Juega el Barça un partido sin fin, sin prórroga ni penaltis y sin posibilidad de remontar, también sin su hinchada, cerradas como están las gradas del siempre reivindicativo Camp Nou. Y, sin embargo, el encuentro se televisa en abierto desde las oficinas del estadio, desde los juzgados y también desde la comisaría de los Mossos d’Esquadra. Acostumbra a pasar cuando la pelota se escapa al control del club, y más cuando es més que un club y su carga simbólica resulta tan trascendente que se puede jugar al fútbol sin balón, sin porterías, sin campo y sin más distinción que el escudo, hoy sostenido por los socios del Barcelona.
Los pleitos se suceden en una entidad de naturaleza cainita y son especialmente graves desde que la directiva de Rosell emprendió una acción de responsabilidad social contra la exjunta de Laporta en 2010. El entonces presidente apeló a la ley, después de votar en blanco en una asamblea dividida y finalmente partidaria de la medida propuesta por el consejo, y desde aquella fecha la judicialización ha sido permanente, sin que se sepa cuándo el litigio es por torpeza o por maldad, o cuándo se trata de un ajuste de cuentas típico del Barcelona. Ya ocurrió con el fichaje de Neymar, que provocó la dimisión de Rosell, y después con la fecha del voto de censura y de las elecciones que desencadenaron la salida de Bartomeu.
Rosell señaló a Madrid, a granel, sin especificar el origen de la conspiración, si culpaba al club blanco, al gobierno español o a magistratura; y Bartomeu acusó al Govern de la Generalitat. La confusión ha permitido interpretaciones opuestas, algunas justificadas y, en ocasiones, victimistas, sin que se puedan delimitar responsabilidades y ni siquiera conceptos, y por el contrario planteen preguntas difíciles de responder en el Camp Nou. A muchos les sorprende que la policía haya actuado la misma semana en que está convocada la votación para elegir al presidente —el próximo domingo— y días antes de que finalice la última prórroga de un secreto de sumario alargado seis veces —el plazo acaba el día 10—.
Un club en los juzgados
La investigación parte de la denuncia del colectivo Dignitat Blaugrana de la misma manera que fue un socio, Jordi Casas, el que inició el caso Neymar. No hay aficionado más interesado en fiscalizar a su club que el barcelonista cuando duda de los organismos reguladores establecidos por su junta y los dirigentes gustan de acudir a los bufetes de abogados para dirimir cualquier cuita por más inocua que parezca como ha pasado últimamente en el Barça. No es casual que ninguno de los presidentes que se cuentan desde Núñez (1978-2000) haya podido acabar su mandato —Gaspart, Rosell y Bartomeu— con la excepción de Laporta (2003-2010), sometido, en cualquier caso, a una moción de censura (2008).
Aunque prevalece la presunción de inocencia y se impone aguardar a las próximas diligencias, no sorprende tampoco que se sospeche de Bartomeu, sean punibles o no sus actuaciones desde 2015. El Barçagate desvelado por la Cadena SER ha sido una chapuza tan suya que hay consenso para que pase a denominarse Bartogate. La empresa contratada, el espionaje, las facturas troceadas y las comisiones levantaron las dudas de sus compañeros, hubo hasta seis dimisiones y el vicepresidente Emili Rousaud, propuesto en su día como candidato continuista, denunció la posibilidad de que alguien pudo haber metido la mano en la caja del Camp Nou. La interpretación sesgada que se hizo de la auditoría encargada por el club aumentó todavía más las suspicacias sobre Bartomeu.
El asunto se cerró en falso desde el club, acostumbrados sus rectores a mandar a su antojo, como les daba la gana, sin distinguir entre lo grave y lo banal, lo punible de lo venial, ni atender siquiera a los requerimientos policiales, capaces de controlar el timing electoral hasta el punto de intentar evitar el voto de censura y convocar los comicios para el 20 y 21 de marzo de 2021, dos semanas después de que se celebre finalmente la votación en un guiño más del drama que vive el Barça. Ajeno a la realidad, Bartomeu dimitió en octubre pasado con la convicción de que el tiempo avalaría sus decisiones y, muy especialmente, la de retener a Messi. El expresidente no atendía a los socios denunciantes porque se sentía impune en su silla del Camp Nou.
La pesadilla, sin embargo, continúa cuando faltan cinco días para conocer si su sucesor será Laporta, Font o Freixa. Al ganador le aguarda una ingente y dolorosa tarea por la carga que heredará el 7-M. A una grave crisis deportiva, provocada por contentar a los jugadores con las fichas más altas de una Champions que no ganan desde 2015, se une una deuda superior a los mil millones, la necesidad de remodelar el Camp Nou y, sobre todo, la urgencia de restituir el daño causado por la detención de un expresidente, una noticia que ha dado la vuelta al mundo en consonancia con la grandeza del Barça.
Bartomeu y Rosell ya aceptaron en su día que se condenara al club por fraude fiscal por las derivadas de la contratación de Neymar. No se sabe qué pasó de la misma manera que, por otra parte, se desconocen los motivos por los que Rosell se pasó 644 días en prisión antes de ser absuelto —el expresidente se querelló contra la juez Lamela—. El historial abona a especular también con el futuro de Bartomeu.
Fuentes del club insisten en que la actuación policial es sorprendente, porque se produce en plena campaña electoral, y excesiva si se atiende solo al Bartogate. También apuestan por la inocencia sin reparar que el punto de partida es la mala gestión —delictiva o no— de Bartomeu, cuya manera de gobernar provocó que se perdiera perspectiva hasta explotar la tormenta perfecta: el Barça va a la deriva, abatido el equipo en la cancha, sometido el club al escarnio público y manchada la institución por las detenciones practicadas por los Mossos, no por la Guardia Civil. El descrédito no se borra ni con tres goles de Messi ante el Sevilla. Hay partidos imposibles de ganar cuando el capitán es Bartomeu.
Source link