La Corte Suprema anuló un fallo anterior que encontró que el ex presidente Trump violó la Primera Enmienda al bloquear a sus enemigos de Twitter.
El fallo fue confirmado por un tribunal de apelaciones federal de Manhattan en 2019, que consideró inconstitucionales las acciones de Trump. El tribunal determinó que debido a que Trump usó Twitter para “realizar asuntos oficiales” e interactuar con el público, su decisión de bloquear a los usuarios estaba en contra de la Primera Enmienda.
“… La Primera Enmienda no permite que un funcionario público que utiliza una cuenta de redes sociales para todo tipo de propósitos oficiales excluya a personas de un diálogo en línea que de otro modo sería abierto porque expresaron opiniones con las que el funcionario no está de acuerdo”, escribió un trío de jueces en ese decisión.
La decisión de la Corte Suprema de anular el fallo anterior no es una sorpresa total: Trump ya no es presidente y está excluido de Twitter de por vida en este momento.
Lo que fue inesperado fue una opinión adjunta emitida por el juez de la Corte Suprema Clarence Thomas que empujó mucho más allá del tema en cuestión hacia nuevas críticas a las principales plataformas tecnológicas.
Thomas se alejó del comportamiento de Trump en Twitter en la opinión de 12 páginas, argumentando que los poderes de moderación de las plataformas digitales como Twitter y Facebook son el verdadero problema. “Si el objetivo es asegurar que el habla no sea sofocada, entonces la preocupación más evidente deben ser forzosamente las propias plataformas digitales dominantes”, escribió Thomas.
Continuó planteando preocupaciones sobre el “control concentrado” de las plataformas digitales por parte de un puñado de tomadores de decisiones, argumentando que las plataformas digitales ejercen demasiado poder al tomar decisiones con moderación. “Al igual que con una utilidad de comunicaciones, esta concentración le da a algunas plataformas digitales un enorme control sobre el habla”, escribió Thomas.
La opinión de Thomas el lunes se hizo eco de sus argumentos anteriores de que las protecciones conferidas a las plataformas digitales por la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones deberían “reducirse” e interpretarse de manera mucho más estricta.
Con los demócratas al volante en el Congreso, algunos republicanos han desplazado sus críticas a la gran tecnología de sus poderes de moderación hacia otros temas, como la forma en que esos servicios afectan la salud mental. Pero el conjunto de quejas suscitadas en el transcurso de los cuatro años de Trump en el cargo sigue vivo en el juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas.
En enero, la esposa de Thomas, Ginni Thomas, una ferviente partidaria de Trump, enfrentó críticas por animar a la multitud pro-Trump que invadió violentamente el Capitolio de Estados Unidos.
A Thomas no se le unieron otros jueces en su opinión, pero su interés en las decisiones de moderación de la tecnología es una señal de que el problema está lejos de estar muerto.
“Pronto no tendremos más remedio que abordar cómo se aplican nuestras doctrinas legales a la infraestructura de información privada altamente concentrada, como las plataformas digitales”, advirtió.
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