar procesos de ejecución de las deudas, con lo que llevarían a concurso a muchas empresas, algunas de ellas solventes pero con problemas temporales por la covid-19.
Algunas entidades explican que hubo clientes que no quisieron pedir los créditos con avales antes del verano confiadas en su capacidad de aguante y la recuperación de la economía en otoño. Ahora, con la segunda ola de contagios, se acercan a su banco para pedirlos. “Por desgracia, las entidades somos más reticentes a prestar por la gran incertidumbre en la que nos encontramos y la nueva norma contable”, indica un directivo bancario que pide el anonimato.
Los bancos está trabajando de manera coordinada con el Tesoro y el Ministerio de Asuntos Económicos, dirigido por Nadia Calviño, según diferentes fuentes financieras consultadas. Consultadas tanto la patronal Asociación Española de Banca (AEB) como la patronal de las antiguas cajas de ahorro (CECA) prefirieron no hacer comentarios.
El sector recurre a Oliver Wyman
Ante esta situación, la AEB y la CECA han contratado al consultor internacional Oliver Wyman para que les presente los cambios legislativos que se deberían hacer en España, y ante la Comisión Europea, para evitar esta situación. Se trata de saber si la prolongación en el tiempo de alguna norma publicada en marzo o abril podría ser útil para dar continuidad a las moratorias en las condiciones contables anteriores a octubre. Se trata de evitar un efecto “acantilado”, es decir, un corte brusco de las moratorias.
Además, Oliver Wyman tiene otro cometido: preparar una metodología que sirva a los bancos para identificar las empresas viables de las que ya no lo son o, en el futuro, no lo serán por la crisis de la covid-19. Se trata de establecer pautas que arrojen luz para conocer los sectores mejores y peores, la tipología de las empresas más preparadas para el futuro, y así discriminar a las que tienen menos posibilidades de cerrar.
El Banco de España, a través del gobernador, Pablo Hernández de Cos, ha insistido al sector financiero en que debe seguir apoyando al tejido productivo pero centrándose en las empresas que sobrevivirán a la pandemia y no a las que ya son zombis. Por eso, el supervisor ve con buenos ojos las iniciativas de este tipo.
Hasta ahora, las entidades han elevado con fuerza el crédito con el que las empresas y particulares han hecho frente a las deudas surgidas por la crisis de la pandemia. Pero el rebrote de la segunda oleada de contagios, unido a la rigidez de la normativa contable de la EBA, puede cambiar todo el panorama. “Esto es lo contrario que se pretendía con las moratorias del Gobierno, a través del ICO, y las que lanzamos nosotros como sector”, indica un directivo de un gran banco que pide el anonimato, “pero nadie previó que la situación fuera a alargarse tanto tiempo”.
Los responsables de riesgos admiten su desconcierto. “La incertidumbre y la volatilidad es enorme en el mercado porque todo depende de la aparición de la vacuna y la evolución de la situación sanitaria, que es incierta. Nosotros no somos epidemiólogos ni los tenemos en los equipos del banco. Es cierto que debemos distinguir las empresas solventes pero con dificultades temporales, de las que ya no tienen solución, pero no es difícil ahora y pueden pagar justos por pecadores”, concluye.
Entre las soluciones que baraja el sector ahora está alargar las carencias del principal, pero no de los intereses, que tiene un tratamiento contable menos punible, o entrar en el capital de algunas empresas para facilitarles oxígeno durante un tiempo. En este caso, el Banco de España se ha manifestado más favorable de que sea el Gobierno el que protagonice estas entradas, con vehículos como el fondo creado en julio con 10.000 millones, centrado, por ahora, en aerolíneas y otras empresas turísticas.
Evitar que se oculten los morosos
Pero cada autoridad mira por sus riesgos. La EBA quiere evitar un exceso de laxitud en los bancos que les haga refinanciar a empresas insolventes, con lo que ocultan morosidad en los balances, que podría salir a flote más adelante ocasionando problemas de solvencia. Esta situación se dio con frecuencia en la crisis anterior.
En la nota enviada a los bancos, la EBA, dirigida por el español José Manuel Campa, dijo que las medidas anteriores “ya han proporcionado la flexibilidad necesaria y la certeza sobre el marco regulatorio, a la luz de la cantidad significativa de acciones tomadas por los bancos para apoyar a sus clientes. La moratoria de pago ha sido una herramienta eficaz para abordar los desafíos de liquidez a corto plazo causados por la pandemia de la covid-19″.
Recordó que dependiendo de la duración de las prórrogas de pago, “que en Europa ha sido de media entre 6 y 12 meses, la moratoria seguirá produciendo sus efectos durante un tiempo” pero que la EBA “no considera adecuada en este estado la extensión adicional de una medida tan excepcional. Es oportuno volver a la práctica de que cualquier reprogramación de préstamos debe seguir un enfoque de caso por caso”.
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