En otra vuelta de tuerca de Washington contra el régimen de Nicaragua, la Casa Blanca ha anunciado este martes su decisión de “restringir y suspender” la entrada a Estados Unidos de los miembros del Gobierno de Daniel Ortega, incluida su esposa y vicepresidenta del país Rosario Murillo, y a miembros de la judicatura, las fuerzas del orden y otros -incluidos sus familiares- por “implementar o beneficiarse de las políticas o acciones que socavan o dañan las instituciones democráticas o impiden el retorno a la misma en la nación”.
El presidente Joe Biden ha determinado estas sanciones “a la luz de la importancia que Estados Unidos le concede al fomento de los procesos e instituciones democráticas en Nicaragua y dada la supresión de los derechos humanos” en aquel país. Tan solo un día antes, el lunes, el Departamento del Tesoro imponía sanciones y congelaba los activos financieros de nueve altos cargos del régimen nicaragüense tras “la farsa” electoral que dio como ganador por tercer mandato consecutivo a Ortega en las recientes elecciones presidenciales.
Para la Casa Blanca, “los actos abusivos y represivos” del régimen de Ortega -y todos aquellos que lo apoyan- han forzado la mano de Washington para pasar a la acción. Tres días después de que el país celebrase elecciones el pasado 7 de noviembre, la Administración demócrata promulgaba -bajo acuerdo bipartidista- la conocida como Ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (Renacer, por sus siglas en inglés), con el objetivo final de extender la imposición de sanciones a Nicaragua. Para la Casa Blanca, “la falsa elección de Nicaragua no fue ni libre ni justa, y ciertamente no fue democrática”. Esa normativa otorga al mandatario estadounidense amplios poderes para imponer sanciones a Nicaragua, incluida la exclusión del Tratado de Libre Comercio con la potencia.
“La mano dura contra los líderes de la oposición y la sociedad civil, así como contra los periodistas, para allanar el camino para las presidenciales y las legislativas daña las instituciones y todos los procesos que son inherentes a una democracia”, prosigue el comunicado de Biden emitido por la Casa Blanca. Ortega llegó a los comicios con cerca de cuarenta líderes opositores encarcelados desde el pasado mes de mayo, incluidos los siete posibles candidatos a la presidencia.
El mandatario reaccionó con virulencia al rechazo que generó en la comunidad internacional unas elecciones que no cumplían con los requisitos mínimos de un proceso democrático, con el control total del aparato electoral, la oposición encarcelada, dos partidos descabezados y decenas de presos políticos. “Esos que están presos ahí son los “hijos de perra” de los imperialistas yanquis. Se los deberían de llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses, dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen Patria. Que se los lleven para allá, para que allá le sirvan como lo que son, esclavos del Imperio, traidores de la Patria”, afirmó Ortega en un discurso tras su reelección, en alusión a los considerados presos políticos.
En palabras de la Casa Blanca, el régimen nicaragüense “controla múltiples servicios de seguridad, incluidos parapoliciales no uniformados, armados y enmascarados, que abusan de las personas para promover la agenda autoritaria del gobierno de Ortega, acosando, amenazando y cometiendo actos de violencia contra quienes se oponen al gobierno”, prosigue el comunicado presidencial.
Además del legislativo, Biden hace un repaso del poder judicial, al que acusa de haber “fallado al pueblo al ayudar e incitar al Gobierno de Ortega a dictaminar cargos sin base para encerrar a los presos políticos”. “Las autoridades han mantenido incomunicados a muchos presos políticos durante meses, sin acceso a sus abogados y sin conocimiento de los cargos falsos presentados en su contra”, añade el comunicado.
La argumentación de la Administración demócrata finaliza resumiendo las razones que le han llevado a tomar medidas tan drásticas: “La impunidad generalizada de los delitos cometidos contra la oposición; la persistente corrupción que practican los funcionarios del gobierno nicaragüense en el desempeño de funciones públicas, que ha erosionado las instituciones democráticas; y el continuo fracaso del presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, los funcionarios del gobierno de Nicaragua y otros para apoyar el estado de derecho, los derechos humanos y otros principios de alta prioridad para Estados Unidos”. Todo ello exigía “una respuesta contundente”, en palabras de Biden.
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