Las elecciones son, desde hace años, la principal fuente de desestabilización política de Venezuela. Esta paradoja ilustra la gravedad de la crisis institucional del país y demuestra que el terreno de la confrontación ha trascendido los cauces de la normalidad. La brecha entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición al chavismo se ha profundizado ahora por la convocatoria sin consenso de unas legislativas que renovarán la Asamblea Nacional, dominada por las fuerzas que apoyan a Juan Guaidó, que se niegan a participar. La cita, fijada para el 6 de diciembre, involucra también a instancias como la Unión Europea y la Iglesia católica, que pese a los intentos de mediación no han logrado aún un acercamiento entre las partes.
Ante cada votación el guion se repite: el régimen diseña unos comicios controlados por el aparato chavista, y los partidos opositores se niegan a participar por la falta de garantías. A la convulsión económica permanente se añaden desde hace meses la emergencia sanitaria del coronavirus y la paralización del país, que se encamina hacia un callejón sin salida. Bruselas, sin embargo, dio la semana pasada una señal importante. Es decir, pese al profundo pesimismo, la Unión Europea aún no lo ha dado todo por perdido.
Josep Borrell, alto representante para Asuntos Exteriores, estableció contactos con dirigentes del chavismo y de la oposición para tratar de acordar unas condiciones mínimas y convocar unas elecciones aceptadas por todos. El jefe de la diplomacia europea comunicó al Gobierno los requisitos mínimos fijados por la oposición. Según una declaración de su oficina, se trataba de la revisión del Consejo Nacional Electoral —designado en junio, de forma unilateral, por el Tribunal Supremo de Justicia próximo al oficialismo—, de “la participación en pie de igualdad de todos los partidos políticos y de sus líderes cuya descalificación y persecución deben cesar, así como la observación electoral internacional”.
Con todo, la posible mediación se ha quedado de momento en un enésimo intento frustrado. El pasado 2 de agosto la mayoría de las fuerzas opositoras, un bloque de 27 organizaciones, muchas de ellas con una presencia testimonial, anunciaron su rechazo al proceso electoral. Ante esa decisión, Borrell concluyó “que no se cumplen las condiciones, en esta etapa, para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y justo”. Como vía alternativa el alto representante propone a las partes extender los plazos de una elección ya prevista para este año, pero que se está preparando a contrarreloj, en medio de la pandemia, con los contagios en pleno crecimiento y un sistema de salud colapsado.
Esa posibilidad, reclamada incluso por sectores antichavistas que en los últimos meses se han mostrado críticos con la estrategia de Guaidó y Leopoldo López, como el excandidato presidencial Henrique Capriles, daría un tiempo extra para lograr mejores condiciones. Aun así, el entorno del jefe del Parlamento, reconocido como presidente interino por casi 60 países, quiere empezar de cero. Es decir, primero con el nombramiento una la autoridad electoral por parte de la Asamblea Nacional, como establece la Constitución. En segundo lugar, volviendo a reconocer a los dirigentes y candidatos de tres de las principales fuerzas opositoras desmanteladas de facto por la justicia: Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular. Y en tercer lugar, con la organización a medio plazo de unas elecciones presidenciales para zanjar la crisis institucional que se originó en 2018, cuando Maduro fue reelegido en unos comicios que sus rivales no reconocen por considerarlos fraudulentos.
Según Bruselas, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, les comunicó la disposición de aceptar una dilatación de los plazos, de acuerdo con un sector de la oposición. Sin embargo, para Borrell no sería una concesión suficiente para que la Unión Europea pueda desplegar una misión de observación electoral avalando así la convocatoria. “Para ello, necesitamos una respuesta precisa y ampliamente positiva a los requisitos mínimos definidos por la oposición”. El juego sigue estancado, por lo que el diplomático convocará a una nueva reunión del llamado Grupo de Contacto Internacional auspiciado por la UE, al que recientemente se sumó también Argentina.
“Hasta el último momento”
A pesar de las dificultades, en definitiva, los actores internacionales no han renunciado a buscar una salida. “Nosotros pensamos que hay que impulsar que las partes venezolanas puedan hasta el último momento ver si se pueden celebrar estas elecciones en condiciones democráticas, y queremos privilegiar eso por encima de todo”, indicó este fin de semana la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, durante una visita República Dominicana, informa Efe.
Maduro lleva desde septiembre del año pasado tratando de construir una oposición más dócil, casi a medida, y por ahora lo ha conseguido con un sector minoritario reunido en la Mesa de Diálogo Nacional. En esta instancia, algunos partidos pactaron un acercamiento con el régimen, mientras naufragaba la negociación auspiciada por Noruega y Barbados con la representación de Guaidó. Una misión diplomática enviada por Oslo viajó de nuevo a Caracas a finales de julio para estudiar si se dan las condiciones para ensayar una negociación. Pero el líder opositor descartó de plano esa posibilidad y supeditó el diálogo a la celebración de unas elecciones “libres y justas”.
En los últimos días también la Iglesia católica ha vuelto a entrar en la ecuación. La Conferencia Episcopal Venezolana critica con dureza al Gobierno por cerrar la puerta a una competición leal, pero también cuestiona sin matices a actitud de la oposición y su decisión de abstenerse. “Esto no basta. Deben asumir la responsabilidad de buscar salidas y propuestas para el pueblo que durante años ha creído en ellos, pues la sola abstención hará crecer la profunda fractura político-social en el país y la desesperanza ante el futuro”, señalan los obispos venezolanos. “No participar en las elecciones parlamentarias y el llamado a la abstención lleva a la inmovilización, al abandono de la acción política y a renunciar a mostrar las propias fuerzas”, concluye la conferencia episcopal.
Sin embargo, Guaidó opta por jugar a corto plazo reiterando su negativa a participar en unos comicios que supondrían el fin de su mandato en el Parlamento y lo apartarían las instituciones. Y como siempre esgrimen su principal apoyo, esto es, la comunidad internacional. “Ya la farsa convocada por la dictadura para tratar de usurpar el Parlamento está derrotada política e internacionalmente. Hoy nuestra decisión es acompañada por países de Europa, América, Asia y Oceanía e instancias como la Unión Europea, Grupo de Lima y Grupo de Contacto”, afirmó el viernes en sus redes sociales. Ese respaldo es importante, pero no ha logrado todavía una salida. La parálisis continúa mientras todos tienen los ojos puestos también en las presidenciales de Estados Unidos, una cita como siempre decisiva para la definición de los equilibrios políticos de la región.
Casi la mitad, dispuesta a votar sin Guaidó
Una encuesta realizada en julio por la Universidad Católica Andrés Bello, un centro privado, y la firma Delphos refleja que la mayoría de los venezolanos sigue favorable al voto en las elecciones legislativas de diciembre, aunque califique negativamente al árbitro, el Consejo Nacional Electoral, y desconfíe de ese organismo. Según el estudio de opinión, el 62,3% cree que la oposición debe participar y el 46,6% de los votantes antichavistas iría a las urnas incluso si Juan Guaidó, presidente del Parlamento, finalmente no participa. Solo el 35,4% de los encuestados estaría dispuesto a protestar como herramienta de resistencia para un lograr un cambio de Gobierno. Pero esa vía no solo no fue la principal opción alentada por los dirigentes de la oposición, especialmente durante el año pasado y no funcionó, sino que ahora, con medidas de confinamiento estrictas por el coronavirus y un horizonte de evolución de la pandemia incierto, resultaría una estrategia dudosa y probablemente condenada al fracaso.
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