“¿Por qué te fuiste de Siria? ¿No te gusta Bachar al Asad?”, inquirió a Noor un agente de seguridad cuando regresaba desde el exilio en Líbano. “Eres una terrorista y Siria no es un hotel del que puedas entrar y salir a tu antojo”, le espetó en la frontera. El agente la violó después en la misma sala de interrogatorios y después forzó también a su hija de cinco años. Decenas de refugiados que han retornado a Siria han sufrido detenciones arbitrarias torturas, violencia sexual, han muerto tras ser detenidos o han sido dados por desaparecidos. Mientras algunos países europeos –como Dinamarca– plantean la vuelta de los refugiados a zonas del país árabe consideradas seguras y sin actividad bélica, Amnistía Internacional (AI) ha documentado un amplio memorial de abusos en la investigación You’re going to your death (Vas hacia tu muerte), hecha pública este martes.
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Las indagaciones sobre las violaciones de los derechos humanos de, entre otras muchas, 66 personas retornadas, incluidos 13 niños, comprenden también cinco muertes bajo custodia de las fuerzas de seguridad y 17 casos de los que se ignora el paradero de los detenidos. Habían vuelto a su país desde Líbano, Jordania, Turquía, Alemania Francia y Emiratos Árabes Unidos entre 2017 y 2021. La investigación se ha basado en entrevistas con exiliados retornados y sus familiares y amigos, así como juristas, cooperantes y expertos en Siria. Todos los nombres utilizados en el informe son ficticios para proteger la identidad de los declarantes.
Violaciones y torturas
“Has venido a arruinar el país y a completar lo que iniciaste antes de irte”, interrogó a Karim un agente de seguridad también en un puesto fronterizo de la frontera libanesa, donde fue detenido y torturado. “Le dije que volvía a mi patria, a mi pueblo, pero me dijeron que soy un terrorista porque procedo de [una conocida localidad partidaria de la oposición, no identificada por seguridad]”, reza su testimonio ante los investigadores de Amnistía Internacional. “Estuve cinco meses sin poder ver a nadie cuando salí. Tenía pesadillas, alucinaciones”, detalla su relato sobre más de medio año de torturas. Karim ha sufrido daños incapacitantes en la mano derecha y lesiones en la columna vertebral.
El Gobierno de Dinamarca revocó en abril el permiso de residencia de más de 200 refugiados sirios, con el argumento de que hay regiones en Siria que son lo bastante seguras como para garantizar su retorno después de que las tropas del presidente Bachar el Asad, respaldadas pro Rusia e Irán, hayan recuperado el control de más del 70% del territorio nacional. El cese de hostilidades impuesto por la pandemia a lo largo de año y medio no se ha mantenido en las últimas semanas, sin embargo, en la conflictiva provincia de Deraa, al sur el país, donde estalló en 2011 la protesta popular contra el régimen que encendió la mecha de una guerra civil con repercusiones internacionales.
“Las hostilidades militares pueden haber disminuido [en algunas zonas], pero las torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias que obligaron a muchas personas a solicitar asilo aún son habituales en Siria”, sostiene Marie Forestier, investigadora de AI sobre derechos de personas refugiadas y migrantes. “Todo gobierno que afirme que Siria es ahora un país seguro está ignorando deliberadamente la terrible realidad sobre el terreno”, advierte.
Ibrahim declaró a Amnistía Internacional que su primo y su familia –su esposa y tres hijos, de ocho, cuatro y dos años– fueron detenidos en Siria al regresar desde Francia en 2019. Desde entonces sigue sin tener noticia de sus familiares, cuya desaparición forzada denuncia. “Ninguna parte de Siria es segura”, recalca el informe de AI, a pesar de que las autoridades sirias están alentando públicamente el retorno de los refugiados.
“Ninguna parte de Siria es segura”, recalca el informe
“Los gobiernos de Líbano, Turquía y Jordania”, que concentran a la mayor parte de los exiliados en Estados fronterizos, subraya la investigación, “deben proteger a los sirios de la deportación o de cualquier otra devolución forzada, de acuerdo con sus obligaciones internacionales”, defiende la organización humanitaria internacional.
Junto a Dinamarca, países como Suecia han revisado los permisos de residencia de solicitantes de asilo procedentes de regiones sirias consideradas seguras, como la capital y su zona rural. “Un tercio de los casos documentados implican violaciones de derechos humanos cometidas en Damasco o su provincia”, puntualiza Amnistía Internacional.
El Gobierno danés ha replicado a las críticas de organismos europeos y de la ONU que su objetivo es desincentivar la llegada de refugiados ante la “insostenible situación del sistema de asilo” de los 35.000 exiliados sirios, de los que más de 20.000 llegaron en la oleada masiva de 2015. Los que han sido seleccionados para su repatriación a zonas seguras pueden acabar en un centro de deportación y perder el permiso de trabajo.
Ismail, que estuvo detenido en cuatro secciones distintas de los servicios de inteligencia durante tres meses y medio a su regreso a Siria, relata su calvario con crudeza. “Me aplicaron descargas eléctricas entre los ojos. Sentí que todo mi cerebro se agitaba. Deseé la muerte”, describe en un su testimonio las torturas que sufrió. Las personas refugiadas temen por su vida si se ven forzadas a retornar a territorios bajo control del régimen de Damasco, concluye Amnistía Internacional.
Huida tras la batalla de Deraa
Tras un efímero acuerdo de alto el fuego, las fuerzas sirias han reanudado esta semana los ataques contra el distrito de Al Balad de la ciudad meridional siria de Deraa, según informa el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que cuenta con informantes sobre el terreno. Después de dos meses de asedio, más de 50.000 civiles han huido de la urbe, que permaneció en manos de los insurgentes desde 2011 hasta 2018, cuando se alcanzó un acuerdo de capitulación.
Las tropas gubernamentales aceptaron a cambio no tomar el control de Deraa Al Balad y dejarlo en manos de civiles. Hasta ahora. Miles de combatientes y sus familias se han negado a ser desplazados por la fuerza hasta la provincia de Idlib, último bastión insurrecto en el noreste del país, y exigen a poder salir con seguridad por las fronteras de Turquía o Jordania.
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