Las víctimas del accidente del Alvia en Santiago, en la víspera del día de Galicia de 2013, cuentan por miles los días sin que alguien haya asumido la responsabilidad sobre los 80 fallecidos y 144 heridos que dejó el descarrilamiento. Son más de 3.000 jornadas en las que la instrucción judicial del caso se ha abierto y cerrado varias veces, con más o menos imputados. La investigación se ha topado con entregas tardías de documentos, ocultaciones y ha sufrido cambios en jueces, fiscales y peritos. Esta semana, ocho años después, el juzgado ha decretado la apertura del juicio oral contra el maquinista, Francisco Garzón, y el ex jefe de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte. Sin embargo, los supervivientes y los familiares de quienes se dejaron la vida en la curva de Angrois siguen reclamando una investigación independiente y que se asuman responsabilidades políticas sobre una catástrofe que les ha arrancado muchas horas de lucha, frustración y abandono institucional.
Los reclamos se dirigen hacia José Blanco (PSOE) y Ana Pastor (PP), quienes eran ministros de Fomento durante la puesta en marcha de la línea y en el momento del accidente, respectivamente. La Plataforma Víctimas Alvia 04155, que aglutina a la mayoría de afectados por el accidente, tiene claro que hay hechos muy graves que no serán juzgados, pero que implican una “clara responsabilidad política”: un accidente causado porque un maquinista no frenó sin que existiese ningún sistema automático que paliase su despiste. El sistema de las vías se retiró antes de que terminase la construcción y el del tren se apagó un año antes del accidente, porque generaba retrasos.
Los afectados recibieron la imputación de Cortabitarte con alivio, tras varios años luchando para que no se descargue toda la responsabilidad del accidente en Garzón. Jesús Domínguez, superviviente del accidente y presidente de la asociación, explica que tienen una sensación “agridulce” porque considera que hace falta que tanto Renfe como el Ministerio de Fomento asuman su implicación en la puesta en marcha de una línea que los jueces ya han calificado como insegura. El sumario acredita que no se hicieron las evaluaciones de riesgos obligatorias, pero culpa únicamente a Adif por esta omisión.
La vertiente política de lucha tiene, en cambio, muchos más cabos que atar. El Bloque Nacionalista Galego, junto con ERC y Bildu, registró este viernes un escrito en el que solicita que el Congreso retome la comisión de investigación sobre el accidente para la que en 2018 no llegaron a formularse conclusiones.
Sin embargo, Domínguez explica que las víctimas prefieren una nueva investigación del accidente antes de enfrentarse a los diputados otra vez. La que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) hizo poco después del accidente fue descalificada en Bruselas por su falta de independencia: estaba firmada por los técnicos de Renfe y Adif, que eran los responsables de la seguridad de la línea. Ahora, el colectivo reclama en los tribunales que el Gobierno cumpla con el mandato de Europa e inicie una nueva pesquisa técnica.
Con estas demandas, los supervivientes y familiares de los fallecidos marcharon este martes por las calles compostelanas. Desde la estación de tren hasta la plaza del Obradoiro, corearon: “Blanco, Pastor, nunca dejaréis de oír nuestra voz”. Con estas mismas peticiones han tocado las puertas de cuatro ministros de Fomento —dos populares y dos socialistas— que, según describen los afectados, primero se muestran dispuestos a ayudar y escuchar. Sin embargo, en cuanto llegan los pedidos concretos, desaparecen o menosprecian a sus interlocutores. Tres de las víctimas, supervivientes o familiares de los fallecidos, cuentan a EL PAÍS cómo han vivido estos ocho años “detrás de la verdad”.
Jesús Domínguez, superviviente de 49 años. Madrid: “Las víctimas nos volvimos incómodas”
“He dedicado miles de horas. He dejado de estar con mis hijos, me he dejado horas de sueño para poder leer peritajes, informarme. Te afecta en todo, en lo personal, en lo laboral… La idea que tenemos del Estado es que te va a proteger y que las instituciones, que pagamos todos, están al servicio de la ciudadanía. Luego descubres que no es así, que están al servicio del poder y te abandonan. Es alucinante que hayamos tenido que investigar con nuestros propios recursos, que en el aniversario quisieran tapar nuestra reivindicación y nos mandaran a los antidisturbios.
Te das cuenta de que te has convertido en algo incómodo. Las víctimas nos convertimos en algo incómodo. Al principio dicen que van a acompañarnos y que nos van a ayudar, pero luego no es así. Tengo una sensación de decepción y de incomprensión. Les da igual la verdad, les dan igual los muertos. Lo que interesa es proteger al Estado y a la Alta Velocidad, los contratos y que no les salpiquen responsabilidades”.
Javier Municio, 64 años, perdió a su hijo de 27. Segovia: “Fue desvergüenza y falta de profesionalidad”
“Es vergonzoso lo que nos han hecho políticos del PP, PSOE y últimamente hasta UP. Dicen que nos van a apoyar, pero cuando ven que queremos llegar hasta el final, que afecta a José Blanco y a Ana Pastor, dejan de escucharnos. Hay 80 muertos y más de 140 heridos. Lo único que queremos es saber la verdad. Tengo 63 años y, si esto sigue así, no sé si veré el final del juicio.
Mi hijo era veterinario y tenía todos los proyectos para una vida feliz. Se la truncaron por la desvergüenza y la falta de profesionalidad de los responsables de seguridad de Renfe y Adif. Le vendieron un billete de una línea de alta velocidad con supuesta seguridad, pero que en realidad dependía de que el conductor tuviera un buen día. Ese día no lo tuvo. Se llevaron a nuestro hijo y nos condenaron al dolor hasta el final de nuestra vida. Ese mismo año tuve que salir de mi trabajo en Bankia por un ERE, pero dejar de trabajar resultó algo menor. Nos ha permitido emplear todo nuestro tiempo en reivindicar verdad y justicia”.
Asunción Ferreiro, 64 años, perdió a su hija de 21. A Coruña: “Nos enfrentamos a todo un Estado, pero hay que pelear”
“Te sientes desprotegida, porque la Administración pública te pone piedras en el camino. Lo que nos queda es que la lucha siempre sirve para algo. En el primer momento no te puedes creer que semejante tragedia ocurra en un tren de Alta Velocidad y sientes dolor. Luego llega la rabia. Nos enfrentamos a todo un Estado, pero hay que pelear. Me he dejado tiempo y rabia. Rabia de que no te escuchen, de que mientan, de que te den la espalda. Aún nos queda mucho, pero no nos van a cansar. Nos hemos apoyado todas las familias y eso ayuda a que tengamos fuerza. El día a día es tremendo. Es una ausencia terrible. Nos han roto la vida.
Ahora, con la imputación de Cortabitarte [el ex jefe de seguridad de Adif] la verdad oficial de que la culpa era solo del maquinista, queda desmontada. Es un pequeño alivio que se demuestre que no había seguridad, pero te queda la rabia de saber que si no hubiésemos luchado esto se hubiese cerrado con la única imputación del conductor”.
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