Boris Johnson ha comenzado a aplicar el manual de instrucciones del Brexit y a muchos británicos no les gusta la imagen que les devuelve el espejo. El recorte del 0,7% al 0,5% de la ayuda internacional al desarrollo, en contra de la obligación impuesta por la ley de 2015, ha provocado una rebelión sin precedentes entre muchos conservadores. La excusa es la pandemia y el enorme gasto público interno que ha sido necesario para paliar sus efectos. La consecuencia: cuando este viernes comience en Cornualles la cumbre del G-7, el Reino Unido será la única de las economías ricas que recorta en ayuda exterior. La Bretaña Global que Johnson prometió después de la salida de la UE será así, a ojos de muchos críticos, un país más egoísta y con menos influencia exterior.
“No es moralmente defendible aliviar nuestra carga financiera a costa de algunas de las personas más pobres y más vulnerables del mundo”, ha dicho el ex primer ministro conservador, John Major. Los cinco últimos jefes de Gobierno anteriores a Johnson -el propio Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron y Theresa May- han unido sus voces en contra de una decisión que consideran un golpe irreversible a la imagen del Reino Unido en el mundo. Junto a ellos, todos los partidos de la oposición, las principales asociaciones humanitarias, y hasta una docena de congresistas estadounidenses demócratas, que han exigido a Joe Biden que se pronuncie contra esos recortes, justo cuando Washington eleva considerablemente su partida presupuestaria.
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Un grupo de rebeldes del Partido Conservador, liderados por el exministro para el Desarrollo Internacional, Andrew Mitchell, han forzado este martes un debate en la Cámara de los Comunes sobre la presunta ilegalidad de la decisión. Han contado con la complicidad del speaker (presidente) del Parlamento británico, Lindsay Hole, el primer indignado ante los intentos del Gobierno de impedir que los diputados trataran el asunto. Ha sido un “debate de emergencia”, y el Gobierno ha impedido que hubiera votación final, pero cuya mayoría de intervenciones ha sacado los colores al Johnson liberal e internacionalista que presume de defender las causas justas. “Me presenté a unas elecciones en las que el programa de mi partido se comprometía a mantener con orgullo la promesa del 0,7%”, ha dicho la ex primera ministra May con notable irritación en su rostro. “No nos escuchan en el resto del mundo porque seamos el Reino Unido, sino por nuestros hechos, y por cómo llevamos a la práctica nuestros principios. El daño a nuestra reputación de esta medida nos hará más débiles a la hora de argumentar cualquier causa”.
La ayuda británica al desarrollo exterior seguirá siendo una de las más elevadas de las naciones desarrolladas, pero el recorte previsto, cerca de 5.200 millones de euros, se traduce en un drástico descenso de la partida destinada a la escolarización de niñas, purificación de aguas o combate contra el tráfico de esclavos en naciones como Somalia, Siria, Yemen o Afganistán. La desaparición de un departamento concreto destinado al Desarrollo Internacional, la integración de su presupuesto en el del Ministerio de Asuntos Exteriores, y el incremento de la ayuda la vacunación internacional, ha agotado los recursos para otros proyectos con la misma urgencia.
A la espera de los tribunales
El Gobierno de Johnson asegura que su decisión es coyuntural, y que regresará al 0,7% en cuanto la economía lo permita. La Ley de Objetivo de Ayuda Internacional, aprobada en 2015, contempla en su texto una excepción: “las circunstancias económicas, y en particular, un cambio sustancial en el producto interior bruto”. Pero es una excepción jurídicamente discutible, puesto que se refiere a la posibilidad de que el objetivo no se pueda cumplir, no al hecho de que se cambie de modo deliberado. Más aún, Downing Street se ha resistido incluso al compromiso de revertir la medida el año que viene, a pesar de que el Banco de Inglaterra ha anunciado -y el Gobierno de Johnson cuenta con ello- que la economía volverá a crecer con fuerza en la segunda mitad de 2021. Todo apunta a que la última palabra será la de los tribunales británicos.
Más allá de la obstinación del ministro de Economía, Rishi Sunak, por cuadrar las cuentas, hay una razón política por la que Johnson persiste en su empeño. Los votantes tradicionalmente de izquierdas en el llamado “muro rojo” del norte de Inglaterra, los mismos que respaldaron el Brexit y que se han pasado ahora a las filas de un Partido Conservador mucho más nacionalista y populista, respaldan la decisión. Según la última encuesta de YouGov, un 54% de los ciudadanos, frente a un 28%, cree que “el Gobierno acierta al reducir la ayuda exterior”.
“Esta decisión es inmoral para el mundo y muy poco práctica para el Reino Unido”
David Davis, diputado conservador
El problema de esas encuestas, sin embargo, radica en la simplicidad de su pregunta. Lo explicaba paradójicamente el diputado conservador David Davis, uno de los más rabiosos defensores de la salida del Reino Unido de la UE que, sin embargo, se ha aliado en esta ocasión con los rebeldes: “Por supuesto prefieren que el dinero se gaste en los colegios británicos antes que en los de otro país”, ha dicho Davis. “Pero cuando pones sobre la mesa la verdadera cuestión es cuando surge la honestidad británica. Cuando preguntas si desean que los niños mueran por culpa del agua contaminada, un 76% se muestra en contra. Esta decisión es inmoral para el mundo y muy poco práctica para el Reino Unido”.
Después de más de un año de pandemia y de confinamiento forzoso, durante el que Johnson apenas ha podido hacer otra cosa que proclamar con discursos y gestos su visión de un nuevo Reino Unido “libre de las cadenas de la UE” y abierto al mundo, su mejor oportunidad de brillar iba a llegar este fin de semana. La cumbre del G-7 en Cornualles, que comienza el viernes, era el primer encuentro en persona de los líderes de las naciones más ricas del mundo. Y la primera visita a Europa del nuevo presidente estadounidense, Joe Biden. Su mensaje de solidaridad global, su esfuerzo renovado para combatir el cambio climático, su apuesta por extender las vacunas a todos los continentes, se han visto precedidos por un enorme tirón de orejas del Parlamento, que ha acusado al primer ministro de mostrar el lado más feo de la Bretaña Global que el Brexit iba a traer consigo.
Un tirón de orejas por Irlanda del Norte
A Joe Biden nunca le gustó el Brexit. Pero más allá de esa realidad ya irreversible, el presidente estadounidense, de raíces irlandesas, considera fundamental el mantenimiento del Protocolo de Irlanda del Norte que trajo consigo el Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la UE. Es la garantía, cree Washington, para preservar la paz alcanzada en la región con los Acuerdos de Viernes Santo. Biden llega esta semana a territorio británico justo cuando la tensión entre Londres y Bruselas por este asunto está a su nivel más alto. David Frost, el negociador de Johnson para asuntos europeos, y el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, se reúnen este miércoles en la capital del Reino Unido para intentar desencallar una situación muy delicada. Frost exige a la UE más flexibilidad para revisar un protocolo que ha impuesto serias trabas burocráticas al comercio entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña. Y que ha encendido los ánimos de las fuerzas unionistas en la región. Sefcovic ha advertido, en las páginas del diario británico The Daily Telegraph, de que “si el Reino Unido toma más medidas unilaterales en las próximas semanas [el Gobierno de Johnson ha decidido ignorar los controles acordados], la UE no será tímida en reaccionar de un modo rápido y firme”. En el pasado, el equipo de Biden ya ha sugerido que una falta de cumplimiento por parte de Londres, de sus compromisos sobre Irlanda del Norte, sería un obstáculo muy serio para la conclusión de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido. Justo el principal objetivo que se marcó el Gobierno conservador para demostrar que la aventura del Brexit había merecido la pena.
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