En entrevista para ‘Aristegui en Vivo’, Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas y administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, exigió a las autoridades federales que dejan de negar la existencia de una crisis de seguridad en las regiones de la sierra, frontera y Altos de Chiapas.
Dijo que se deben atender los desplazamientos forzados de personas, las desapariciones, los asesinatos y otras manifestaciones violentas a manos del crimen organizado que opera en la región.
Aguilar Martínez también expresó su preocupación por la creciente violencia y la crisis de desplazamiento que afecta a las comunidades chiapanecas que son atendidas, “en la medida de lo posible”, por personas de la comunidad católica y el resto de la población, ante la evidente ausencia de autoridades.
“Reconocemos y agradecemos a los agentes de animación y coordinación pastoral que han asumido con mucha responsabilidad el dolor del pueblo y los están acompañando”, afirmó Monseñor Aguilar, refiriéndose a las comunidades en la Sierra que se encuentran en los límites de las diócesis de San Cristóbal de las Casas, Tapachula, y la Arquidiócesis de Tuxtla.
El obispo destacó la “actitud samaritana de comunidades que han acogido a familias desplazadas y, desde su pobreza, les comparten el alimento“, subrayando la gravedad de la situación que obliga a muchas personas a huir “con riesgo de perder la vida” desde sus comunidades.
También hizo un llamado a la sociedad para sensibilizarse ante el dolor que viven estos desplazados y agradeció a quienes “ofrecen distintas formas de ayuda, ya sea asistencia o alimento, a quienes han tenido que desplazarse de sus lugares de vida ordinaria”.
Respecto a la posibilidad de que la Iglesia facilite un diálogo entre las autoridades y los grupos criminales, Monseñor Aguilar comentó que hasta el momento solamente han iniciado el diálogo con las instituciones del Estado para que atiendan y reconozcan la situación.
“Los agentes de pastoral en las parroquias, muy sensibles a la situación, están ayudando. No podemos minimizar, mucho menos negar los hechos, y pues que se nos escuche, que sí está habiendo muchos heridos, muchos muertos”.
Por su parte, Gloria Estela Murúa, coordinadora de la Pastoral Social y Movilidad Humana de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, denunció la situación que enfrentan las comunidades fronterizas.
Desde Panamá, donde se encontraba participando en el décimo encuentro de obispos y agentes de pastoral migratoria, Murúa señaló que la redacción de la carta, firmada en días pasados por Obispos de Chiapas y Guatemala son parte de la visibilización y reclamo para que se atienda la situación en la zona.
“Las circunstancias que están viviendo nuestros hermanos, específicamente donde se están dando los enfrentamientos, son graves. Estamos presenciando la muerte de hermanos y hermanas, no estamos de acuerdo con las muertes tan injustas que están padeciendo nuestros pueblos”.
Murúa explicó que los enfrentamientos entre grupos armados han resultado en “la muerte de hermanos y hermanas” y señaló que la situación es tan grave que la Iglesia se ha visto obligada a “hacer pública” su condena.
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Dijo que desde mayo, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas emitió un comunicado alertando sobre la situación, y en junio, la Diócesis de Tapachula también lanzó un pronunciamiento de tres páginas en el que Monseñor Jaime Calderón describió los “acontecimientos que estaba viviendo Motozintla desde hace bastante tiempo”.
Destacó la falta de atención y de reconocimiento de la violencia por parte de las autoridades.
“Lamentablemente, el acercamiento ha sido mínimo, hay una negación de los hechos y de las personas que están siendo masacradas”, afirmó.
Advirtió que ante la falta de acción de las autoridades, se espera una posible expansión de la violencia hacia otras comunidades y parroquias si no se visibiliza la situación.
“Creo yo que las instituciones de gobierno tienen una deuda con todo este pueblo fronterizo”, asentó.
Murúa resaltó la extrema vulnerabilidad de las comunidades afectadas, muchas de las cuales han visto a sus jóvenes ser forzados a unirse a los grupos criminales.
Foto: EFE
“Están perdiendo además sus propiedades, están perdiendo sus modos de vida, los están levantando, los sacan con violencia de sus casas para armarlos, para llevarlos a cuidar las barricadas”, señaló y agregó que muchos de estos jóvenes han sido asesinados o desaparecidos.
Murúa explicó que en 2024 han visto un aumento en los desplazamientos hacia la ciudad de Comitán, donde se ha desplegado ayuda humanitaria, gracias a las parroquias locales.
Sin embargo, advirtió que estas parroquias también están “empobrecidas” y temen que la violencia se extienda aún más.
“Sentimos que esta barbarie sigue avanzando, sigue creciendo, sigue extendiendo sus raíces y puede cobrar la vida de más y más comunidades”.
Monseñor Rodrigo Aguilar y Gloria Estela Murúa religiosos coincidieron en la necesidad de que las autoridades atiendan la crisis humanitaria en la región y de visibilizar el sufrimiento de las comunidades afectadas por la violencia de los grupos criminales.
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