“Con la Ley General de Aguas el acceso a las aguas nacionales ya no sería a través de la compra de concesiones o su otorgamiento bajo condiciones excepcionales por un director afín”, escriben Pedro Moctezuma Barragán y Elena Burns.
Por Pedro Moctezuma Barragán y Elena Burns
Los eventos realizados en el Congreso de la Unión en torno al Día Mundial del Agua permiten mapear las fuerzas que están preparándose para determinar el futuro del agua en el país.
Por un lado, los grandes beneficiarios y promotores del control privado del agua, principalmente los agremiados del Consejo Consultivo del Agua, las Cámaras Minera y de la Construcción, fueron convocados por los presidentes de las Comisiones de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento del Senado y de la Cámara de Diputados, para discutir los cambios legislativos que requieren.
El evento en el Senado se centró en la presentación del nuevo libro de Humberto Armenta, quien, como presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, lideró el Programa Nacional de Infraestructura en el periodo de Felipe Calderón (es decir, proyectos como el Túnel Emisor Oriente, la Planta Atotonilco y Monterrey VI). El autor aseguró al público que no habría que preocuparse por los “conflictos” en torno al “derecho humano del agua”, dado que con la asignación de 35 litros por día para este concepto, más de 99% del recurso quedaría libre para proyectos de explotación.
En la Cámara de Diputados se anunció un programa de foros regionales “Hacia una nueva Ley de Aguas Nacionales”, a realizarse con los gobernadores y “patrocinadores”, señalando especialmente la alianza con la Asociación Nacional de Empresas del Agua (la información está disponible en este vínculo).
Pero el agua, siendo como es, no se dejó captar por estos espacios. Fluyó también por otra serie de eventos en ambas Cámaras que reunieron a investigadores; pueblos originarios; organizaciones urbanas, campesinas, de derechos humanos y ambientalistas, así como pequeños y medianos productores para discutir qué marco legal se requiere para resolver las profundas crisis del agua que enfrenta nuestro país.
Estos eventos incluyeron “El Agua es de Todos”, inaugurado por los senadores Martí Bartres, Susana Harp y José Narro, así como el Foro sobre Hidroarsenicismo en la Cámara de Diputados, organizado por la Comisión de Salud, presidida por la diputada Miroslava Sánchez Galván.
La conmemoración concluyó fuertemente con la “Semana del Agua, Saneamiento y Conservación”, inaugurada por los diputados Mario Delgado y Xóchitl Zagal Ramírez, junto con la Directora General de la Conagua, Blanca Jiménez Cisneros. Las conclusiones de este proceso fueron presentadas en una conferencia de prensa con el aval de 18 diputados de diversas comisiones.
El actual Congreso de la Unión heredó el desacato de las Legislaturas LXII y LXIII del mandato de la reforma al 4º artículo constitucional del 8 febrero 2012, que exigió aprobar en un lapso de 360 días una Ley General de Aguas (LGA). La razón de ser de esta ley sería el derecho humano al agua, inseparable de los demás derechos reconocidos en las reformas a los artículos 1, 2 y 4, todas posteriores a la Ley de Aguas Nacionales (LAN). Según la reforma, tendría que sentar las bases para el acceso equitativo y sustentable al agua, a través de la participación ciudadana junto con la de los tres niveles de gobierno.
Foto: Rogelio Morales/ Cuartoscuro
¿Por qué los grandes intereses se aferran a la Ley de Aguas Nacionales? Esta ley, promulgada en 1992 como prerrequisito para la entrada al TLCAN, buscó someter a la lógica del mercado la resonante afirmación del artículo 27 Constitucional de que las aguas y tierras son originariamente propiedad de la Nación.
De competencia federal, esta ley estableció a la Conagua como autoridad única del agua, e impuso sobre la diversidad de formas de manejo de nuestras aguas un sistema único de concesiones (incluyendo concesiones a zonas federales), las cuales podrían ser libremente compradas y vendidas con la facilitación de Bancos del Agua. También establece que el que contamina tiene que pagar un módico monto por cada tonelada de contaminantes descargados. La Conagua fue facultada para realizar inspecciones y para cobrar derechos y sanciones, aunque sin ninguna obligación a hacerlo. En 2004 la LAN fue reformada para permitir el concesionamiento de las obras hidráulicas federales.
¿Por qué los beneficiarios de la LAN temen tanto a la Ley General de Aguas? La LGA pondría fin a la íntima y cómoda relación que los grandes “intereses” han gozado con la Conagua durante estas décadas. Abriría y democratizaría los espacios cerrados que han determinado la política hídrica desde el salinismo: las Sociedades de Responsabilidad Limitada que controlan los Distritos de Riego; los Consejos de Cuenca dominados por los grandes usuarios del agua; las comisiones estatales del agua y los organismos operadores metropolitanos y municipales, los cuales han servido como las grandes “cajas chicas” de los gobernadores y presidentes municipales en turno.
Con la Ley General de Aguas el acceso a las aguas nacionales ya no sería a través de la compra de concesiones o su otorgamiento bajo condiciones excepcionales por un director afín (como en los casos de la minera Goldcorp y de Aguas de Barcelona). Más bien, las solicitudes serán sujetadas a instancias de coadyuvancia entre los tres niveles de gobierno, la ciudadanía y los pueblos indígenas, a cargo de planes para reducir los niveles de sobreextracción, acaparamiento y contaminación hasta lograr el acceso equitativo y sustentable en todas las cuencas del país.
Al incorporar las reformas a los artículos 1, 2 y 4, posteriores a la LAN, estas instancias asegurarán el acceso prioritario a aguas y a recursos públicos requeridos para asegurar agua de calidad para todas y todos, así como el respeto por los derechos de los pueblos a cuidar y administrar las aguas en sus territorios. Determinarán las políticas y obras requeridas para restaurar y proteger las cuencas y los flujos subterráneos.
Se requerirá además de políticas fiscales que garanticen los recursos públicos requeridos (la ONU recomienda el 0.7% del PIB) para cumplir con este derecho fundamental. Se tendrán que establecer mecanismos efectivos para poner fin a la contaminación impune. Posibles medidas incluyen: asegurar que el pago de derechos para descargas cubra el costo de las inspecciones; asignar responsabilidades a funcionarios; permitir el monitoreo ciudadano; y obligar a la Conagua a litigar en defensa de las comunidades y cuerpos de agua dañados por los que violen la normatividad. Mecanismos de defensoría y contraloría ciudadana colaborarían con la Auditoría Superior de la Federación y el Sistema Nacional Anti-Corrupción.
Los procesos ciudadanos y de pueblos que entran ahora en su octavo año de generar propuestas para la Ley General de Aguas han ido construyendo instancias precursoras del buen gobierno del agua. Fundamentados en la Constitución, van demostrando que el agua viene del buen manejo de las cuencas, no de botellas y megaobras privatizantes; que se puede lograr una economía vigorosa sin sacrificio humano o ambiental; que los poderes económicos deberán respetar los derechos humanos y de los pueblos en armonía con el bien común.