No había forma de detener a Ovidio Guzmán, alias El Ratón, el hijo del narcotraficante El Chapo Guzmán, sin recordar su captura fallida, hace algo más de tres años, en su ciudad, Culiacán. El Gobierno de México ha explicado este viernes que seguía a Guzmán y su grupo, Los Chapitos, una facción del Cartel de Sinaloa, desde hacía seis meses. Para evitar escenas como las de 2019, en que sicarios abrieron fuego en el corazón de la ciudad tras el arresto de Guzmán, las autoridades esperaron, tal como ha explicado el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Esta vez, como ha insistido el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, el Ejército estaba preparado. El coste ha sido alto, 29 muertos, 10 de ellos militares, pero el tono que López Obrador y Sandoval han empleado es de triunfo y deber cumplido.
La caída de Guzmán, requerido por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico, cierra el fiasco de 2019, su captura fallida, pero abre cantidad de interrogantes. El primero, el futuro del capo. López Obrador ha explicado que la extradición es posible, aunque ha enfriado toda expectativa de que ocurra en poco tiempo. La Fiscalía ha abierto una investigación en su contra por presuntos delitos cometidos ayer, intento de homicidio, portación de armas… Guzmán enfrenta un camino parecido al del viejo colaborador de su padre, Rafael Caro Quintero, detenido en julio, requerido igualmente al norte del Río Bravo.
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El segundo interrogante que abre la captura de El Ratón apunta al camino que siguieron las autoridades para detenerlo. El general Sandoval ha dado a entender que, pese al seguimiento, dieron con él por pura casualidad, pero López Obrador ha dejado entrever que las autoridades esperaron a que Guzmán estuviera en un lugar aislado, lejos del centro de Culiacán, en horas de poco tránsito. El presidente ha negado además toda ayuda de Estados Unidos, operativa o de inteligencia. No obstante, fuentes oficiales confirmaron a este diario el jueves que sí había habido intercambio de información entre autoridades de ambos países, algo habitual en estos casos. ¿Cuál es la realidad? Más allá del apoyo del país vecino, las explicaciones del jefe militar inclinan la balanza en favor del presidente: esperaban el momento oportuno.
El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, habla sobre la detención de Guzmán, durante una rueda de prensa en Palacio Nacional.José Méndez (EFE)
En su intervención este viernes, Sandoval ha explicado cómo se preparó el Ejército para evitar un operativo fallido como el de hace tres años. Entonces, un grupo de élite de las Fuerzas Armadas llegó a la casa del líder criminal, en el centro de Culiacán, a la hora de comer. Su idea era detenerlo y llevárselo rápidamente a Ciudad de México. No pudieron. Los secuaces de Guzmán se movilizaron y armaron bloqueos en media ciudad. Pusieron en la mira el barrio donde viven los militares y López Obrador ordenó finalmente que lo dejaran libre.
En esta ocasión, además de esperar a ubicar al criminal lejos de la ciudad, de madrugada, los militares estaban en alerta máxima. “Tomando como experiencia el 17 de octubre de 2019, reforzamos la seguridad en instalaciones militares”, ha dicho el general Sandoval, “intensificamos el adiestramiento, previmos fuerzas de reacción, terrestres y aéreas, con el objeto de cumplir con la misión principal”. Con tal preparación, el avistamiento de seis camionetas sospechosas en una zona habitual de tránsito de Los Chapitos, lejos de la ciudad, marcó el inicio del operativo.
“Desde hace seis meses se detectaron áreas donde Ovidio realizaba actividades ilícitas, relacionadas con el tráfico de metanfetamina y fentanilo”, ha dicho Sandoval. Este jueves, una patrulla de la Guardia Nacional dio el alto a las seis camionetas en el poblado Jesús María, a 45 kilómetros de Culiacán, según el general secretario. Sus ocupantes respondieron a balazos y huyeron. La Guardia, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, pidió apoyó al Ejército, que puso en marcha “el plan de contingencia y el procedimiento de seguridad”. Sandoval no ha dicho si sabían o al menos intuían que Guzmán estaba en las camionetas.
Un convoy del Ejército mexicano patrulla las calles de Culiacán después de la detención de Guzmán. Martin Urista (AP)
Los vehículos se metieron en una casa de Jesús María, militares y criminales intercambiando disparos. Los Chapitos, ha dicho Sandoval, usaban, entre otras municiones, ametralladoras y fusiles calibre 50, capaces de atravesar vehículos blindados. Armas prohibidas en México, su uso, igual que los lanzacohetes, son cada vez más comunes entre los grupos criminales. En 2015, presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tumbaron un helicóptero militar con un lanzacohetes. Seis militares murieron entonces. El Gobierno de México ha insistido en repetidas ocasiones en que esas armas provienen del mercado estadounidense, de ahí que mantenga un litigio abierto para tratar de frenar el tráfico. Además, cada oportunidad que tiene, recalca al Gobierno de Biden la necesidad de una mayor colaboración para evitar esta compra de armas.
El tipo de calibre, ha dicho Sandoval, obligó a los militares a pedir la intervención de helicópteros artillados. “Se hizo necesario apoyar con fuego desde aeronaves para garantizar la seguridad del personal y disuadir a delincuentes de intentar rescatar al detenido”, ha explicado el jefe militar. Con Guzmán en custodia y el fuego de los helicópteros, los militares lo sacaron de allí por el aire. En la refriega murieron la mayoría de las 29 víctimas, militares y civiles.
“Simultáneamente, células del grupo criminal realizaban bloqueos en Culiacán para evitar la evacuación de Ovidio”, ha narrado Sandoval. “Estas células dispararon a aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y a líneas comerciales en Culiacán. Dos aeronaves que participaban en estas actividades tuvieron que realizar aterrizajes de emergencia, pero no se presentaron afectaciones en el personal, a pesar del número considerable de impactos”, ha concluido.
La situación en la ciudad recordó durante buena parte del jueves a las del otro jueves negro, en octubre de 2019. Decenas de presuntos integrantes de Los Chapitos barrían Culiacán, despojando a automovilistas de sus vehículos, algunos para llevárselos y otros para cruzarlos en avenidas y prenderles fuego. El caos en la ciudad alcanzó otros puntos del Estado, como Los Mochis, Mazatlán o Escuinapa. Fue precisamente en este último municipio, donde sicarios asesinaron a un coronel del Ejército, cerrando una jornada ambigua para las Fuerzas Armadas y para el país entero.
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