La banda de la Riviera Maya, que roba cajeros automáticos, invierte fortuna y evade la justicia en Paraguay y Brasil

Por Attila Biro (Context.ro), Daniela Castro (Proyecto de Reportería sobre Corrupción y Crimen Organizado OCCRP) y Aldo Benítez (ABC Paraguay)

– Julio César Belmonte do Amaral es acusado de dirigir en Paraguay las operaciones de la banda de la Riviera Maya; un grupo de skimmers que se cree que ha robado más de mil millones de dólares a turistas en Latinoamérica.

– Belmonte do Amaral lleva cinco años en arresto domiciliario en Ciudad del Este; un punto fronterizo en Paraguay desde donde lo acusan de operar. Su juicio avanza lentamente.

– Se alega que en Brasil, familiares de Belmonte do Amaral y otros testaferros de la banda de la Riviera Maya compraron propiedades millonarias con dinero del robo de cajeros automáticos y otras estafas.

– Se cree que las propiedades son activos ocultos de Florian Tudor, el jefe de la banda de la Riviera Maya, actualmente encarcelado en México.

Juzgar en Paraguay al posible miembro de una banda que habría robado más de mil millones a turistas desprevenidos en América Latina ha sido casi imposible. Esta semana, una vez más, la audiencia se suspendió porque varios testigos no declararon. 

Julio César Belmonte do Amaral enfrenta cargos por fraude, relacionado con el principal negocio de la banda: robar datos de tarjetas bancarias manipulando cajeros automáticos, para luego retirar dinero usando tarjetas clonadas. El brasileño fue señalado por otro miembro de la banda como líder de la expansión del grupo en Paraguay, donde una fuente policial dijo que la banda también desarrolló una nueva estafa con terminales de pago de comercios locales. 

Belmonte do Amaral es cuñado del líder de la banda, Florian Tudor, un gángster rumano apodado El Tiburón. En 2020, OCCRP y varios socios publicaron una investigación sobre las operaciones del grupo, que bautizó la banda de la Riviera Maya por la región costera mexicana desde donde operaban. En 2021 arrestaron a Tudor, pero hasta ahora ha logrado evitar su extradición a Rumania mientras las autoridades mexicanas evalúan su caso.

Si bien la banda de la Riviera Maya ha sido noticia en México, el juicio del presunto hombre de Tudor en Paraguay no ha recibido mucha atención mediática y la sala del tribunal ha permanecido casi vacía. En la audiencia más reciente, el 22 de agosto, el juez, la fiscalía y la defensa decidieron posponer los testimonios policiales porque estaban ocupados con otros juicios.

“Quiero dejar en claro que los policías no están renuentes, los testigos están listos para prestar sus declaraciones testificales”, dijo el juez Marino Méndez a ABC Color – socio paraguayo de OCCRP – días después de la breve audiencia.

Méndez explicó que la causa se había atrasado porque pasó de un tribunal a otro —más recientemente de la Corte Suprema a un Tribunal de Sentencia— y el personal estaba sobrecargado.

“El interés del Tribunal es que sea lo más continúo y terminar lo más rápido posible”, dijo Méndez.

Esta última prórroga llega después de que ya se aplazara cinco veces el proceso, que se lleva a cabo en un tribunal de Ciudad del Este, una ciudad cercana a la frontera con Brasil y Argentina. Las diligencias se pospusieron una y otra vez. En una ocasión, una exfiscal notificó a última hora que tenía COVID-19.

El 22 de julio pasado, el juez Méndez, visiblemente molesto, tuvo que diferir el inicio del juicio porque los abogados de Belmonte do Amaral no se presentaron. El juez informó que minutos antes de que arrancara el proceso le avisaron que uno de los abogados, Luis Alberto Jiménez, no podía asistir por tener COVID-19. El otro abogado, Osvaldo Martínez, no presentó ningún documento que justificara su ausencia.

Los periodistas no pudieron comunicarse con ninguno de los abogados de Belmonte do Amaral, Jiménez y Martínez, para obtener sus comentarios. Estos abogados ya no representan a Belmonte do Amaral, a quien le nombraron un defensor público.

Mauro Barreto, presidente del Colegio de Abogados del Alto Paraná, el departamento paraguayo donde el caso se desarrolla, dijo que la no comparecencia de los abogados puede ser una de varias estrategias diseñadas para retrasar los procedimientos. Son conocidas como chicanas. Estas, señaló, se usan para aplazar los juicios durante tanto tiempo que los delincuentes cumplen toda su condena en arresto domiciliario en lugar de ir a prisión.

Belmonte do Amaral podría recibir una sentencia máxima de 10 años por cargos que incluyen la participación en una organización criminal. Ya lleva cinco años en arresto domiciliario.

“Todo apunta a que está buscando la extinción de la causa. Usan todos los mecanismos y los medios para lograrlo” dijo Barreto, refiriéndose a Belmonte do Amaral y a sus abogados.

Tras haber sido capturado en Argentina y extraditado a Paraguay en 2017, el principal lugar de reclusión de Belmonte do Amaral es el departamento de un hotel en Ciudad del Este. 

Cecilia Pérez Rivas, exministra de justicia paraguaya que ahora es asesora de seguridad nacional del presidente, indicó a esta investigación que la decisión de retenerlo en esta ciudad fronteriza con presencia del crimen organizado, fue “irregular” por el evidente riesgo de fuga.

Mientras que su aparentemente interminable proceso judicial se prolonga, OCCRP y sus socios escarbaron el pasado de Belmonte do Amaral y reconstruyeron los detalles de las operaciones de la banda en Paraguay a partir de registros policiales y entrevistas. Los periodistas también rastrearon múltiples propiedades en Brasil y en otros lugares que él y otros testaferros de la banda habrían comprado con las ganancias de sus estafas.

Belmonte do Amaral no respondió a los cuestionarios que el equipo de periodistas le envió.

“Dinero que ni siquiera puedes imaginar”

Ciudad del Este se encuentra en la llamada Triple Frontera, donde confluyen Argentina, Brasil y Paraguay. Económicamente, es el lugar más dinámico de Paraguay y una de las mayores zonas francas del planeta. La región también es conocida por la corrupción, la permeabilidad de las fronteras, el contrabando y la escasa aplicación de la ley. 

“La Triple Frontera…no se puede hacer la trazabilidad del dinero”, dijo la fiscal paraguaya Irma Llano Pereira. Llano, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos del Ministerio Público, investigó a Belmonte do Amaral.

“Se lleva y trae dinero en efectivo entre Paraguay y Brasil, comprando vehículos de alta gama o valiosos inmuebles, con lo que se puede dar el lavado de dinero”.

Un exmiembro de la banda de la Riviera Maya señaló que Belmonte do Amaral fue enviado a Ciudad del Este en 2015, con la tarea de expandir el negocio del grupo en Paraguay. Para el brasileño la movida lo acercó de casa, pues creció al otro lado de la frontera, en la ciudad turística de Foz do Iguaçu con su hermana, Jucilene Belmonte do Amaral. Tudor, el líder de la banda, la describe como su esposa, aunque legalmente está casado con una rumana.

Al igual que en México, donde la banda de Tudor se estaba expandiendo en ese momento, Belmonte do Amaral y sus camaradas se pusieron a trabajar robando dinero de cajeros automáticos locales. El antiguo miembro de la banda aseguró que rápidamente comenzaron a ganar grandes cantidades de dinero y que él personalmente procesó más de 100 millones de dólares para el grupo en el transcurso de tres o cuatro años.

“He visto dinero en mi vida que ni siquiera puedes imaginar”, le dijo a Context.ro, un centro de investigación rumano que es parte de la red de OCCRP. “Llevaba 700 mil, 800 mil, un millón de dólares en pocos días”.

El exmiembro de la banda dijo que Belmonte do Amaral canalizó parte del dinero de Paraguay a Brasil, donde se invertiría en finca raíz.

Además del skimming de cajeros automáticos, la policía dice que la banda también fue pionera en otra estafa que apuntó a restaurantes locales y otros comercios de Ciudad del Este. Niños y “soldados” adolescentes se robaban los terminales de pago de un comercio, al que luego colocaban un dispositivo que daba acceso a los detalles de todas las tarjetas que realizaron transacciones. Luego, la banda reinstalaba el terminal de pago en otro negocio, a veces con la complicidad de empleados, y usaban la información para vaciar las cuentas de los clientes que usaban la máquina para sus compras. 

Sin embargo, para 2016, la policía empezó a sospechar que algo estaba sucediendo. 

El comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional, dijo que el principal servicio de monitoreo de transacciones con tarjetas de Paraguay los contactó y señaló retiros frecuentes y por montos pequeños en Ciudad del Este con tarjetas mexicanas, europeas y estadounidenses.

El personal de seguridad de Visión Banco también alertó a la policía que alguien había intentado instalar una cámara y un lector de banda magnética en uno de sus cajeros automáticos en Ciudad del Este. Las imágenes de videovigilancia mostraron a dos hombres saliendo de una camioneta Kia Sportage blanca para entrar al cajero automático. La policía logró identificar a uno de ellos como Belmonte do Amaral.

Unos días después, la policía detuvo un vehículo que coincidía con esa descripción, propiedad de Belmonte do Amaral, que habría sido adquirido con fondos de las operaciones de skimming. En el interior de la Kia encontraron un lector de tarjetas magnéticas, así como tarjetas presuntamente clonadas.

Dos rumanos, Laurentiu Catalin Bota y Marian Zarcu, fueron detenidos.

Como parte de una redada más amplia, la policía arrestó al brasileño Amantino Vargas Neto cerca a un complejo de apartamentos en Hernandarias, una ciudad paraguaya en la Triple Frontera. En la habitación en la que se hospedaba la policía descubrió un equipo de clonación de tarjetas. El cuarto estaba alquilado a nombre del primo de Belmonte do Amaral, considerado prófugo por las autoridades paraguayas desde 2016. 

Juliana Giménez Portillo, fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Cibernéticos de Paraguay, dijo que en el país era la primera vez que se incautaban tarjetas clonadas con chip, microcámaras y lectores de banda magnética, usados para clonar tarjetas.

Sin embargo, a pesar de la aparente solidez de las pruebas, ninguno de los detenidos está en prisión en Paraguay. 

En noviembre de 2016, las autoridades migratorias paraguayas dijeron que Bota, Zarcu y Vargas Neto fueron multados y expulsados a Brasil por “producción y uso de tarjetas de crédito clonadas” y por encontrarse en “situación migratoria irregular”. Belmonte do Amaral fue arrestado en Argentina el año siguiente y enviado a Paraguay.

Llano, la fiscal que trabajó en una investigación sobre Belmonte, dijo que la mayoría de las estafas con tarjetas en el país son realizadas por extranjeros, quienes suelen ser multados y expulsados. En parte para evitar el riesgo de que le enseñen sus métodos a otros reclusos en las cárceles paraguayas.

Vargas Neto no respondió a una solicitud de comentario. Contactado por los periodistas, Zarcu afirmó que no tenía “ninguna relación” con Julio César Belmonte do Amaral, que “no tenía ni idea de lo que estaba haciendo” y no quiso contestar preguntas sobre las actividades de la banda.

Bota dijo a los periodistas que solo se había enterado de la existencia de Tudor por las noticias. Añadió que cuando lo arrestaron en Paraguay estaba de vacaciones en ese país y que no tenía nada que ver con actividades de skimming.

Un portafolio de propiedades brasileñas

Parte del dinero que la banda de la Riviera Maya hizo en Paraguay se invirtió en inmuebles brasileños, según un exmiembro de la banda, cuyas afirmaciones están respaldadas por el expediente judicial rumano acerca de la banda.

En entrevistas con periodistas de OCCRP, el exmiembro del grupo indicó que fue a Brasil a entregarle dinero en efectivo a la esposa de Tudor, Jucilene, para construir una casa en Foz do Iguaçu. Usando documentos del registro de propiedad, los periodistas identificaron otras propiedades en la ciudad registradas a nombre de Jucilene, otros miembros de la familia Belmonte do Amaral y otros supuestos testaferros de Tudor.

Jucilene Belmonte do Amaral tiene cuatro propiedades a su nombre en Foz do Iguaçu. Compró una en 2015 por un poco más de 530.000 dólares y otras tres en 2019 por un total de 172.000 dólares.

En conjunto, los registros muestran que miembros de la banda y sus testaferros adquirieron al menos 11 propiedades por poco más de 950.000 dólares entre 2014 y 2019. El exmiembro de la banda que entregó fondos en Brasil, señaló que era imposible que los testaferros pagaran estos bienes por cuenta propia. 

Cleusa Belmonte do Amaral, la madre de Jucilene y Julio Cesar Belmonte do Amaral, compró una de las propiedades en marzo de 2014 por un poco más de 25.000 dólares a una persona llamada Johny Araujo do Amaral.

Otras fueron adquiridas por la esposa de uno de sus hermanos, Jucivaldo Belmonte do Amaral, quien también parece haber estado involucrado en el skimming. En 2016, Jucivaldo pasó cuatro días en una cárcel de Florida después de que descubrieran, en una requisa  policial, una tapa de botella de plástico con residuos de cocaína así como 46 tarjetas de crédito falsas en un vehículo que usaban él, Johny Araujo do Amaral y otro asociado.

En 2014, cuando agentes de seguridad registraron la maleta de Julio César Belmonte do Amaral en el aeropuerto de Asunción – la capital de Paraguay – encontraron una caja con el nombre y la dirección de Jucivaldo en Foz do Iguaçu. Esta contenía tarjetas de crédito de plástico blanco, que se pueden usar para clonar, así como teléfonos celulares, dinero en efectivo y 18 tarjetas de varios bancos. Lo arrestaron, multaron y expulsaron de Paraguay. 

En agosto del mismo año, la esposa de Jucivaldo compró dos unidades en un condominio por más de 23.000 dólares cada uno. Las volvió a vender en 2019.

Tudor y su esposa adquirieron otra propiedad en la ciudad por 232.400 reales brasileños (más de 100.000 dólares) en julio de 2014, según indican los registros. El exmiembro de la banda compartió fotos de otra lujosa propiedad que, según dijo, Tudor construyó unos tres años después, aunque los periodistas no pudieron confirmarlo a través de los registros de propiedad. 

Tudor, su esposa Jucilene, Cleusa Belmonte do Amaral y Jucivaldo Belmonte do Amaral no respondieron a las preguntas sobre las propiedades y las actividades de la banda.

Otro de los supuestos testaferros, señalado por la familia de otro exmiembro de la banda, también compró una propiedad en 2015 y un terreno en 2019. Su esposa fue co-compradora de otra propiedad en 2017.

Parece poco probable que las autoridades paraguayas recuperen los fondos supuestamente ilícitos utilizados para comprar esos activos, dada la falta de control estatal descrita por Barreto, presidente del colegio de abogados de Alto Paraná. 

“Estos grupos… el negocio o comercio lo hacen en Ciudad del Este porque la justicia no existe acá. Todo es cuestión de dinero”, dijo Barreto.

Eduardo Goulart (OCCRP), Jonny Wrate (OCCRP), Lilia Saul (OCCRP) y Tereza Fretes (ABC Color) contribuyeron con este reportaje.