Los ataques contra el candidato radical Pedro Castillo, líder en todas las encuestas, se intensifican en la recta final de la campaña en Perú. La otra aspirante a la presidencia, la conservadora Keiko Fujimori, acusada de lavado de activos y organización criminal, sigue sumando apoyos entre los partidos de derechas de cara a la segunda vuelta electoral del 6 de junio. El mensaje que los une es el de salvar al país del comunismo que, aseguran, representa el maestro y sindicalista Castillo. “Nuevamente entramos a campaña para defender al país”, dijo este sábado Richard Acuña, hijo del excandidato a la presidencia César Acuña por Alianza por el Progreso. Horas más tarde, el líder de la ultraderecha Rafael López Aliaga pidió en un acto en Lima la muerte del comunismo y del líder de la izquierda.
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El empresario y excandidato presidencial López Aliaga convocó este sábado una Marcha por el Perú bajo el lema “Salvemos la democracia y nuestra libertad” en respaldo a la campaña de Fujimori. Al final, ante cientos de personas, exclamó: “Muerte al comunismo”. Los asistentes le respondiero: “¡Muerte!”. Y azuzó nuevamente: “Muerte a Cerrón y a Castillo”, para recibir otra vez el eco: “¡Muerte!”. “Con todos los voceros y autoridades empieza una gran campaña por la democracia”, dijo el excongresista Acuña.
El sociólogo y psicoanalista Guillermo Nugent ha asegurado a EL PAÍS que la proclama de López Aliaga contra el maestro rural y dirigente sindical es “gravísima”. “El último en invocar la muerte como un recurso de la política fue [el grupo terrorista] Sendero Luminoso”, ha subrayado. La subversión maoísta fue responsable del 54% de las muertes en el conflicto armado que se desató entre 1980 y 2000 en Perú, que tuvo como saldo total cerca de 70.000 víctimas. Nugent ha señalado que el anticomunismo es una novedad en la cultura política peruana, “ya que el recurso tradicional para desacreditar al oponente es el antiterrorismo”. “Es muy preocupante porque ese anticomunismo puede legitimar métodos terroristas para atacar a las personas. El ‘no al comunismo’ es parte de la tradición de las dictaduras latinoamericanas, es un retroceso”, ha añadido el investigador y profesor universitario.
Castillo es el depositario de las campañas de intimidación de los sectores conservadores peruanos, como lo fue en la campaña de primera vuelta y en 2016 la candidata de izquierdas Verónika Mendoza, a la que se presentaba como una amenaza y se relacionaba con el chavismo. Desde hace dos semanas, grandes letreros publicitarios en las principales avenidas de Lima, Cusco y Arequipa exhiben mensajes sobre Cuba y Venezuela en alusión a Castillo. “El comunismo genera miseria y pobreza”; “Cuba: pobreza, muerte, miedo, desesperación”, y “En el Perú está en juego la libertad, es momento de poner el pecho por la patria” son algunos de los mensajes de los carteles de la empresa Punto Visual, que fue contratada por el partido fujimorista Fuerza Popular en 2016. El gerente de la compañía informó el viernes, a solicitud de las autoridades electorales, que no han sido contratados por ningún partido y que los han colocado voluntariamente.
Los aliados de Fujimori intentan presentarse como los defensores de las instituciones. Mientras, Castillo firmó esta semana dos compromisos de respeto a la Constitución para convocar a un referéndum para una Asamblea constituyente, y para reforzar el Tribunal Constitucional y la Defensora del Pueblo.
La candidata Fujimori se postula por tercera vez a la presidencia, pero esta ocasión está acusada de lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia debido a los aportes millonarios no declarados a las autoridades para sus campañas electorales de 2011 y 2016. La Fiscalía sostiene que recibió fondos de la constructora brasileña Odebrecht y del principal grupo financiero peruano y ha pedido 30 años de prisión para ella y penas menores para más de 30 personas que participaron en el esquema financiero que engañó al sistema bancario y electoral.
Su campaña, además de contar con el apoyo de políticos e intelectuales peruanos, como el Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, tiene el respaldo de casi todos los medios masivos de la capital y el empresariado grande y mediano. Kenji, excongresista y hermano menor de la candidata, grabó un vídeo a finales de abril con obreros y empresarios en una obra de construcción para “enseñar los peligros del comunismo” y llamó a votar por la lideresa de Fuerza Popular. La Federación de Trabajadores de Construcción Civil denunció este hecho y otros similares como “injerencia política del fujimorismo en obras de construcción” y expresó su rechazo a “actos de coacción que intentan condicionar el apoyo político de los obreros a la candidata”.
Hace 15 días, uno de los principales publicistas peruanos preparó una estrategia para llamar al voto por Fujimori, alentando el miedo a un desastre económico si finalmente ganase Castillo. El pasado viernes, después de que se hiciera viral un spot publicitario contrario a la candidatura de Fujimori, periodistas y simpatizantes de la hija del autócrata Alberto Fujimori iniciaron una campaña de acoso —con el lema “Se busca”— contra la adolescente protagonista del anuncio. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Audiovisuales y Cinematográficos expresó su preocupación porque el trabajador de una de las principales agencias de publicidad, Circus, pidió castigar a quienes elaboraron el spot. “¿Qué publicista y realizador está detrás de ese video tan bien realizado? Pronto lo sabremos para que nadie los contrate más”, amenazó en Facebook e Instagram.
El sindicato de la tienda por departamentos Saga Falabella denunció otro hecho similar a finales de abril. Según su versión, los empleadores habrían comentado que el cierre de sus establecimientos en Argentina se había debido a la situación política por lo que advirtieron de que en Perú cada quien sería responsable de sus decisiones y su voto. El asesor sindical Job Rosales, que dirige una plataforma de información gremial, afirma que en las últimas semanas las empresas están acelerando despidos colectivos y jubilaciones anticipadas “porque hay incertidumbre sobre lo que pueda pasar después de las elecciones”. “Hay más medidas que atentan contra el derecho al trabajo y la libertad sindical, como una advertencia tácita. Todos los indicadores de libertad sindical están cayendo”, manifiesta.
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