La comisión independiente creada por la Conferencia Episcopal Portuguesa para investigar los casos de abusos sexuales a menores, ocurridos a partir de 1950 en el ámbito de la Iglesia, ha recibido 102 denuncias en solo cinco días, según el coordinador de la comisión, el psiquiatra infantil Pedro Strecht. Los testimonios han llegado por correo electrónico o por teléfono.
La Conferencia Episcopal Portuguesa anunció el pasado noviembre la creación de esta comisión para investigar los casos de abusos sexuales que hayan podido cometer en el pasado miembros del clero, o seglares mientras desempeñaban alguna actividad religiosa. Durante el anuncio de la puesta en marcha de este estudio “histórico”, el presidente de los obispos portugueses, José Ornelas, aseguró que la Iglesia “no tiene miedo, sino todo lo contrario” de los resultados que puedan surgir durante la investigación. El anuncio, que fue un giro radical respecto a la estrategia que había mantenido hasta entonces la Iglesia portuguesa de minimizar la pederastia, llegó poco después de la petición pública de 241 católicos de distintos ámbitos, de la magistratura a la cultura, para que se abriese una investigación nacional independiente sobre los abusos sexuales cometidos en los últimos 50 años.
Esta comisión fue presentada el pasado 10 de enero. “No sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero pueden contar con nosotros porque no desistiremos”, proclamó ese día el psiquiatra portugués, autor de una treintena de libros especializados en psiquiatría infantil y juvenil. El calendario que se ha marcado la comisión reserva el primer semestre para la recogida de denuncias y el análisis documental, con la intención de proporcionar un primer informe a finales de este año.
Los abusos que no hayan prescrito serán denunciados ante los tribunales. El Parlamento portugués aprobó el pasado octubre un proyecto de ley para aumentar el plazo de prescripción de los delitos sexuales contra menores hasta los 15 años, que solo empezarán a computar cuando la víctima alcance los 35 y no con la mayoría de edad. En la práctica, permite alargar hasta los 50 años el momento en que la víctima pueda dar el paso de acudir a la justicia para denunciar su caso. Además, si el menor tenía menos de 14 años cuando ocurrieron los abusos, la prescripción será aún más tardía, ya que empezará a contar cuando el afectado cumpla 40 años (en la práctica podría denunciar hasta los 55 años).
El criterio objetivo que ha acordado la comisión para considerar que existe un caso de abuso es el de acto sexual que tiene relevancia jurídico-criminal en el Código Penal. Además del psiquiatra Strecht, integran la comisión la socióloga Ana Nunes de Almeida, el exministro de Justicia, Laborinho Lúcio, el psiquiatra Daniel Sampaio, la terapeuta familiar Filipa Tavares y la cineasta Catarina Vasconcelos.
Los obispos lusos siguen así el camino de sus colegas en Francia, Bélgica y Alemania, donde también se ha escrutado el pasado de la Iglesia en relación con los abusos sexuales.
En España, la Conferencia Episcopal (CEE) asegura que está investigando los 251 casos de abusos que EL PAÍS entregó a su presidente, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, aunque no precisa cómo se realizarán las pesquisas y rechaza crear una comisión independiente. Una vez conocido el dosier de EL PAÍS, el papa Francisco y Omella mantuvieron una conversación. El Vaticano, como acostumbra a hacer cuando las denuncias son tan numerosas y no pertenecen a una sola orden, diócesis o abusador concreto, supervisará a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe todo el proceso que lleve a cabo la Conferencia Episcopal. Roma esperará resultados, que, según su propio código, deberían llegar en no más de tres meses.
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