La Casa Blanca ha vuelto a negar este lunes la existencia de una crisis migratoria en la frontera con México, pese a que el presidente Joe Biden utilizó esa palabra para referirse a la llegada masiva de indocumentados, entre ellos muchos menores.
Biden dijo el sábado a los periodistas que su Administración estaba estudiando la posibilidad de aumentar la cuota de refugiados cuando se produjo la “crisis” migratoria, la primera de su mandato, en la frontera con México, a la que llegan a diario cifras récord de sin papeles, entre ellos cientos de menores no acompañados.
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En su rueda de prensa diaria, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha retomado este lunes el discurso oficial al señalar que Biden se refería a la crisis múltiple en Centroamérica que provoca el éxodo masivo. La portavoz afirmó que “el presidente no siente que la llegada de menores a nuestra frontera para ponerse a salvo de la violencia, las dificultades económicas u otras razones sea una crisis”. Sí lo es la concatenación de factores que provocan la huida hacia el norte, subrayó. “El presidente considera la crisis en Centroamérica” como el problema que debe afrontarse para frenar la afluencia de indocumentados.
De hecho, el primer presupuesto del Gobierno federal —de gasto discrecional—, presentado el pasado día 9, consigna una partida específica para abordar las causas que provocan el éxodo, entre las que la Administración de Biden incluye desde la violencia de las pandillas, la crisis económica, catástrofes naturales o el impacto del cambio climático.
Psaki también aludió a la polémica generada el viernes por el anuncio contradictorio de la Casa Blanca sobre la cuota de refugiados. En un primer momento, se informó de que Biden había decidido mantener la cuota máxima anual de amparo en 15.000 personas, el mínimo que adoptó su predecesor, Donald Trump. Poco después, ante la polémica generada por el anuncio, y un aluvión de críticas de los demócratas, la Casa Blanca rectificó y aseguró que, antes del próximo 15 de mayo, elevará esa cuota anual durante este año fiscal.
Psaki ha negado también que la Casa Blanca haya dado marcha atrás en este asunto. EE UU es “un país que da la bienvenida” a los que escapan de conflictos y la Administración actual está haciendo todo lo posible “por cambiar las políticas del Gobierno anterior”, apuntó Psaki. “No podemos hacer dos cosas a la vez, pero ahora vamos a elevar el número” de refugiados, había dicho Biden el sábado cuando aludió a la presión que vive la frontera sur como crisis.
Entretanto, el Tribunal Supremo se ha mostrado reticente a conceder la residencia permanente a las personas a las que se permite vivir en el país por razones humanitarias, si han entrado al territorio de EE UU de manera ilegal. Es el caso del llamado estatuto de protección temporal (TPS, en sus siglas inglesas), concedido recientemente a los venezolanos que huyen de la crisis en su país y, anteriormente, a nacionales de varios países de Centroamérica, Siria o Sudán, entre otros. El Supremo se ha pronunciado este lunes sobre un recurso presentado por un matrimonio salvadoreño, beneficiario del estatus de protección temporal, pero a quien un tribunal ordinario denegó la green card, o permiso de residencia permanente, por su entrada irregular en el país.
Si el Supremo se reafirma en su oposición, la permanencia de miles de personas acogidas a este sistema -muchas de ellas, después de años de residencia en EEUU- pende de un hilo. Una decisión negativa pondría en un brete la política migratoria de Biden, enfrentado a los grupos de defensa de los migrantes y a muchos de sus correligionarios demócratas.
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