Es la berrea en el bosque de Białowieska. El eco salvaje del bramido se extiende en una de las masas forestales más antiguas de Europa, que comparten Bielorrusia y Polonia. Lo escuchan los guardas de ambos países y los casi 2.000 militares enviados por Varsovia para blindar la frontera ante el ataque híbrido lanzado por el régimen de Aleksandr Lukashenko. Y aterroriza a quienes Bruselas y los países fronterizos han señalado como armas de esta batalla sin bombas: decenas de migrantes y solicitantes de asilo enviados por Minsk a las fronteras del noreste de la UE, algunos atrapados en tierra de nadie.
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En julio, más de 4.000 personas, en su mayoría iraquíes, pero también congoleños, cameruneses, sirios o afganos, entraron de forma irregular en Lituania desde Bielorrusia. Vilnius y Bruselas reunieron pruebas que demostraban que detrás del repentino flujo migratorio estaba la mano de Lukashenko, en represalia por las sanciones europeas tras las elecciones fraudulentas del verano de 2020 y la represión de las protestas que siguieron, y por dar asilo a figuras de la oposición. Cuando Lituania selló su frontera, la afluencia de migrantes se trasladó a Letonia, pero sobre todo a Polonia, que este verano ha dado refugio a dos atletas bielorrusas.
En agosto 1.000 personas que habían entrado irregularmente fueron detenidas en suelo polaco. Cada día, según la guardia fronteriza, se enfrentan a decenas, a veces cientos de intentos y han impedido más de 3.000 llegadas. “Es comparable al episodio de España con Marruecos”, señala Maciej Duszczyk, de la facultad de Ciencias Políticas y de Estudios Internacionales de la Universidad de Varsovia. En el incidente del pasado mayo entraron a Ceuta desde Marruecos entre 8.000 y 10.000 migrantes en dos días. Duszczyk reconoce que la dimensión del problema es distinta, pero insiste: “Desde el punto de vista político es lo mismo”: usar a migrantes para desestabilizar a un país e influir en las políticas migratorias.
“Si no actuamos de manera efectiva y consistente nos inundará una ola de migrantes ilegales”, afirmó el ministro de Interior, Mariusz Kaminski, este lunes ante el Sejm, el Parlamento polaco, para defender el estado de emergencia declarado la semana pasada en 183 localidades de la frontera durante 30 días. La medida prohíbe el acceso y los movimientos en la zona a los no residentes en una franja de tres kilómetros de ancho desde la linde con Bielorrusia. El titular de Interior aseguró que en la zona fronteriza “todo el mundo está muy aliviado por la presencia de la Guardia de Fronteras, la policía y el Ejército”.
No todo el mundo. Olivia Hurley (43 años), que vive en la aldea de Pogorzelge, no entiende que “el Estado ponga todos los recursos humanos y materiales para impedir el paso en la zona en lugar de ponerlos para procesar solicitudes de asilo de unos pocos migrantes”. Los controles policiales, con agentes llegados desde otras provincias, son constantes. “Es por su seguridad, hay muchos extranjeros en la zona”, explican los policías a los coches que paran para advertirles de que no se acerquen a la zona sellada.
Como cuenta Hurley, con sus dos hijas revoloteando en monopatín, “hay gente muy estresada; las generaciones más mayores tienen recuerdos de la guerra y de la época comunista con tanta presencia militar”. También están los inconvenientes como no poder acercarse a pueblos más grandes a hacer la compra. Solo está permitido cruzar para ir al médico, a la iglesia, o al Ayuntamiento.
El Ejecutivo está “sobreactuando ante un número muy reducido de entradas irregulares”, opina el diputado Franciszek Sterczewski, de la Coalición Cívica, una plataforma de partidos opositores en la que tiene mayoría la formación del expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. “El Gobierno rechaza la ayuda de Frontex porque asegura que es lo suficientemente fuerte para defender la frontera, pero a la vez, dicen que la crisis es tal, que necesitan un instrumento como el estado de emergencia”, critica el político.
Acosado por problemas internos —en agosto se rompió la coalición en el poder y el Gobierno perdió la mayoría en el Sejm—, y externos —esta semana la UE le ha reclamado sanciones millonarias por vulnerar la independencia judicial— la crisis en la frontera le ha venido bien al Ejecutivo polaco. “Su popularidad ha subido. Ante una situación de amenaza, el pueblo apoya a los Gobiernos”, explica Duszczyk. “El despliegue de soldados y tanques rusos y bielorrusos cerca de la frontera por los ejercicios militares Zapad 2021 facilita esa narrativa”, apunta.
Pero en un conflicto híbrido se utilizan todo tipo de tácticas no militares, como la propaganda. Esa batalla, cree el politólogo, la está ganando Lukashenko. El caso de 32 afganos acampados bajo la lluvia en tierra de nadie entre Polonia y Bielorrusia, al que el Gobierno polaco no deja entrar para pedir asilo, ha sido ampliamente difundido por la prensa occidental, pero también por los medios del régimen de Minsk. Durante dos semanas, activistas, organizaciones humanitarias polacas e internacionales, como la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), y algún diputado como Sterczewski, exigieron sin éxito el acceso de ayuda humanitaria y legal. Lukashenko “está mostrando este trato en los medios”, según Duszczyk, con el mensaje: “Si quieres pedir asilo en Polonia, mira cómo tratan a los refugiados”.
La resistencia
Tras la declaración del estado de emergencia, los activistas, ONG y la prensa abandonaron la primera línea. Una pequeña resistencia se quedó sin embargo en la retaguardia en Teremiski, una aldea a pocos kilómetros de la frontera, pertrechados con móviles en los que se comunican a través de aplicaciones seguras como Signal y coches con los que exploran el bosque y los límites de la zona prohibida.
Desde su cuartel general en un caserón de madera en el que una organización ecologista les ha invitado a instalarse, Alejksandra Chrzanowska, de 41 años, y un puñado variable de trabajadores y voluntarios de 10 organizaciones, tienen dos líneas de acción. Informan puerta a puerta a los vecinos de la región de cómo ayudar si se encuentran a migrantes en sus tierras. Y cuando reciben avisos de grupos perdidos en el bosque, fuera de la franja de tres kilómetros, tratan de llegar antes que los guardias para darles ayuda legal. En algunos casos han conseguido que sean trasladados a centros de acogida, pero en otros, solo han podido documentar devoluciones en caliente.
Los ojos de Chrzanowska, tres cuartos azules y un cuarto marrón, y su coleta rubia medio deshecha están exhaustos esta semana. La consejera de integración de la asociación SIP carga con el peso de saber que un grupo de nueve congoleños y un eritreo que pisaron suelo polaco están en algún lugar del bosque, escuchando el bramido de los ciervos en las noches heladas. La última vez que supo de ellos pedían auxilio, empujados por soldados bielorrusos y polacos a tierra de nadie.
Una medida extrema
El Gobierno de Polonia, capitaneado por el partido ultraderechista Ley y Justicia (PiS, por sus siglas polacas), forma parte del ala dura europea en políticas de inmigración y refugio, que habitualmente afectan a los países del sur como puerta de entrada a la UE. Por primera vez se ha visto expuesto a una presión fronteriza, que a pesar de ser todavía asumible en términos cuantitativos, ha enfrentado con su arma más pesada: el estado de emergencia, que no se empleaba desde la época comunista.
“Es demasiado. En la Constitución polaca es la última frontera, que no hay que cruzar”, opina el politólogo Maciej Duszczyk, que está a favor de asegurar la frontera y de la construcción de una valla, pero recuerda que ni en los peores momentos de la pandemia de covid-19, cuando hubo miles de muertes, se empleó esta herramienta. “Eligieron el estado de emergencia porque hace imposible que las organizaciones humanitarias y la prensa puedan acceder a la zona de la frontera y documentar la situación”, señala Justyna Kajta, investigadora de la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades SWPS.
El Ministerio de Interior polaco remite a los discursos ante el Parlamento del pasado lunes del primer ministro y del ministro de Interior como toda respuesta a las solicitudes de información de este periódico. Antes las críticas de la oposición, el jefe del Gobierno defendió la medida como respuesta a “un intento de violar la integridad del Estado polaco” y “la soberanía de las fronteras”. Mateusz Morawiecki mencionó también como una amenaza Zapad 2021 (Oeste 2021), los ejercicios militares masivos que Moscú y Minsk están haciendo en sus fronteras oeste.
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