La resistencia del gobierno a crear nuevos programas de transferencias monetarias en la CdMx o a expandir los ya existentes -solo se ha hecho con el programa “Mi Beca para Empezar”- resulta inconstitucional.
Rogelio Muñiz Toledo
“Los programas que otorgan transferencias económicas a los grupos vulnerables e históricamente discriminados pueden ayudar a atenuar la pérdida de ingresos a causa de la emergencia sanitaria”: CONEVAL *
Tardíamente las autoridades sanitarias de la Ciudad de México han decidido pasar al rojo en el semáforo de riesgo epidemiológico, en el que se permiten únicamente las actividades económicas esenciales y se recomienda no salir si no es estrictamente necesario. La medida debió tomarse por lo menos dos semanas antes, cuando se rebasó el límite de ocupación hospitalaria en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) para pasar del naranja al rojo, 5,127 camas con pacientes de COVID-19, como lo estableció en julio la Jefa de Gobierno.
Según el portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México, el 30 de noviembre se rebasó el límite: ese día había 5,157 personas hospitalizadas por COVID-19 en la ZMVM (3,827 en la CDMX). Desde esa fecha el número no ha disminuido, el 9 de diciembre se rebasaron los seis mil y el 17 de diciembre se había elevado a 6,957 (4,938 en la CDMX). La medida era impostergable.
La evolución de la crisis sanitaria en las dos últimas semanas de este año y en las primeras del próximo nos permitirá saber si la implementación de las medidas extraordinarias de protección a la salud, de observancia obligatoria, fue oportuna para frenar el nivel de contagio, la ocupación hospitalaria y, sobre todo, los muy lamentables fallecimientos por la epidemia de la COVID-19 en la ZMVM.
Cuartoscuro
Las restricciones de la movilidad y la reducción de la actividad económica que implican las medidas sanitarias imprescindibles para frenar la propagación comunitaria del virus SARS-CoV-2, y para salvar vidas, han profundizado la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria. La población vulnerable por carencias sociales y en pobreza y los trabajadores del sector informal y del formal que no cuentan con seguridad social -como los contratados por outsourcing- han sido los más afectados por los otros efectos adversos de la pandemia de la COVID-19: la disminución y pérdida del empleo y del ingreso.
Las otras crisis, la económica y la social, tampoco han sido atendidas oportuna y eficazmente ni en el país ni en la Ciudad de México. Como lo señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las medidas para mitigar los efectos económicos de una pandemia casi siempre presentan un desfase respecto de las de contención epidemiológica. En México y en la Ciudad de México la desconexión entre las medidas sanitarias y las económicas ha sido particularmente grave.
Las proyecciones de la CEPAL apuntan, en el caso de México, a un incremento de aproximadamente diez puntos porcentuales en los niveles de pobreza y de más de cinco en los de pobreza extrema al finalizar 2020. Las del CONEVAL señalan que la pobreza por ingresos se incrementaría entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales y que el número de personas en situación de pobreza extrema por ingresos aumentará entre 4.9 y 8.5 puntos porcentuales, lo que llevaría a un incremento de la población en situación de pobreza extrema por ingresos de entre 6.1 y 10.7 millones de personas para 2020.
En su diagnóstico sobre la situación de la pandemia de COVID-19 en América Latina **, la CEPAL señala dos casos extremos en el desfase entre las medidas epidemiológicas para la contención de la pandemia y las económicas y sociales para la mitigación social: México y la República Dominicana. Además, solo México y Nicaragua no han implementado ninguna de las cinco acciones estatales en materia de protección social como respuesta de los gobiernos para enfrentar los efectos sociales de las medidas de contención epidemiológica (nuevos programas de transferencias monetarias o en especie -de alimentación escolar, de alimentación de emergencia o de productos sanitarios de emergencia- y medidas de fortalecimiento de los programas existentes) ni han establecido subsidios estatales a ingresos laborales ni seguro de desempleo.
En un documento de reciente publicación ***, el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que para enfrentar la pandemia la mayor parte de los países de América Latina respondieron con nuevos programas de transferencias monetarias, 21 gobiernos crearon 37 programas nuevos, en 7 países 17 programas de transferencias monetarias existentes fueron expandidos verticalmente (aumento en los montos de los apoyos) y en otros horizontalmente (aumento en la cobertura). Solo Belice, México y Surinam no crearon programas nuevos y México ni creó nuevos ni expandió -vertical u horizontalmente- los existentes. Costa Rica y México adelantaron las transferencias de algunos programas existentes, pero sin modificar la cobertura ni el monto del apoyo, con lo que solo se garantizó liquidez durante la pandemia -temporal y muy limitada, agrego yo- a las familias que ya las recibían.
Cuartoscuro
Ni los datos sobre la pobreza ni la respuesta del gobierno a la crisis económica han sido mejores en la Ciudad de México que a nivel federal. Según datos del CONEVAL, entre el tercer trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2020, el porcentaje de la población de la Ciudad de México con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria pasó del 32.3 al 45.1; en el mismo lapso la variación porcentual del poder adquisitivo del ingreso laboral fue negativa (-18.8%), lo que la coloca como la cuarta entidad federativa con el mayor incremento en los niveles de pobreza laboral; y la tasa de informalidad laboral pasó de 49% en el cuarto trimestre de 2019 a 56.1 % en 2020.
A pesar de estos datos, los Gobiernos de México y de la Ciudad de México se han resistido a tomar medidas como las que reiteradamente han propuesto el CONEVAL, la CEPAL y el PNUD: en el corto plazo, ampliar la cobertura o monto de programas sociales prioritarios y financiar acciones emergentes de los existentes -en especial los de transferencias monetarias- y apoyos -no solo microcréditos- a las pequeñas y medianas empresas; en el mediano y largo plazos, una pensión universal mínima de retiro y de invalidez para todos -financiada con impuestos generales-, el seguro de desempleo contributivo -que no afecte las pensiones de retiro- o la renta básica ciudadana.
A diferencia de lo que sucede con el Gobierno de México, en la Ciudad de México la resistencia del gobierno a crear nuevos programas de transferencias monetarias o a expandir los ya existentes -solo se ha hecho con el programa “Mi Beca para Empezar”- resulta inconstitucional. El seguro de desempleo en la Ciudad de México tiene limitaciones, por el monto y la temporalidad del apoyo, que lo hacen poco eficaz para enfrentar crisis como la actual.
La Constitución Política de la Ciudad de México dispone, en el artículo 9. A. 2, que “todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna en los términos de esta Constitución” y, en el 17. A. 1, g), que en la Ciudad de México se establecerá y operará un sistema general de bienestar social que deberá considerar “los mecanismos para hacer efectivo el derecho al mínimo vital para una vida digna, dando prioridad a las personas en situación de pobreza”.
Sin embargo, la Jefa de Gobierno y la mayoría parlamentaria de Morena en el Congreso de la Ciudad de México se han resistido a la reglamentación e implementación del mínimo vital. Esta omisión ha afectado a quienes ante la crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19 podrían encontrar en el ejercicio de los derechos al mínimo vital y a la vida digna una forma de mitigar, al menos en parte, los efectos negativos de la crisis.
El domingo por la tarde la Jefa de Gobierno informó mediante un tuit que el Gobierno de la Ciudad de México está “preparando un programa de apoyos económicos … para ayudar a quien más lo necesita”.
Ojalá que el programa anunciado incluya el cumplimiento de lo que dispone la Constitución local: la implementación del mínimo vital y la reincorporación al sistema de bienestar local de los programas de apoyo a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad y a las y los estudiantes de educación media superior, que el gobierno actual suprimió en 2019, en contravención a las disposiciones constitucionales. Si se respetan la Constitución federal y la local, las y los capitalinos tienen derecho a recibir los apoyos por dichos programas sociales, tanto a nivel federal como local.
Con la implementación del mínimo vital y con la reincorporación de dichos programas al sistema de bienestar de la Ciudad de México, sin que ello implique que sus beneficiarios dejen de recibir los apoyos de los programas federales equivalentes a los que también tienen derecho, se lograría el objetivo de apoyar a la población que más lo necesita con un mayor ingreso y se evitaría incurrir nuevamente en una decisión regresiva en materia de derechos.
* El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal que norma y coordina la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social en México
** F. Filgueira y otros, “América Latina ante la crisis del COVID-19: vulnerabilidad socioeconómica y respuesta social”, serie Políticas Sociales, N° 238 (LC/TS.2020/149), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020.
*** Guillermo M. Cejudo y otros, “Respuestas para enfrentar la pandemia en América Latina y el Caribe: el uso de programas de transferencias monetarias y de sistemas de información de protección social”, serie Documentos de Política Pública, Nº. 24 (PNUD LAC C19 PDS), Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2020.
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