Conforme pasan las noches de esta semana se hace cada más atronador un nuevo ritual en las calles de Yangón, la principal ciudad de Myanmar (la antigua Birmania): a las ocho de la tarde, con la oscuridad, el tenso silencio se quiebra para dar paso a un fuerte ruido de sartenes y cacerolas golpeadas al unísono, de cláxones en vehículos, de gargantas que gritan “¡viva madre Suu!” y “¡no queremos militares en el poder!”.
Son los incipientes gestos de protesta después del golpe de Estado en Myanmar con el que una junta militar encabezada por el general Min Aung Hlaing, jefe de Estado Mayor, se hizo con el poder por sorpresa este lunes. Ese día, poco antes de la hora prevista para la inauguración de la nueva legislatura en el Parlamento, quedaban detenidos los líderes del Gobierno civil, la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, de 75 años (la jefa de facto del Ejecutivo y “madre Suu” a quien se encomiendan los manifestantes); el presidente Win Myint, de 69; y los diputados del partido de ambos, la Liga Nacional para la Democracia (NLD). Los tanques rodeaban el Parlamento en la capital, Naypyidaw; se proclamaba el estado de emergencia para un año.
Desde entonces, la Junta ha nombrado un nuevo Gobierno de afines, ha bloqueado las redes sociales para intentar contener las protestas, ha continuado la campaña de detenciones y ha presentado cargos contra Suu Kyi y Win Myint. Ambos pueden acabar condenados a tres años de cárcel, ella por importación ilícita de aparatos electrónicos y él por haber violado las normas contra la covid al saludar en público. Pero se multiplican los gestos de desafío: una campaña de desobediencia civil suma cada día más participantes. Surgen pequeñas manifestaciones esporádicas en distintas ciudades, ya incluso a la luz del día. Al grito de “¡respetad nuestra democracia!”, sus participantes elevan tres dedos al cielo, el gesto tomado de la película Los Juegos del Hambre y que ya adoptaron las protestas en Tailandia.
“Si la intención de los militares con su acción era eliminar a Aung San Suu Kyi de la ecuación política, el tiro les ha salido por la culata”, opina Moe Thuzar, del think tank ISEAS en Singapur, en una videoconferencia organizada por Asia Society. La premio Nobel de la Paz “se ha convertido en la bandera, en el foco” de la resistencia al control militar, agrega esta experta.
Es, en cierto modo, un dejà vu para este complejo país de 54 millones de habitantes, 135 etnias, guerrillas activas de cuatro grupos étnicos, rico en recursos naturales pero con un PIB per cápita de 1.408 dólares anuales, menor que el de Camboya o Bangladés.
En 1990, la hija del héroe de la independencia birmana Aung San quedó detenida tras su amplia victoria en unas elecciones históricas. Pese a su inmensa popularidad -o debido a ella-, los periodos de arresto domiciliario se sucederían de manera intermitente hasta 2010, cuando los militares se proclamaron vencedores de unas elecciones amañadas y la pusieron en libertad. Al año siguiente comenzaba el proceso de transición democrática parcial.
Para entonces, la junta estaba dispuesta a tolerar un líder civil, que diera un ligero barniz democrático al sistema -y consiguiera levantar las sanciones internacionales que lastraban la economía- sin que ellos abandonaran el mando real.
O esa era la idea. Aún hoy, los jefes militares mantienen el control en la sombra de inmensos y opacos conglomerados, en especial en el boyante sector extractivo y de las materias primas. La Constitución, de 2008, concede a las Fuerzas Armadas grandes ventajas: un 25% de los escaños en el parlamento, tres de los ministerios más poderosos -Interior, Defensa y Fronteras- y el derecho de veto a enmiendas legislativas. E impide a Aung San Suu Kyi acceder a la presidencia del país, al prohibir el cargo a que quienes tengan hijos extranjeros: La Dama tiene dos, de su matrimonio con el fallecido académico británico Michael Aris.
En un primer momento, el ejército consideró la aplastante victoria de la NLD en las elecciones de 2015 -las primeras parcialmente libres en Myanmar desde 1990- un mal menor y manejable. Aunque la cohabitación entre el Gobierno civil y los militares se demostró pronto un matrimonio cada vez más desavenido, tras una fachada de armonía relativa.
En parte, porque ambos contrayentes son más parecidos de lo que cualquiera de las dos partes quiere admitir. La Dama, hija de general, siempre ha declarado su respeto a las fuerzas armadas como institución. La NLD, debido a su pasado de clandestinidad durante décadas, tiene al Ejército como una rígida estructura jerárquica. Suu Kyi y Min Aung Hlaing comparten el sentimiento de que mandar a otros es su destino natural. “El estilo de Gobierno (de Aung San Suu Kyi) no es democrático en absoluto”, apunta Yun Sun, directora para China del think tank Stimson Center.
Y, también, porque sus intereses son opuestos. La NLD, y su líder, han tratado de rebajar competencias a los ministerios militares. Pese a las insistentes peticiones del ejército, Aung San Suu Kyi nunca ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, controlado por las fuerzas armadas y teórico responsable de las cuestiones de Defensa. En la nueva legislatura pretendía acometer una reforma constitucional que ponía en peligro los privilegios castrenses; se hablaba de un gobierno de unidad que integrara a las minorías étnicas que durante décadas se enfrentaron a las fuerzas armadas en las zonas fronterizas.
La represión contra los rohingyas, que forzó a 730.000 personas de esta minoría musulmana a huir a Bangladés en 2017, pareció unir a los rivales. La premio Nobel se alineaba con la manera de pensar de la mayor parte de la etnia bamar, la principal del país y de religión budista, que rechaza a los rohingyas musulmanes. Su viaje a La Haya para negar personalmente ante el Tribunal Internacional de Justicia las acusaciones de genocidio en la actuación militar contra ese grupo étnico consternó en Occidente; en su país, le hizo más popular que nunca.
“Adoptó el papel de defender el ‘interés nacional’. Realmente lo veía como un caso contra el país en general y ella lo defendió como nacionalista, casi como madre”, explica Thuzar. Sus partidarios lo vieron como un acto heroico, en el que La Dama aparcaba su desdén por los militares y sacrificaba su prestigio internacional por defender al país.
Esa popularidad -sumada a un crecimiento económico que en 2018 llegó al 6,75%, aunque ahora está amenazado por la pandemia- le supuso a la NLD en las elecciones del pasado 8 de noviembre un triunfo aún más arrollador que en 2015; 346 escaños por solo 33 para su rival Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (USDP) y otras formaciones pro-fuerzas armadas.
El triunfo de la Liga no solo dejaba claro que para las fuerzas armadas sería casi imposible ganar unas elecciones con el sistema electoral vigente, tomado del británico. También, a ojos del Ejército, amenazaba con poner en peligro sus privilegios. La NLD ya había intentado, sin éxito, una reforma de la Constitución, y planeaba probar de nuevo en esta legislatura. También había declarado su intención de poner en marcha un gobierno de unidad nacional que incluyera a los grupos étnicos que durante años se enfrentaron al ejército en las áreas fronterizas.
Argumentando un fraude electoral masivo que la comisión electoral y los observadores internacionales han descartado, las fuerzas armadas perpetraron su asonada. Pero el golpe, según apuntaba el exembajador de Estados Unidos en Myanmar, Scot Marciel, en la videoconferencia de Asia Society, no va a resolver el problema de fondo de los militares, que han prometido elecciones dentro de un año: “Aung San Suu Kyi es la política más popular del país, pero el movimiento democrático no gira solo en torno a ella”, explica
“Con problemas y desafíos, pero en los últimos años el pueblo de Myanmar ha disfrutado de un mayor índice de libertad y democracia. Hay más de 300 partidos políticos”, precisa. “Las últimas dos elecciones han sido un voto a favor de Aung San Suu Kyi, sí, pero todavía más han sido un voto en contra del mandato militar. La oposición al mando de los militares es abrumadora en el país. No veo cómo las fuerzas armadas van a poder cambiarlo”, añade Marciel.
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