La crisis abierta en Ciudadanos por la debacle en las elecciones catalanas ha llevado al partido del vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, a intentar marcar perfil propio en el Gobierno de coalición de la Comunidad de Madrid. En las dos últimas semanas, el vicepresidente regional ha patrocinado una ley de igualdad sin que lo supiera Isabel Díaz Ayuso; ha propuesto la libre circulación por España de los vacunados sin avisar a la presidenta; ha pedido la dimisión de dos gestores sanitarios defendidos por su socio; y se ha desplazado a una visita institucional a Andalucía. El PP tilda de impredecible a su socio, aunque defiende la consistencia de la alianza gubernamental. “Algún tanto hay que apuntarse”, contraponen desde Cs.
“Es el momento de nuevas ideas, pero también (de) fusiones”. La reacción de Díaz Ayuso al mal resultado de Cs y PP en las elecciones catalanas (seis y tres diputados, respectivamente) fue interpretada inmediatamente como una maniobra de presión a Aguado. “El centro político tiene nombre y apellidos, Ciudadanos, y no está en venta”, contestó el vicepresidente con el resultado de los comicios aún caliente. Desde entonces, el socio minoritario del Ejecutivo fuerza la máquina para hacerse notar. Si Aguado ya sorprendió al PP antes de las elecciones catalanas, cuando presentó un plan de rescate con 1.000 millones en ayudas sin esperar a Díaz Ayuso, el desconcierto se ha multiplicado ahora, cuando parece amenazada la propia supervivencia electoral del proyecto de Cs.
“Imposible saber qué les pasa, acostumbran a no informar de sus actos o proyectos”, resume una fuente gubernamental del PP.
“Algún tanto hay que apuntarse”, contrapone otra de Cs.
Campo de batalla electoral
La Comunidad de Madrid se ha convertido en el campo de batalla electoral donde se enfrentan PP, Cs y Vox para dirimir quién manda en la derecha. En ese contexto, Aguado es el barón con más peso en el partido de Inés Arrimadas, y ha intentado en las últimas semanas liderar debates de calado nacional, como el de si sería posible la libre circulación de los vacunados; impulsar una agenda legislativa propia, con una ley de igualdad; o distinguirse de su socio gubernamental en el conflicto abierto entre el Ejecutivo y Telemadrid por la financiación del ente, con la defensa de la autonomía del ente público.
Además, el líder de Cs ha chocado frontalmente con la consejería de Sanidad, que dirige el PP. Primero, anunció un calendario de vacunación para los mayores de 80 años que fue desmentido, a través de un tuit, por el viceconsejero, Antonio Zapatero. Y luego pidió dos destituciones en contra del criterio del PP: la de la gerente del hospital de Alcalá de Henares, por abogar por retirar los teléfonos a los enfermos para que no pudieran negarse a ir al hospital Isabel Zendal, y la del responsable del Clínico San Carlos, por la vacunación de jubilados del hospital. Ambos siguen en sus puestos.
El cóctel de desencuentros constantes, sin embargo, no ha hecho temblar los cimientos de la coalición, ni ha alentado el fantasma de una moción de censura en la que Cs se sume a la izquierda, según una fuente de la confianza de Díaz Ayuso. Lo que sí está claro es que ha llenado de incógnitas la negociación de los Presupuestos con Vox, según reconoció con ironía la portavoz del partido de extrema derecha, Rocío Monasterio: “El día que llegue a un acuerdo tendré mucho mérito, porque habré puesto de acuerdo a la presidenta, al vicepresidente, y a Vox”.
Negociación presupuestaria en la recta final
Con la negociación presupuestaria entre el PP y Vox en la recta final, según fuentes conocedoras de las conversaciones, las dos partes esperan que Cs no ponga problemas. Tanto Javier Fernández Lasquetty, el consejero de Hacienda, como Monasterio, la contraparte negociadora, recuerdan que Aguado reventó en marzo de 2020 el pacto para sacar adelante una rebaja fiscal en la Asamblea. Cs no aceptó un recorte proporcional en subvenciones y ayudas. Es seguro que el socio minoritario del Ejecutivo querrá dejar su sello en las cuentas, y que medirá al céntimo la versión final del plan de rescate de 1.000 millones que impulsó Aguado.
“Un gobierno de coalición no es un ejército”, deslizó el líder de Cs el viernes pasado, durante una entrevista en Canal Sur. “No estoy con la calculadora de votos cada vez que tomo decisiones (…) Lo que pase a nivel electoral, ya lo veremos”, siguió. Y argumentó: “En los gobiernos de coalición, normalmente al partido que preside se le da un trato distinto, tiene más presencia. Es más difícil siendo el partido que no preside llegar a todos los ciudadanos y capitalizar lo que se hace”.
“El sello Cs se nota lo suficiente, aunque nos gustaría que se notase más”, reconoció César Zafra, el portavoz parlamentario de Cs en la Asamblea, en una conversación con este diario previa a las elecciones catalanas.
El problema de las coaliciones gubernamentales es tan viejo como la política. El desgaste del día a día subraya las diferencias entre los socios. La cercanía de las elecciones les tensa. Y el análisis de las posibilidades de futuro marca las decisiones de presente. Con Díaz Ayuso al alza en todas las encuestas, y Cs en retroceso, el partido busca defender su espacio electoral en Madrid con iniciativas propias.
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