WASHINGTON DC – La Corte Suprema de Estados Unidos dijo este viernes que ya no se interpondrá en el camino de una política del gobierno de Biden bloqueada desde hace tiempo para dar prioridad a la deportación de los inmigrantes que se considera que representan el mayor riesgo para la seguridad pública o que fueron detenidos en la frontera.
En una decisión por 8 votos a 1, los jueces rechazaron la impugnación de dos fiscales generales republicanos a una política que, según el gobierno federal, reconoce que no hay suficiente dinero ni personal para deportar a los cerca de 11 millones de personas que se encuentran sin documentos en EEUU.
Los dos estados, Louisiana y Texas, habían argumentado que la ley federal de inmigración obliga a las autoridades a detener y deportar incluso a quienes suponen un riesgo escaso o nulo.
El juez Brett Kavanaugh, autor de la opinión mayoritaria, calificó la demanda presentada por Texas y Louisiana de “extraordinariamente inusual.”
“Quieren que un tribunal federal ordene al poder ejecutivo que modifique sus políticas de detención para realizar más arrestos”, escribió Kavanaugh. “Los tribunales federales no han acogido tradicionalmente ese tipo de demandas; de hecho, los estados no citan ningún precedente de una demanda como esta”.
En el centro del caso está una directiva de septiembre de 2021 del Departamento de Seguridad Nacional que pausó las deportaciones a menos que los individuos hubieran cometido actos de terrorismo, espionaje o “amenazas atroces a la seguridad pública.”
La orientación, emitida después de que Joe Biden se convirtiera en presidente, actualizó una política de la era Trump para expulsar a las personas que se encontraban sin documentos en el país, independientemente de sus antecedentes penales o vínculos con la comunidad.
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