La Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha autorizado 23 nuevos medicamentos para su comercialización en México en los primeros 15 días de marzo, un 30% más que en el mismo periodo del año anterior. También han autorizado 153 nuevos dispositivos médicos, un 43% más que el año pasado. La institución busca convertirse en una agencia reguladora más rápida para contrarrestar las críticas que ha recibido de parte de la sociedad civil. México lleva meses sufriendo el desabasto de psicofármacos para tratar enfermedad mentales y el desabasto de opioides para aliviar a pacientes con dolores crónicos.
Alejandro Svarch Pérez, titular de la Cofepris, señaló, durante la conferencia de prensa celebrada este lunes, que con la nueva estrategia implantada buscan ser más eficientes. Eso tendrá “un impacto directo en más alternativas para los pacientes”, en forma de nuevos medicamentos que puedan atender mejor sus necesidades médicas, o en forma de una disminución en los precios de los fármacos por el aumento de la oferta. Dentro de los 23 medicamentos autorizados destacan cuatro medicamentos oncológicos: el dexrazoxano, el fluorouracilo, el metotrexato y el trióxido de arsénico.
Guillermo Arechiga, presidente de la Asociación Jalisciense de Medicina Paliativa, asegura que los medicamentos aprobados no le sirven para gran cosa. “Triste lista de medicamentos inservibles para los dolores severos”, explica por teléfono. Mientras, Andrés Castañeda, de la organización Cero Desabasto, asegura que estas autorizaciones no son gran cosa. “Es parte del proceso natural del mercado”, dice. Durante los últimos años los nuevos registros se han realizado a un ritmo muy lento, y esta nueva entrada no soluciona el problema. “Ayuda, pero no resuelve”, expresa el médico.
Las medidas llegan después de semanas de críticas contra la Cofepris por su gestión de la crisis de desabasto de opioides a finales del año pasado, que a principios de este año se mezcló con el desabasto de psicofármacos y la lucha contra la corrupción dentro de la institución. El 22 de febrero la agencia reguladora emitió un comunicado en el que explicaba las razones por las que había clausurado las plantas de producción de Psicofarma, con la que el Gobierno lleva colaborando durante años. Entre las irregularidades que se encontraron durante la inspección está la contaminación cruzada de medicamentos, el envasado sin técnica de esterilidad, el almacenamiento de materia prima en áreas contaminadas, o la inexistencia de trazabilidad.
Psicofarma era el proveedor casi único en México de fármacos para combatir trastornos como la ansiedad, la depresión o la bipolaridad. Ahora, pacientes de todo el país se han visto obligados a prescindir de la medicación que les permitía tener una vida normal o a conseguirla clandestinamente, con los problemas que eso conlleva. Melisa, una mujer de San Luis Potosí, contaba a este periódico que el último bote de pastillas de bicarbonato de litio que había conseguido clandestinamente, y que con el suaviza su trastorno límite de la personalidad, no tenía litio. Eso la llevó a tener “pensamientos suicidas, paranoia, y episodios maniacos”, contaba hace unas semanas.
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