A María Díaz se le rompe la voz cuando habla de la tierra que sus manos han trabajado. Dice recordar los días que, en los años 60, los hombres moteaban el terreno frente a su casa y ella plantaba ahí pequeños naranjos. Su segundo apellido es Mestanza, justo el nombre de la zona de regadío que se despliega hoy a sus pies, repleta de cítricos junto al cauce del río Guadalhorce, al este de Málaga. María es heredera de los primeros pobladores y agricultores que llegaron hace un siglo a la zona, como buena parte de sus actuales vecinos, con los que comparte apellido. Unos 300 de ellos han conformado una plataforma para intentar detener la construcción de una enorme depuradora a poco más de 200 de metros de sus viviendas. Temen los olores, las inundaciones, el ruido, la merma de masa forestal. Pero lo peor, dicen, es la pérdida de un legado, la desaparición de la última vega de la ciudad de Málaga. A cambio, la Administración destaca que la infraestructura servirá para acabar con los seis hectómetros cúbicos de aguas residuales que se vierten cada año en el río Guadalhorce y para dejar de pagar la multa millonaria de la UE por la ausencia de depuración.
El suelo que trabajan los herederos Mestanza, junto a sus viviendas, pertenece a la capital malagueña por caprichos de los límites municipal. Allí se decidió ubicar la futura Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la aglomeración urbana del Guadalhorce. La infraestructura empezó a plantearse en 2003 y ninguna de las localidades beneficiadas —Torremolinos, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama y Málaga capital— la quería en su término municipal, pero en 2009 la Junta de Andalucía —entonces gobernada por el PSOE— seleccionó esta ubicación. Poco a poco, los planes urbanísticos comenzaron a reservar suelo para la construcción. Se estudiaron otras cuatro opciones, pero en 2017, los propios municipios y la administración andaluza ratificaron por unanimidad que el sitio ideal era la vega de Mestanza, a una docena de kilómetros del casco histórico malagueño y a tres del aeropuerto de la Costa del Sol.
La Junta de Andalucía acaba de licitar un paquete por 131 millones de euros que incluye la redacción del proyecto y su ejecución en 42 meses, por lo que se espera esté lista a finales de 2024. Grandes empresas como Acciona, OHL, Ferrovial, FCC o Dragados se han relamido con un gran contrato en plena sequía de obra pública. La administración andaluza subraya que hay tres motivos principales para que la depuradora —que podrá tratar 70.000 metros cúbicos diarios— se haga ya. La primera, que la decisión sobre la ubicación se tomó hace más de una década. La segunda, que la falta de depuración de las aguas de Alhaurín el Grande es objeto de multa por parte de la Unión Europea (en febrero de 2020, la sanción por esos vertidos y los de otros puntos del país constaban más de 32 millones de euros a España). La tercera, que esa carencia hace que se viertan al río Guadalhorce 5,9 hectómetros cúbicos de aguas negras al año, es decir, “lo mismo que 1.750 piscinas olímpicas”, como explica Sergio Arjona, director general de Infraestructuras del Agua de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. “El paisaje de la vega es precioso, pero tenemos que depurar las aguas ya sí o sí”, asegura. Arjona cree que el río ahora “es casi un basurero” y recuerda que las aguas “acaban en el mar” tras pasar por la desembocadura del río, declarada Paraje Natural.
El caso ha llegado a los tribunales
Ecologistas en Acción denunció hace años los vertidos de Alhaurín el Grande, como los de Coín o Nerja y otros municipios andaluces. Solo en Málaga, el caso originó que 24 cargos públicos fueran investigados por la Guardia Civil. La organización ambientalista cree que la Junta de Andalucía llega “tarde y mal” a la construcción de la depuradora y que “la información pública que ha ofrecido a los vecinos ha sido insuficiente”, según Rafael Yus, uno de sus responsables, que pide el cambio de localización. Concretamente a los terrenos junto a la actual depuradora de Málaga, en el polígono del Guadalhorce. “Son terrenos públicos y no habrá que expropiar a nadie”, insiste Yus. La entidad tampoco entiende que la multa europea sea un argumento válido para actuar con prisas y, menos aún, que sean estas personas las que paguen las consecuencias.
El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (PP), de hecho, ha aprobado en dos ocasiones mociones para solicitar que la depuradora se ejecute como ampliación de la planta depuradora del Guadalhorce. “Preferimos que no se haga tan cerca de nuestros vecinos”, dice el alcalde, Joaquín Villanova, que reconoce que el Ayuntamiento tiene un margen de maniobra “limitado”. Málaga (también del PP) valora la opción, pero la deja en manos de la Junta de Andalucía. Y ésta dice que ya es tarde para cambiar la ubicación porque la consecuencia serían años de retraso. “La construcción no se puede demorar más”, insiste el director general de Infraestructuras del Agua. Es un argumento similar al que dio a los vecinos Elías Bendodo, consejero de Presidencia del Ejecutivo andaluz, que este lunes visitó la vega. Allí indicó a los residentes que, al llegar al Gobierno hace poco más de dos años, se encontraron la multa y la ubicación. “El tema [cambiar el emplazamiento] lo veo prácticamente imposible”, les aseguró.
El verano pasado, la Administración gobernada por el PP y Ciudadanos con el apoyo de VOX, publicó las expropiaciones forzosas y sacó a información pública el proyecto. Como respuesta, nació una plataforma vecinal en defensa del espacio verde. Presentaron alegaciones y un informe técnico que indica que el lugar elegido “es el peor medioambiental y económicamente hablando”, pero los residentes aseguran que no han recibido respuesta. “Nunca nos han hecho caso”, subraya Juan Santos, vicepresidente de la asociación de vecinos. Sergio Arjona se reunió con una representación el pasado 2 de septiembre y, al comprobar que había algunos errores en los nombres de los afectados, decidió ampliar el plazo de información pública hasta el 22 de diciembre. A los vecinos todos estos gestos no les han bastado. Por eso, el 11 de enero presentaron un recurso a la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Sevilla donde solicitan la paralización del proyecto hasta que, al menos, no reciban toda la información que consideran pertinente. Buscan “defenderse de la actuación administrativa en marcha”, como indica el documento presentado por el abogado Marcelino Abraira, quien cree que la ubicación obedece “a una decisión arbitraria de la Junta de Andalucía”. El tribunal admitió a trámite el pasado viernes el recurso y da un plazo a la administración para escuchar su versión. Según el letrado, podría paralizar cautelarmente el proceso o incluso suspender la licitación. “Y si deciden no darnos más información, iremos al Tribunal Supremo”, adelante Abraira.
Riesgo de inundaciones
Mientras el proceso sigue adelante con la valoración de las propuestas para la adjudicación de las obras, que será inminente, desde la Junta de Andalucía insisten en que, sensibles a la situación vecinal, han realizado cambios en el proyecto. La estación ha pasado a ocupar 21 hectáreas frente a las 29 originales, se integrará en el paisaje y no tratará fangos —que se irán a la estación del Guadalhorce— para evitar los olores. Incluirá tratamiento terciario para regenerar nueve hectómetros cúbicos anuales de agua y contará con escolleras para protegerla de las inundaciones.
Es ahí donde los vecinos —y los ecologistas— sienten más miedo, porque ven como cada pocos años las tierras quedan anegadas por las crecidas del río. Sobre el mapa, aseguran que el problema empeorará con la nueva depuradora. “Ejercerá de barrera y cuando llegue el agua pasará por sus lados y nos hará mucho más daño”, dice Federico Luque, que cuenta con una hectárea de cítricos en la zona. “Temo mucho por el futuro de mi casa”, añade Nuria Díaz desde una pequeña atalaya diseñada por los vecinos para sensibilizar sobre su situación. Allí hay palés, bancos, recuerdos de los primeros fundadores. Cuentan también con un listado de nombres que quieren invitar para aumentar la sensibilización de la población local. Lo encabeza Antonio Banderas. “Ojalá pueda venir y entender lo que ocurre aquí”, dice Mari Carmen Mestanza, que junto a un megáfono y varias pancartas guarda en su coche un libro con la historia local que pretende regalar a Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente andaluz. “Está ya dedicado”, revela la mujer, sin demasiadas esperanzas en la visita, pero con fe en que su lucha acabe con victoria.
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