Las presiones al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador por la construcción del Tren Maya aumentan y en esta ocasión vienen de sus socios comerciales en el exterior. La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), conformada por especialistas de México, Estados Unidos y Canadá bajo el tratado comercial entre los países, el TMEC, pidió abrir un ”expediente de hechos” sobre el proyecto en la península de Yucatán. El reporte, el cual sería elaborado por la propia CCA, serviría para informar a la población sobre los riesgos e implicaciones ambientales, ante un vacío de información por parte de las autoridades.
En un comunicado publicado este martes, la CCA informó que notificó al Gobierno de López Obrador de su recomendación de emitir tal expediente, ya que la información proporcionada por las autoridades mexicanas no esclarece dudas sobre el cumplimiento de la ley. La decisión está ahora en manos del Consejo de la CCA y solo requiere el voto a favor de dos miembros. “El reporte debe incluir los estudios de impacto ambiental que hacen falta, así como la autorización de cambio de uso de suelo y la implementación del mecanismo de denuncia ciudadana en relación con el proyecto”, explica en su comunicado la Comisión.
La recomendación viene después de que varios grupos ambientalistas, entre ellos Moce Yax Cuxtal, Jaguar Wildlife Center y Sélvame del Tren, emitieran una queja ante el mecanismo del TMEC, con sede en Montreal, Canadá. Los activistas acusan que la construcción del proyecto tendrá un efecto ambiental adverso, ya que se desarrolla en una zona kárstica caracterizada por la presencia de un gran número de fracturas, fallas y cenotes, depresiones cerradas, infiltración rápida de agua, abundancia de cuevas y cavernas y la ausencia de corrientes superficiales.
“Los peticionarios afirman que el Tramo 5 Sur del Tren Maya dañará el ecosistema de la región, particularmente el sistema submarino Sac Actun-Dos Ojos, y se refieren a la falta de aplicación efectiva de la Constitución Mexicana y diversas leyes federales en materia de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), cambio de uso de suelo forestal, protección de la vida silvestre y protección de la calidad del agua”, dice el informe de 28 páginas.
El Secretariado de la CCA aseguró que México envió información solicitada, en donde argumentaban que procesos judiciales o administrativos pendientes, entre ellos varios amparos, han puesto en riesgo la construcción del tramo. El Gobierno también proporcionó información sobre el impacto ambiental y el proceso de autorización de uso de suelo forestal para el proyecto.
Sin embargo, “la CCA concluyó que los procedimientos pendientes no impedían considerar si se ameritaba un expediente de hechos y determinó que un expediente de hechos podría arrojar luz sobre interrogantes centrales que permanecen abiertas con respecto a la aplicación de las leyes pertinentes citadas en la petición. El Secretariado de la CCA finalmente determinó que se amerita la preparación de un expediente de hechos”.
En abril del año pasado, también a petición de grupos conservacionistas, la Comisión recomendó investigar el desplome en la población de la vaquita marina, el mamífero marino más amenazado del planeta, en el golfo de Baja California.
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