Ninguna Democracia puede consolidarse plenamente sin un sistema integral de justicia que garantice la vigencia plena del Estado de Derecho. Y es que, en democracia -si se asume una perspectiva weberiana de lo legal- es lo legítimo, pues las leyes, su interpretación y su aplicación obedecen, en su origen, a la representación popular en el Congreso; y en su interpretación y aplicación, a la división republicana de los Poderes, en la que las Cortes fungen como instituciones de control de la constitucionalidad, pero también como eje vertebrador de la impartición de justicia.
Este es el debate que se ha generado en las últimas semanas en México, a partir de la propuesta de ampliación del periodo de gestión del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que ya fue aprobada por las dos Cámaras del Congreso de la Unión, pero ante la cual todo parece indicar que habrá de interponerse un recurso de inconstitucionalidad.
La disputa por la autonomía de la Corte, porque eso es lo que aún se encuentra en juego en México, ha opacado el conjunto de elementos virtuosos que se lograron mediante la reforma de la Ley del Poder Judicial de la Federación: mayores capacidades para la defensoría pública; mayor control al nepotismo; mayor profesionalización de jueces y magistrados; y otros elementos no menos importantes.
El Ministro Arturo Zaldívar ha emitido su posición; en su texto, el cual deja lugar y puertas abiertas para las ambigüedades e interpretaciones encontradas, sostiene que ejercerá el cargo para el cual fue elegido por sus pares, y que, si llegase a decretarse como Constitucional la reforma aprobada por el Congreso, tomará una decisión a conciencia.
La carta del Ministro ha sido leída por varios sectores de la opinión pública como correcta en un sentido institucional: como presidente de la Corte debe respetar todo el proceso que marca la Constitución para el desahogo de un recurso como el que habrá de interponerse.
Sin embargo, el Ministro Zaldívar no puede obviar que estamos ante un debate político sin precedentes en la historia reciente del país; y que una posición firme de rechazo a la iniciativa hubiese frenado la propuesta en Cámara de Diputados, y el debate se hubiese centrado estrictamente en el contenido de la Ley y sus virtudes para el Poder Judicial.
Preocupa sobre todo que, ante el debate que se dio en la Cámara de Diputados, el presidente de la SCJN no tenga una posición determinante, máxime que esto se da con la aprobación de una mayoría liderada por un diputado que abiertamente sostiene que “sobre el derecho, debe optarse por la justicia”, porque el primero es cosa de “conservadores” y la segunda, de “los progresistas”.
Es una falacia que el asunto debe resolverse sólo a través del análisis técnico de la Ley y de la Constitución; porque éstas son, como lo habría mostrado Lasalle, resultado de los pactos jurídico-político fundamentales de una sociedad; y lo que está construyéndose acá es la posibilidad, o no, de que sean las instituciones y no personalidades individuales, las que se conviertan en garantes y artífices de la constante actualización y reforma de nuestro orden jurídico nacional.
Por lo anterior, se puede sostener que el argumento que ha esgrimido el presidente de la Corte, respecto de que no se pronuncia definitivamente sobre el tema, porque eso podría polarizar aún más al país, resulta contradictorio; porque es precisamente su silencio, y el de las y los otros Ministros, el que ha llevado a una mayor tensión política en todo el país.
Debemos romper con la lógica maquiavélica relativa a que los “buenos fines” justifican prácticamente cualquier medio, porque en las manos equivocadas, su texto de El Príncipe se convierte, como alertaba Bertrand Russell, en un auténtico manual para gangsters.
La historia está llena de ejemplo de reformas que buscan el beneficio de una persona o de un grupo de poder; pero también hay casos excepcionales de grandes reformadores, quienes han puesto como condición para reformar y reconciliar a sus sociedades, retirarse inmediatamente después de llevada a cabo la transformación constitucional, pues su idea es poner al servicio de sus Estados su liderazgo político, moral e intelectual, pero jamás servirse de ellos.
Ejemplos notabilísimos de lo anterior son Solón, Pericles y Licurgo, quienes en la Grecia antigua lideraron grandes reformas políticas, para retirarse con la mayor honra del reconocimiento de todos sus conciudadanos por el servicio prestado a su patria.
Sobre Licurgo, destaca que, al haber liderado la reforma de la Constitución espartana, comentó con sus pares que al terminar y estar vigente el nuevo texto, emprendería un largo viaje; por lo que les hizo jurar ante los dioses que cumplirían con la Constitución al menos hasta su regreso. Así lo hicieron y, cuenta la leyenda, que una vez vigente la nueva Constitución, Licurgo salió de Esparta, y una vez fuera de la ciudad, se suicidó, a fin de que la Ley de Esparta se cumpliera eternamente.
Nadie espera que el Ministro Zaldívar se inmole ni lleve a cabo un acto heroico de esa magnitud; pero sí que, como lo sostuvo el diputado Muñoz Ledo, se ponga del lado de la democracia, en la bifurcación que se ha abierto entre el sendero de la legalidad y la libertad, y el sendero del autoritarismo y el uso faccioso del poder.
Por otro lado, si algo quedó claro en la Cámara de Diputados en la sesión del 22 de abril, es la orfandad política y moral en que se encuentran los llamados partidos de oposición; y también que algo es de lamentarse, es que haya tan pocas voces como las del diputado Muñoz Ledo, capaces de convertirse en diques de contención de las peores prácticas de “mayoriteo” legislativo que prevalecen en el Congreso mexicano.
La democracia mexicana es muy joven. Su construcción ha tomado décadas y el esfuerzo y convicción patriótica de numerosas personalidades: Cuauhtémoc Cárdenas, Heberto Castillo, Ifigenia Martínez, Gilberto Rincón Gallardo, Rosario Ibarra; y muchos nombres más, que en épocas recientes han aportado enormidades a la construcción de instituciones democráticas y democratizadoras de la vida pública del país.
Es sabido que ni la democracia ni las libertades están garantizadas para siempre; que hay que defenderlas; y que es sólo a través de una deliberación pública de altura, intelectual y éticamente sustentadas, como puede darse cause al pluralismo democrático y garantizar que las leyes serán siempre, de aplicación general, y siempre progresistas en el sentido de constituir las bases para la ampliación constante de las libertades.
Un Congreso deliberativo, donde prive la razón y no el pensamiento único; y una Corte comprometida con una justicia centrada en las víctimas, son indispensables para un país lleno de fosas clandestinas, asesinatos, pobreza y desigualdades por todas partes. Eso es nada menos lo que tienen en las manos, y eso es lo que no pueden tirar por la borda en aras de agradar al poderoso.
Investigador del PUED-UNAM
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