Durante seis días, desde la noche del lunes, la Policía Nacional de Perú ha estado reprimiendo con dureza en el centro de Lima las protestas de miles de jóvenes contra el gobierno interino de Manuel Merino, acusado de nexos con sectores políticos ligados a la corrupción. La grave crisis política abierta en el país ha provocado de momento una sucesión de tres presidentes en 10 días. En la noche de mayor violencia contra los manifestantes desarmados, el sábado pasado, los agentes causaron dos muertos por perdigones, Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, y más de 200 heridos o asfixiados, de los cuales 63 requirieron hospitalización. Una misión ad hoc de Naciones Unidas lleva desde el martes evaluando el impacto de la crisis en los derechos humanos. Jan Jarab, cabeza visible de la misión y representante de ONU Derechos para América del Sur, señala en entrevista con El PAÍS que hallaron cinco patrones de violación de los derechos humanos en la actuación de la policía, desde el uso indebido de armas menos letales hasta la obstaculización del trabajo de defensores de derechos humano o las detenciones arbitrarias.
Jarab explica que el equipo pretende no solo describir lo que pasó, sino ver “qué razones estructurales además de la crisis política contribuyeron a esa situación”, para hacer recomendaciones a las autoridades y garantizar que no se repita. La misión se ha reunido con autoridades de los tres poderes del Estado, periodistas, manifestantes heridos y los familiares de los fallecidos, entre otros. También fue recibida por la cúpula de la policía que lideró las acciones de represión, y su actitud le ha generado una “fuerte preocupación”, indica Jarab. “En sus pronunciamientos públicos y en su presentación hacia nosotros la Policía Nacional sigue negando las violaciones de derechos humanos, sigue defendiendo su conducta. Desde nuestra perspectiva, para garantizar la no repetición se tiene que identificar lo que falló”, explica el representante de Naciones Unidas.
Luego de los primeros heridos graves que causaron los disparos de los agentes la noche del jueves 12, el ministro del Interior del anterior Gobierno transitorio, Gastón Rodríguez, dijo que el uso de los perdigones estaba restringido y que se había usado en forma mínima, contradiciendo lo que los reporteros de radio y televisión transmitían en directo y los vídeos en TikTok que los manifestantes registraron.
Al día siguiente, el primer ministro interino de Merino, Antero Flores Araoz, visitó un cuartel policial, acompañado también por Rodríguez, para felicitar la represión de las protestas. Jarab confirmó que de acuerdo a las primeras pericias fiscales, varios de los heridos recibieron el impacto de perdigones metálicos en la parte superior del cuerpo.
La indignación que causó la actuación policial y la consecuente muerte de los jóvenes Sotelo y Pintado, quienes protestaban contra el Congreso y el Gobierno interino -como decenas de miles bautizados como la ‘Generación del Bicentenario’- produjo la renuncia de algunos ministros de ese gabinete y el retiro del respaldo de varios de los congresistas aliados de Merino. Al mediodía del domingo, tuvo que renunciar.
El jefe de la misión ad hoc considera que la crisis de derechos humanos vivida en los últimos días en Lima no se supera solo a través de la justicia penal. “Es super importante la investigación de la Fiscalía para determinar las responsabilidades de los perpetradores inmediatos y de sus superiores jerárquicos, pero también es urgente la dimensión de la verdad, la reparación y la no repetición: y ésta no puede esperar hasta que se resuelvan los casos en la dimensión penal”, expresó.
Los enviados de la ONU han encontrado cinco patrones de violación de derechos humanos por parte de la policía peruana durante la represión de las manifestaciones de este mes: el uso indebido de armas menos letales, el uso de los policías de civil para infiltrarse en las marchas y hacer detenciones, la obstaculización del trabajo de defensores de derechos humanos, las detenciones arbitrarias y el hostigamiento y agresión contra periodistas. 35 hombres y mujeres de prensa fueron lesionados o agredidos durante la cobertura de las protestas, según la Asociación Nacional de Periodistas.
“Sabemos que las armas se pueden convertir en letales si se usan de manera incorrecta, y no es solo los perdigones, sino el uso excesivo y masivo de gases lacrimógenos”, explicó el representante de Naciones Unidas. Jarab destacó, además de las agresiones a los periodistas, una declaración de Flores Araoz, quien en una entrevista en la televisión estatal dijo que la prensa no debería transmitir las marchas porque exacerbaban la protesta.
“Esto es un panorama preocupante y represivo. Algo inaceptable es que continúe la persecución penal al abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Carlos Rodríguez (quien fue detenido en una comisaría cuando pedía leer el acta de ciudadanos detenidos arbitrariamente). Él estaba ejerciendo su rol, y al haber sido criminalizado, (la policía) afectó la posibilidad de la ONG de defender los derechos humanos de los detenidos”, dijo el jefe de la misión ad hoc.
El equipo retorna a Chile este domingo y tiene previsto emitir antes de fin de año su informe de conclusiones, recomendaciones y propuestas al Gobierno peruano.
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