WASHINGTON DC— La Corte Suprema permitió el martes que el Título 42, una controversial política de inmigración de la era Trump implantada cuando estalló la pandemia del COVID-19 para expulsar rápidamente a los solicitantes de asilo en la frontera, siguiera vigente, poniendo el fallo de un juez que habría terminado la semana pasada en sostener.
En un fallo, la corte votó 5-4 para conceder una solicitud de emergencia de 19 fiscales generales estatales republicanos que intentaron intervenir en defensa de la política.
La decisión pone en suspenso un fallo del juez federal de distrito Emmet Sullivan, con sede en Washington, quien dijo que la puesta en práctica de la política por parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades fue “arbitraria y caprichosa”. El fallo de Sullivan debía entrar en vigor el 21 de diciembre.
Pero, un grupo de estados de tendencia conservadora recurrieron a la Corte Suprema para evitar que se eliminaran dichos límites, advirtiendo de que un aumento de la inmigración afectaría los servicios públicos y causaría una “calamidad sin precedentes”.
El Título 42 está fuertemente respaldado por los republicanos alarmados por la cantidad de personas que cruzan la frontera sur y se opone a los grupos de derechos de los inmigrantes, que dicen que es inhumano.
Algunos demócratas, incluido el senador de Virginia Occidental Joe Manchin, han expresado su apoyo para que se mantenga al menos temporalmente. Otro demócrata, el gobernador de California Gavin Newsom, advirtió que el sistema para manejar a los inmigrantes que buscan asilo se “romperá” si se pone fin al Título 42.
La Corte Suprema también acordó escuchar los argumentos orales y decidir si los estados pueden intervenir, con una decisión prevista para fines de junio.
ACLU: “ESTAMOS PROFUNDAMENTE DECPCIONADOS” ANTE DECISIÓN
“Estamos profundamente decepcionados por todos los solicitantes de asilo desesperados que seguirán sufriendo a causa del Título 42, pero seguiremos luchando para acabar finalmente con la política”, dijo Lee Gelernt, un abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que había estado discutiendo poner fin al uso del Título 42.
Defensores de los inmigrantes interpusieron una demanda para poner fin a la aplicación del Título 42. Dijeron que la política va en contra de las obligaciones estadounidenses e internacionales con las personas que huyen de la persecución. También han argumentado que la política es obsoleta debido a la mejoría en los tratamientos contra el COVID-19.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, que se ocupa de los asuntos de emergencia que llegan de las cortes federales de la capital del país, dictó una suspensión para dar tiempo a la corte a examinar más a fondo los argumentos de ambas partes.
El gobierno federal pidió a la Corte Suprema que rechazara la postura de los estados, aunque también reconoció que poner fin a las restricciones de forma abrupta probablemente provocaría “trastornos y un aumento temporal de los cruces ilegales de la frontera”.
La decisión de la Corte Suprema se produce en un momento en el que miles de migrantes se han congregado en el lado mexicano de la frontera, llenando los albergues y preocupando a los activistas que se esmeran por encontrar la forma de atenderlos.
QUÉ ES EL TÍTULO 42 Y A QUIÉNES AFECTA
El Título 42 entró en vigor en marzo de 2020, bajo el mandato del republicano Donald Trump, y ha permitido en este tiempo la expulsión acelerada de más de 2.7 millones de migrantes, la mayoría desde la frontera con México por motivo de evitar la propagación de COVID-19.
Las restricciones a menudo se denominan Título 42 en referencia a una ley de salud pública de 1944.
Muchas nacionalidades y grupos demográficos han quedado exentos de la política, incluidos los niños que viajan solos y algunas nacionalidades cuyos países se niegan a repatriarlos, como Cuba, Nicaragua y, hasta hace poco, Venezuela.
Tras su levantamiento estaba previsto que se aplicara el Título 8, que permite a los migrantes solicitar asilo en los puertos de entrada y da la potestad al Gobierno para deportar e incluso imponer penas a quienes no cumplan con los requisitos y sean considerados inadmisibles.
La decisión del gobierno de Biden de mantener el Título 42 ha sido ampliamente criticada por organizaciones en defensa de los derechos humanos, que la califican de ilegal ya que evita que la gran mayoría de personas que desean solicitar asilo en la frontera puedan hacerlo.
Se trata de una polémica medida migratoria.
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