Al mismo tiempo que en el piso 17 de un emblemático hotel de Bogotá decenas de víctimas de la violencia policial ofrecían sus testimonios a un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -y otros ciudadanos lo hacían en Cali y Popayán- representantes de ese órgano de la Organización de Estados Americanos(OEA) recibían de manos del presidente Iván Duque el informe del Gobierno sobre el mes de paro nacional, un documento que detalla casos de saqueos, vandalismo y bloqueos de carreteras. Así comenzó este martes la esperada visita oficial de esta comisión a Colombia para evaluar las denuncias de violaciones a los derechos humanos durante las protestas en Colombia. El estallido social que inició el 28 de abril ha dejado ya medio centenar de muertos, al menos 90 desaparecidos y 2.000 heridos entre civiles y policías.
“En reunión con [la] CIDH enfatizamos en que [el] Gobierno protege la protesta pacífica. Vandalismo y bloqueos no hacen parte de derecho a protestar. En defensa de los derechos ciudadanos debe intervenir ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), de manera proporcional y respetando derechos humanos”, expresó la canciller Marta Lucía Ramírez al término del encuentro de este martes. Los altos funcionarios del Gobierno se reunieron con Antonia Urrejola, la presidenta de la CIDH; María Claudia Pulido, la Secretaria Ejecutiva Adjunta de Monitoreo, Cooperación Técnica y Capacitación, y con Pedro Vaca, el Relator Especial para la Libertad de Expresión.
Más información
“Para nosotros, lo fundamental en esta visita es poder escuchar a todos los sectores, poder tener una visión amplia y comprensiva de lo que ha estado ocurriendo en Colombia en las últimas semanas. A partir de ahí hacer un conjunto de recomendaciones”, dijo Urrejola e indicó que los bloqueos y el derecho a la protesta social también estarán en el centro de los encuentros. El domingo, decenas de personas salieron a las calles aledañas al aeropuerto de Bogotá para darle la bienvenida a la Comisión.
La histórica visita de la CIDH a Colombia se concretó tras el rechazo inicial del Gobierno de Iván Duque, que no la consideró necesaria. Después de recibir críticas de la comunidad internacional y la dimisión de la ministra de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo nombró a la vicepresidenta Ramírez como nueva canciller, lanzó una ofensiva diplomática en Estados Unidos y aceptó la visita de la CIDH, aunque con condiciones. Originalmente se trataba de una visita en terreno, en los lugares en donde se han hecho las denuncias, pero al final se acordó una visita de trabajo más corta y con menos comisionados. Este martes, Duque tuvo una sesión privada con la presidenta de la CIDH y le manifestó su voluntad de dar acceso a toda la información que requieran, informó la canciller.
La delegación se reunió también con el ministro de Defensa, Diego Molano, y el director de Policía, Jorge Vargas. Estas dos instituciones concentran la mayoría de las denuncias de abusos. La policía abrió 160 investigaciones disciplinarias contra sus agentes, pero tanto la oposición como los manifestantes exigen que estos casos no sean investigados por la justicia penal militar y que la institución dependa del Ministerio del Interior y no del de Defensa, ya que la protesta social no debe ser tratada como una guerra. En días recientes, Duque anunció una reforma de ese cuerpo de seguridad que contempla un cambio en su inspección general y un mecanismo para recibir quejas ciudadanas, entre otras medidas. Sin embargo, el presidente mantuvo a la Policía bajo la autoridad del Ministerio de Defensa. “[La CIDH] Agradece el espacio y las informaciones recibidas, que serán analizadas conforme a estándares interamericanos de derechos humanos y su autonomía”, dijo el órgano a través de su cuenta en la red social Twitter.
La llegada de la Comisión ocurre tras seis semanas de protestas y del fallido intento de negociación entre el Gobierno y el Comité Nacional de Paro. Este fin de semana, el comité -integrado por las centrales obreras- se levantó de forma unilateral de las conversaciones y argumentó que el Ejecutivo no está realmente interesado y ha “dilatado, a propósito, la negociación del Pliego de Emergencia”. El Comité exigía que un preacuerdo sobre garantías mínimas para la protesta social pacífica y la eliminación del decreto de asistencia militar. Según sus delegados este se había logrado pero el Ejecutivo cambió de opinión. Por eso -aseguraron- entregarán el documento a la CIDH.
Aunque las manifestaciones han sido mayoritariamente pacíficas, desde su inicio, el 28 de abril, se han denunciado excesos de la fuerza pública, el uso de armas de fuego y otras armas consideradas no letales usadas sin respetar los protocolos, así como la presencia de civiles armados escoltados por agentes que han sido captados en video. La consejera para los DD.HH. del Gobierno, Nancy Patricia Gutiérrez, ha dicho que el mensaje que dieron a la CIDH es que “Colombia no es un país violador de derechos humanos” y que las “dificultades la afrontamos con el sistema de justicia del país”. Para la Canciller, la justicia debe investigar tanto a quienes “de forma minoritaria” han aprovechado la protesta legítima para destruir y saquear; pero también a los miembros de la fuerza pública que “hayan excedido sus funciones o que haya cometido algún tipo de abuso de autoridad o violación de los derechos humanos”. Por ahora, según cifras de la Fiscalía, de las 51 muertes confirmadas con relación a la protesta, solo cuatro homicidios han sido esclarecidos y dos de ellos son investigados por la justicia militar.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.
Source link