Andalucía y Murcia mandaron quitanieves a Madrid para ayudar a una región desbordada por el temporal Filomena, pero en el propio territorio madrileño había máquinas de este tipo que no entraron en acción. Al menos nueve que son propiedad de la Comunidad de Madrid permanecieron en sus bases en la sierra. Se encuentran aún a la vista, aparcadas en los centros donde trabajan empleados públicos dedicados a la conservación de las carreteras regionales. En noviembre, la Comunidad entregó esa tarea a dos empresas que operan con sus propias máquinas y personal, de modo que los recursos materiales y humanos de la Comunidad que hicieron esa función hasta la campaña de invierno del año pasado han quedado sin uso. “Ahora ya solo nos dedicamos a quitar rastrojos de los arcenes de la carretera”, dicen trabajadores en una de estas bases, en el municipio de Chapinería.
El desaprovechamiento de estos recursos es una nueva sombra en la gestión de la borrasca Filomena, que ha causado daños de cientos de millones de euros en la región según estimaciones preliminares. Las autoridades de las tres administraciones (local, regional y estatal) han sido criticadas por sus tibios avisos a la población y por la mala preparación de sus recursos para la nevada del viernes 8 de enero, la mayor en la región desde principios del siglo XX.
La Comunidad se preparó para la nevada con 57 máquinas quitanieves y el Ayuntamiento de la capital con otras 66, según sus anuncios del día previo, en los que detallaban sus recursos para inclemencias invernales. Los militares de la UME aportaron otras 16 cuando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso solicitó su ayuda, a las 22.38 del viernes. Días más tarde se sumaron 11 máquinas de Andalucía y 6 de Murcia.
Según un portavoz del Gobierno regional, que corrige la información de una de sus notas de prensa, el mismo jueves 7 de enero sumaron a las 57 que habían anunciado otras tres quitanieves y el martes 12 otras cinco.
Las quitanieves que la Comunidad no utilizó se encuentran en los pueblos de Chapinería, en el oeste de la región, y de Gandullas, en el norte. Cinco están al aire libre en una nave vallada en el primero de estos municipios. No se han movido desde la campaña invernal 2019-2020. Tienen su depósito de sal montado en la parte trasera y en el frontal la placa donde son acopladas las cuchillas. Estas están desmontadas, sobre el suelo en un rincón de la nave. Junto a los camiones hay una vieja motoniveladora, un vehículo quitanieves de seis ruedas que también permaneció aparcado durante la nevada. Otras cuatro quitanieves en la base de Gandullas tampoco han sido usadas.
Los trabajadores de estas dos bases tampoco participaron en el operativo de limpieza de Filomena, lo que consideran un desaprovechamiento de recursos públicos ya que ellos han seguido cobrando su sueldo.
Privatización gradual
La conservación de las carreteras madrileñas es una tarea que ha sido privatizada gradualmente desde mediados de los noventa. La Comunidad de Madrid paga 25 millones al año a siete empresas que actúan en nueve áreas de la región. Las empresas son Aceinsa, Durantia, Viabal, Reynober, Obras Y Servicios Sgasa y una unión temporal de las empresas Ferrovial y Cespa.
Las dos últimas zonas donde operaban trabajadores públicos eran Chapinería y Gandullas, cuya gestión ha sido concedida respectivamente a Aceinsa (por 363.000 euros al año) y la UTE de Ferrovial y Cespa (por 428.000 euros al año). A finales de octubre el director general de Carreteras, Francisco Javier Abajo Dávila, convocó a los trabajadores en el primero de esos pueblos para darles la noticia de que el servicio en sus zonas iba a ser privatizado y ellos serían recolocados haciendo otras tareas, como por ejemplo vigilancia de carreteras.
El trabajo ahora cedido a empresas incluye la campaña de invierno, la limpieza de accidentes, la colocación de hitos y señales o el pintado de las carreteras. Para la plantilla de conductores de la Consejería de Transportes, apuntarse a la campaña invernal de seis meses era un plus salarial de unos 10.000 euros al año. Era un trabajo que en esas dos zonas hacían unos 50 trabajadores públicos entrenados tras superar cursos para manejar quitanieves. Según les ha dicho la Comunidad las empresas harán ese trabajo por menos coste. Los sindicatos lo niegan.
Los trabajadores se temían que más pronto que tarde la Comunidad iba a ceder el trabajo a empresas privadas porque durante años han visto cómo el servicio público era descuidado. El edificio de Chapinería tiene aún el viejo logo usado en los primeros años de la presidenta Esperanza Aguirre, “Madrid la suma de todos”, y hace años que el Gobierno regional no contrata a más trabajadores.
“Es la táctica de siempre. Vas abandonándonos poco a poco y luego te inventas que no tienes personal como excusa para privatizarlo”, protesta uno de los conductores de la plantilla pública, Francisco Fadrique, que a su vez es portavoz del sindicato Cobas.
Un portavoz de la Consejería de Transportes dice que la externalización no ha supuesto una reducción de medios con respecto a la campaña del año pasado cuando hubo 57 máquinas quitanieves. Añade que las máquinas de las contratas son más modernas que las que tiene la Comunidad en sus bases de Chapinería y Gandullas. “Al haber sido retiradas del servicio y no estar incluidas en el dispositivo, estas máquinas no están operativas y tienen pendientes revisiones, mantenimientos y renovaciones de ITV para poder entrar en funcionamiento”, dice el portavoz. “Además, una de las quitanieves y la motoniveladora se encuentran en desuso desde hace al menos seis años”.
Varios trabajadores consultados, que piden anonimato para evitar represalias, aseguran que todas las máquinas quitanieves funcionan bien. Las cinco quitanieves de Chapinería tenían pendientes sus ITV entre abril y octubre de 2020. Creen que si el Gobierno regional hubiera actuado rápido podrían haber superado la revisión y estar listas para el temporal. “Hasta el año pasado estuvimos utilizándolas sin problema”, dice una persona del equipo. “Estábamos preparados pero no nos llamaron”.
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