Elementos de la Marina escoltan a Rafael Caro Quintero, después de su captura el viernes 15 de julio de 2022.SEMAR
No por nada el presidente Andrés Manuel López Obrador es un fiel creyente de que la fortuna es una de las claves del poder. Justo cuando más lo necesitaba, le ha llegado esta semana un gran golpe al narcotráfico. La detención de Rafael Caro Quintero se debe, por supuesto, mucho más que al azar, pero es tan oportuna que la buena estrella de AMLO brillará en diferentes contextos.
El gol de oro que representa la detención en Sinaloa de Caro Quintero reposiciona varias agendas del Gobierno mexicano. El presidente es el principal beneficiario político, pero no el único. Gana el mandatario, pero también las fuerzas armadas e incluso la Fiscalía General de la República (FGR), tan vapuleada por el actuar de su propio titular. Gana por supuesto México, que recibe una señal de que un criminal en activo, por más historia y aliados que tenga, no escapa de la justicia cuando ésta se propone perseguir el delito.
La detención de Caro Quintero, sustraído de la justicia desde agosto de 2013, no causará en lo inmediato una baja de la violencia en México. Incluso es posible que la caída del capo desate nuevas pugnas, con sangrientas consecuencias, dado que no estamos ante un venerable anciano que simplemente quería vivir en paz luego de haber estado en la cárcel 28 años, sino ante la captura del líder de un emergente grupo criminal que ahora alguien luchará por presidir, u otros, por medios violentos, tratarán de desplazar.
Según diversos expertos y reportes, tras abandonar la prisión Caro había vuelto a las andadas y eso lo único que significa es que es responsable de trasiego de droga y de hechos de violencia, particularmente en el norte de Sonora, el territorio en el que se asentó desde que abandonara una prisión en Jalisco escapando por un hoyo típico de los enredados procesos judiciales mexicanos.
El exitoso operativo de captura ejecutado este viernes por la Marina en conjunción con la FGR, saludado con júbilo en Estados Unidos, da a López Obrador un respiro y un nuevo impulso.
El manotazo disipa de inmediato las sospechas de que había decidido no actuar en contra de los grandes capos del narcotráfico, y menos aún en contra de los carteles ligados al Pacífico. Tan perniciosa suspicacia se había instalado de tiempo atrás por un discurso sexenal menos beligerante en contra de los delincuentes de alto perfil, en general, y una serie de gestos particulares del presidente al grupo de Sinaloa.
Disipa igualmente eventuales nubarrones de inconformidad en el seno de las fuerzas armadas, que han recibido demasiadas humillaciones por parte de pandillas de criminales. Detener a Caro manda una contundente señal de quién manda. Así que el presidente, el Gobierno y las Fuerzas Armadas se reposicionan frente a la ciudadanía y ante los delincuentes.
Esa señal llega, además, unos días después de un exitoso operativo en Ciudad de México donde la fuerza de la policía capitalina, en coordinación con la Guardia Nacional, desactivó una célula criminal ligada también a los herederos del cartel de Sinaloa.
Estos golpes son particularmente valiosos porque encima se han desarrollado sin bajas significativas. Que la inteligencia sea un factor del éxito, y que los operativos se resuelvan sin baños de sangre ni humillaciones posteriores a los criminales, apuntalan el discurso de López Obrador, que se ha querido diferenciar de sus antecesores en que el uso de la fuerza del Estado no será ni despropocionado ni violatorio de los derechos humanos.
Luego de semanas de cuestionamientos sobre la efectividad de sus políticas en seguridad, el presidente mexicano ahora podrá retomar la defensa de su estrategia en contra del crimen montado en la nueva legitimidad que le da la captura del histórico capo del otrora poderoso cartel de Guadalajara.
Porque para empezar, AMLO no necesita decirlo pero será beneficiario de un hecho evidente: él pudo lo que Enrique Peña Nieto no: recapturar a Caro Quintero.
De hecho, la captura podría ayudar a esclarecer cómo fue exactamente que se urdió la estrategia legaloide que permitió al acusado del homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y su piloto Alfredo Zavala, dejar la cárcel. Cuando por una pugna de competencias jurisdiccionales pudo salir de prisión, parte de lo inverosímil de esa resolución fue que el Gobierno de México, entonces encabezado por Peña Nieto, no tuvo la precaución de revisar si podía retener al capo en lo que se discernía si era legal o no su liberación.
Dicho en buen castellano: Caro Quintero podría aclarar si contó con la corrupta ayuda de autoridades en Jalisco o en el Gobierno federal peñista para dejar en 2013 inconclusa una condena en la que todavía le faltaban 12 años en prisión.
Por lo pronto, Andrés Manuel tiene a mano un argumento de peso para pedirle a varios sectores, entre ellos particularmente al clero, más tiempo para su estrategia. Si el asesinato de dos jesuitas en Chihuahua el 20 de junio desbordó el vaso de la iglesia mexicana y de otros colectivos, que lanzaron jornadas por la paz, ahora el gobierno tiene la posibilidad de reclamar un renovado voto de confianza.
La administración ha insistido en que la baja de los homicidios dolosos, con incipientes señales de descenso en los últimos reportes oficiales, se consolidará en los siguientes meses. Y que tragedias como la de los dos jesuitas en la Tarahumara no quedarán impunes ni marcan una nueva alza de ese tipo de crímenes.
Si pronto cae el autor material de las muertes de esos misioneros, que en la misma locura violenta también asesinó a un guía de turistas y a un joven aficionado al beisbol, el Gobierno apuntalará la credibilidad que le da la detención de Caro, ocurrida en una zona no tan lejana a la enorme sierra chihuahuense donde se dieron los crímenes de junio.
Y si los crímenes de la Tarahumara le costaron reputación al Gobierno en el plano internacional, la captura de Caro Quintero empata los cartones. Estados Unidos es el más complacido con la detención del capo que más cotizado estaba en las recompensas de la agencia antidrogas estadounidense.
Por Caro Quintero la DEA ofrecía 20 millones de dólares, en eso cotizaban en EEUU el agravio que sentían al saber que gozaba de libertad quien no solo los humilló con la muerte de uno de sus agentes, sino quien en la actualidad operaba presuntos negocios de tráfico de drogas que alcanzaban suelo estadounidense.
Caro Quintero representaba un símbolo de poderío e impunidad, detenerlo dota al Gobierno de López Obrador, a las Fuerzas Armadas y a la Fiscalía de un motivo de orgullo que, sin embargo, ahora ha de traducirse en un efectivo proceso judicial.
López Obrador tendrá que discernir en cuestión de horas la ruta que ha de seguir la justicia mexicana con el caso de Caro Quintero. Estados Unidos demanda su extradición inmediata. Pero un presidente tan nacionalista como AMLO ha de calibrar cuál es el mejor camino, dónde le reporta mejores dividendos: en territorio mexicano para que termine de pagar sus deudas legales, o enviarlo a Estados Unidos como gesto de cooperación que amaine los reclamos, legítimos o excesivos, de un vecino acostumbrado a imponerse.
El presidente mexicano es nacionalista, sin duda, pero es sobre todo un pragmático. La extradición podría reabrirle crédito con el Gobierno de Biden en medio de un ambiente de cuestionamientos de legisladores estadounidenses de ambos partidos, que han llegado a denunciar, algunos, la presunta inacción de AMLO con respecto a los capos. Pero difícilmente el tabasqueño querrá entregar de inmediato al sinaloense.
Una extradición fast track no representa garantía alguna de que se aplacaría a los estadounidenses, resentidos con López Obrador porque ha reconfigurado, en el discurso y en la realidad, la cooperación anticriminal entre ambos países. Si Caro Quintero es trasladado de inmediato, nada disipa la posibilidad de que Andrés Manuel resienta nueva presión del Tío Sam para detener a otros capos, para ampliar la actuación de las agencias estadounidenses en México, para aceptar más injerencia.
Por el contrario, una ruta que haga que Caro Quintero pase meses o años en una prisión mexicana, estira los tiempos en que el presidente mexicano tendrá una moneda de cambio con Washington, y apuntala la noción patriótica de que primero se pagan los delitos pendientes en suelo nacional, y luego se procede con las causas que el detenido tenga en otras cortes.
De esa forma, AMLO además será de nueva cuenta el amo de la narrativa. El tabasqueño podría además revitalizar su discurso de cero impunidad, que refuerza cada semana en una vistosa sesión de la mañanera, y presionar al Poder Judicial para que esté a la altura de esa promesa.
Cierra López Obrador la semana con un merecido sabor de victoria. Su retorno sin gloria de la visita a Washington quedará en una mala anécdota ahora superada por un golpe rotundo e innegable de su gobierno al crimen. Un golpe además dado de la mano de esos aliados especiales de su administración que son las fuerzas armadas.
La Armada estaría celebrando la operación, lograda con la cinematográfica participación de un perro, de no haber sido porque la tragedia se ha presentado. Catorce marinos que participaron en el operativo murieron tras caer su helicóptero en la inmediaciones de Los Mochis. Un innecesario recordatorio de que en estas tareas siempre está presente el riesgo y el peligro.
Se ha iniciado una investigación para deslindar las causas de la caída de esa aeronave, pues nada puede empañar el gran golpe, el más importante del sexenio de AMLO, en contra de la delincuencia, un golpe que nadie le puede regatear al presidente, al que la fortuna le sonríe de nueva cuenta.
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