Colombia seguirá bajo la lupa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El esperado informe tras su visita al país para verificar la situación de abusos en el marco de las protestas, arrojó cuarenta recomendaciones al Gobierno de Iván Duque y la creación de un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos, que implica un equipo con dedicación exclusiva para el monitoreo.
“La Comisión ha podido constatar que, en reiteradas ocasiones, así como en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal”, dijo la comisionada Antonia Urrejola desde Washington. Tras escuchar a más de 500 personas durante su visita, la Comisión alertó sobre el “empleo indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes y personas que no participaban de las protestas”. Sin embargo, afirmó que no tienen información para hablar de sistematicidad, es decir que hubiese órdenes desde los altos mandos.
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Ante esos hallazgos, la Comisión recomendó al Gobierno de Iván Duque separar a la Policía Nacional y su Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la órbita del Ministerio de Defensa. El objetivo, dice el informe, es “garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares”.
A dos meses de las revueltas aún no es claro cuántos son los desaparecidos y la Fiscalía habla solo de “personas no localizadas”. La falta de claridad en las cifras sobre muertos, que se cree son medio centenar, y de desaparecidos, que difieren ampliamente entre las del Estado y las de la sociedad civil, fue otro de los puntos que señalo el informe que raja a Colombia en materia de derechos humanos en las protestas. La recomendación de la CIDH es que Colombia debe “sistematizar los datos sobre personas fallecidas, heridas, detenidas, desaparecidas y víctimas de violencia de género como consecuencia de las protestas sociales”, dice el documento que le exige a Colombia a hacer un registro detallado y específico sobre cómo se garantizará la reparación en salud a las personas heridas. También recomienda crear una comisión especial para dar con el paradero de las personas que siguen desaparecidas.
Urrejola dijo que era preocupante el uso indiscriminado de una figura llamada Traslado por Protección, que está en el Código de Policía y permite a los agentes detener a personas en estado de exaltación. Bajo esa figura, que terminó siendo usada en las manifestaciones, fueron detenidas 7.020 personas, muchas de las cuales denunciaron haber recibido “tratos crueles, inhumanos y degradantes, que podrían configurar tortura”. Según el comisionado Stuardo Ralón, no hay registros de la hora de detención o ingreso a los centros de traslado por protección. “Esto es grave porque (es una figura que) carece de control judicial y que depende del propio policía que la realiza”, agregó Urrejola.
Además de separar la Policía del Ministerio de Defensa, la CIDH manifestó preocupación porque “casos relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por policías, particularmente del ESMAD, están siendo conocidos por la justicia penal militar, al estimar que se encuentran comprendidos dentro de la noción de “actos del servicio”.
Pero ha sido su observación sobre los bloqueos y cortes de ruta lo que más polémica ha causado en Colombia. Para la CIDH, el Estado colombiano debe “abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta como modalidades de protesta” y evaluar en cada caso cuando estos generen vulneraciones a los derechos. Durante los bloqueos murieron dos bebés en ambulancias a las que les impidieron el paso y hubo desabastecimiento de algunos insumos médicos y alimentos en algunas ciudades. “Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con la criminalidad”, dijo el presidente Iván Duque como respuesta a la CIDH. “Los bloqueos han atentado contra los derechos colectivos, eso está condenado en nuestro Código penal colombiano y seguiremos defendiéndolo para la protección de todos los ciudadanos”, reaccionó el mandatario.
Otras voces cercanas al Gobierno respondieron que este informe favorecía una agenda política en el país. Sobre la no aceptación de las recomendaciones, la Comisión recordó que Colombia es parte del sistema interamericano y que esperan continuar con el diálogo.
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