La sentencia anunciada este miércoles por el Tribunal Constitucional, que tumba parte del decreto de estado de alarma que confinó en 2020 a millones de españoles en sus casas durante la primera etapa de la pandemia del coronavirus, abre un escenario inesperado para el Gobierno de Pedro Sánchez: la devolución de miles de multas impuestas a los ciudadanos por saltarse las restricciones. La resolución del alto tribunal, que se publicará en su integridad en los próximos días, dejará sin cobertura legal a estas sanciones al entender que se ordenaron bajo el paraguas de una norma que queda anulada finalmente, según fuentes del alto tribunal.
A falta de conocer los recovecos del fallo y el alcance práctico de sus detalles, esas mismas fuentes señalan que la idea es que decaigan todas las multas emitidas que afectasen al derecho de circulación, que se suspendió por una vía considerada ahora inconstitucional. De esta forma, quienes aún no las hayan pagado, no tendrían que hacerlo finalmente. Y quienes ya las hayan abonado, tendrían que reclamar para que les reintegren el dinero. Eso sí, el texto de los magistrados tendrá que delimitar qué ocurre, por ejemplo, con aquellos casos que han sido ya analizados en los tribunales y se ha dictado sentencia firme.
Los datos que maneja el Ministerio del Interior es que, entre el primer estado de alarma que se prolongó del 14 marzo al 21 de junio de 2020, las distintas policías propusieron más de 1,14 millones de multas. En muchos casos, para aplicar las restricciones, los agentes aplicaron el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza, que prevé castigar por falta grave —de 601 a 30.000 euros— la desobediencia a las Fuerzas de Seguridad. El enorme volumen de sanciones provocó en un primer momento el colapso de las delegaciones del Gobierno en las diferentes comunidades, encargadas de tramitar cada expediente (a excepción de Cataluña y País Vasco, donde dichas competencias se encuentran transferidas).
Ese cuello de botella se ha ido solucionando progresivamente, aunque los últimos datos disponibles evidenciaban que aún quedaba mucho camino por recorrer. A 24 de marzo de este año, solo se habían finalizado 161.702 de los expedientes abiertos por el primer estado de alarma, según detalló el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado Jon Iñarritu (EH Bildu) y que no recoge las multas de País Vasco y Cataluña. Esa cifra apenas representa el 16,8% de todas las sanciones propuestas en las comunidades incluidas en la contestación del Ejecutivo socialista.
A la expectativa
Tras conocerse el fallo del Constitucional, La Moncloa no tardó en reaccionar. Mostró su sorpresa y malestar por un fallo que estudiará a fondo para ver qué margen de maniobra le deja, según explican fuentes gubernamentales. La propia ministra de Justicia, Pilar Llop, compareció por la tarde en un formato que no permitía preguntas de los periodistas: “En aquel momento, el deber del Gobierno era tomar medidas inmediatas, urgentes y proporcionadas para contener la propagación de un virus desconocido y defender la vida de millones de compatriotas. El confinamiento decretado en el estado de alarma y la conducta ejemplar de los españoles nos permitió frenar el virus”, dijo, sin ofrecer más detalles del nuevo escenario que se abre.
Las delegaciones del Gobierno en las diferentes comunidades autónomas, encargadas de tramitar las sanciones, optaron este miércoles por la máxima cautela. Según detallaron fuentes de varias de ellas consultadas por EL PAÍS, estos organismos quieren conocer también primero el contenido exacto del fallo del alto tribunal —es decir, cómo queda plasmada la anulación de las multas en la resolución de los magistrados— y, además, esperarán a recibir “indicaciones” desde el Ejecutivo central para saber cómo actuar.
El fallo pone en jaque varios millones de euros. Por ejemplo, según los datos de la Comunidad Valenciana, la Administración ya ha recaudado en sus tres provincias 14,1 millones de euros por infracciones a la ley de Seguridad Ciudadana durante el primer estado de alarma. De ese importe, 8,3 millones son sanciones abonadas mediante el pago anticipado.
El Gobierno del País Vasco, que tiene transferidas las competencias para tramitar los expedientes sancionadores, también mostró este miércoles una actitud similar de prudencia. Según fuentes del Ejecutivo de Iñigo Urkullu (PNV), la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional deja en el aire hasta 31.000 multas impuestas entre marzo y junio del pasado año.
Con información de María Fabra, Mikel Ormazabal, Silvia R. Pontevedra, Lucía Bohórquez, Elisa Tasca y Juan Navarro.
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