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La CIDH identificó 68 mil cuentas en Twitter creadas en apoyo a gobierno de facto en Bolivia

La CIDH identificó 68 mil cuentas en Twitter creadas en apoyo a gobierno de facto en Bolivia

La Comisión detalló que desde la renuncia de Evo Morales las cuentas han apoyado hashtags como #BoliviaLibreyDemocratica y #NoHayGolpeEnBolivia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) detectó, como parte de la campaña de apoyo al presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al gobierno interino de Jeanine Añez, que en Bolivia se ha recurrido al uso de miles de cuentas falsas en Twitter desde la renuncia de Evo Morales. 

“Los datos mostrarían alrededor de 68 mil cuentas creadas, las cuales compartieron 14 hashtags que habrían sido compartidas por 252.090 cuentas diferentes, que hicieron 1’048.575 tuits del 9 al 17 de noviembre”, detalló la CIDH en su informe sobre la visita de observación a Bolivia realizada a finales de noviembre y publicado el pasado 10 de noviembre. 

La CIDH resaltó que algunos de los hashtags utilizados como parte de la campaña son: #BoliviaLibreyDemocratica, #NoHayGolpeEnBolivia, #EvoEsFraude, #BoliviaUnida, entre otros.

En las observaciones realizadas por la CIDH, también presentan denuncias por parte de periodistas independientes y comunitarios quienes, debido a la alegada ausencia de medios de comunicación nacional en la cobertura de los conflictos, habrían decidido reportar a través de redes sociales y blogs.

De acuerdo con las denuncias, dichos periodistas habrían recibido amenazas de muerte y amedrentamiento por parte de grupos privados de choque, tales como los así denominados “Resistencia Juvenil Cochala”.

En su informe, la CIDH recuerda al Estado que el rol de la prensa en una sociedad democrática es fundamental, más en situaciones de alta tensión social y violencia, en las cuales el ejercicio de la profesión periodística constituye una forma de denunciar violaciones de los derechos humanos y garantizar la dimensión colectiva de la libertad de expresión, esto es, el derecho de la sociedad como un todo a estar informada.

“Es igualmente importante el papel de la prensa en el curso de las protestas sociales, y el Estado debe garantizar que ésta puedan ejercer su labor periodística sin ser objeto de detenciones, amenazas, agresiones o limitaciones en cualquier forma“, se lee en el informe.




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