La Comisión Europea investigó y acabó avalando que uno de sus antiguos comisarios, el griego Dimitris Avramopoulos, fuera miembro de la junta honoraria de la ONG Fight Impunity cuyo presidente, el exeurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri, está considerado el principal sospechoso del Qatargate, el escándalo de sobornos a eurodiputados y otros funcionarios de la UE a cambio, presuntamente, de favorecer políticas de países como Qatar y Marruecos.
El visto bueno del Ejecutivo europeo, concedido tras recibir a su vez la opinión favorable del Comité Independiente de Ética de la Comisión, se produjo en febrero de 2021, mucho antes de que estallara el Qatargate. E, incluso, de que la justicia belga comenzara a investigar el entorno de Panzeri, preocupada por la posibilidad de injerencia de un tercer país. No obstante, esa aprobación comunitaria evidencia uno de los puntos débiles de los sistemas de control de las instituciones europeas, que han quedado de relieve con este escándalo: los documentos oficiales señalan, por ejemplo, que se sabía que la ONG no estaba inscrita en el registro de transparencia de la Comisión en el momento en que se le dio el visto bueno para que participara a Avramopoulos, comisario de Migración y Asuntos Internos entre 2014 y 2020.
En la decisión que acaba avalando que el griego trabaje para la ONG o que llegue a cobrar un salario por sus actividades “durante un año”, se indica que el excomisario “informó a la Comisión de que planeaba registrarse en cuanto reanudara su presencia física en Bruselas tras la pandemia de covid-19″. Aunque este punto está destacado en la decisión final, nunca después se comprobó que Fight Impunity cumpliera su promesa de inscribirse en el registro, un requisito que, si bien no es obligatorio todavía —algo que la UE quiere cambiar tras el escándalo—, sí está considerado una garantía de transparencia. De hecho, actualmente, hay inscritas 12.411 organizaciones que ejercen tareas de cabildeo en Bruselas, pero la asociación de Panzeri sigue sin constar en el registro.
Todo apunta, además, a que las instituciones europeas ni siquiera tenían constancia de que la ONG, como reveló el diario Le Soir la semana pasada, jamás rindió cuentas tampoco ante las autoridades belgas: de acuerdo con el rotativo que adelantó el Qatargate, aparte del acta constitutiva de Fight Impunity como sociedad sin ánimo de lucro presentada ante notario el 25 de septiembre de 2019, no figura ningún rastro de sus cuentas en los registros belgas, pese a que la ley nacional obliga a que se presenten anualmente.
La decisión de la Comisión sobre Avramopoulos se produjo cuando la ONG estaba ya supuestamente activa desde hacía casi año y medio. El pasado domingo 11, Avramopoulos aseguró en Twitter que, tras conocer de la investigación contra Panzeri, dimitió “de inmediato” de la junta honoraria de Fight Impunity junto con otros dos miembros destacados: la antigua Alta representante para Política Exterior de la UE Federica Mogherini y el exprimer ministro francés Bernard Cazeneuve. Este último aseguró la semana pasada en la emisora Franceinfo que ni siquiera conocía a Panzeri. “No lo he visto en mi vida. Acepté ese papel honorífico hace dos o tres años, pero jamás oí hablar de ellos después. He pedido que se retire mi nombre”, explicó.
Por su parte, Avramopoulos también ha asegurado que ya no estaba vinculado a la ONG. “Tras un año, dejé de participar en la junta. Esta no tenía ninguna función ejecutiva o administrativa”, aseguró el griego a medios de su país, en los que recordó que había pedido permiso a la Comisión para participar en la ONG.
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A pesar de ello, ni su nombre ni el de los otros miembros honorarios, desde Avramopoulos o Mogherini al Premio Nobel de la Paz 2018 Denis Mukwege o la también excomisaria europea italiana Emma Bonino, han sido retirados de la web de Fight Impunity. Por el contrario, ya no constan en ella los integrantes del “equipo de trabajo” de la ONG. Uno de ellos, el también asistente parlamentario Francesco Giorgi, es otro de los imputados por corrupción, blanqueo de dinero y organización criminal junto a Panzeri y a la griega Eva Kaili, pareja de Giorgi y, hasta el lunes pasado, vicepresidenta del Parlamento Europeo.
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