La diferencia abismal entre la Iglesia católica de Francia y la de España a la hora de investigar la pederastia en el clero se refleja en las palabras del portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco Argüello, el pasado jueves: admitió que no tienen una actitud “proactiva”. Es decir, si alguna víctima se dirige a los obispos, afirman que la atenderán, pero ellos no harán nada por saber la verdad. Ni revisar archivos, ni contabilizar casos, ni establecer indemnizaciones, ni emprender una investigación a gran escala del pasado que, si es seria, creíble e independiente, merezca la confianza de las víctimas y las lleve a salir a la luz, como ha ocurrido en Francia. El ejemplo del país vecino ―que acaba de constatar la colosal magnitud de los crímenes― deja en evidencia a los obispos y la mayoría de las órdenes religiosas españolas, que se niegan a investigar los abusos y prefieren la opacidad. Solo los jesuitas y los legionarios de Cristo han realizado algún tipo de informe interno, de escasa transparencia y traducida en unas pocas páginas para la prensa, sin nombres ni detalles. Los maristas y otras congregaciones han iniciado investigaciones.
“Son dos iglesias con dos actitudes distintas: una es proactiva y la otra, cobarde”, afirma Juan Cuatrecasas, padre de una víctima de abusos en el colegio Gaztelueta del Opus Dei de Leioa, País Vasco, y presidente de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR). “Mientras la Iglesia española siga muy por detrás de lo que están haciendo otras, las víctimas nos seguiremos sintiendo ofendidas por una Iglesia que debería comportarse como madre y no como un látigo. Menospreciando, ninguneando, atacando y negando la existencia de víctimas en su sede. Las palabras, los perdones, sobran, lo que hace falta son hechos. Rectifiquen, porque las órdenes del Papa en España no están siendo cumplidas”.
El papa Francisco advirtió en diciembre de 2018 a los obispos de todo el mundo sobre la pederastia: “La Iglesia pide que no se guarde silencio y que salga a la luz de forma objetiva, porque el mayor escándalo en esta materia es encubrir la verdad”. La mayoría de las conferencias episcopales en Europa y Norteamérica obedecieron. Las excepciones son España, Italia y Portugal. El único paso de la CEE desde entonces fue crear una comisión cuya labor es desconocida y, en el último año, la apertura en cada diócesis, por orden del Papa, de una oficina de atención a las víctimas. Pero en casi todos los casos es simplemente una mención en la página web de cada obispado. Su actividad es un misterio. La CEE solo dice que han recibido un número “mínimo” de denuncias. Lo cierto es que las víctimas prefieren acudir a los medios de comunicación. El correo electrónico que abrió EL PAÍS en octubre de 2018 para comunicar casos de abusos en la Iglesia ha recibido casi medio millar de mensajes. Entonces, las diócesis solo reconocían oficialmente cuatro casos, que subían a 34 sumando las sentencias conocidas y la información de las hemerotecas. Tres años después, desde que este diario comenzó su investigación, son 10 veces más. La única contabilidad de referencia en España es la que lleva EL PAÍS, una base de datos que se hizo pública el pasado mes de abril, actualizada periódicamente y que en este momento registra 358 casos con 908 víctimas.
EL PAÍS contabiliza por primera vez los casos de abusos conocidos, lo que incluye sentencias, investigaciones periodísticas y denuncias públicas que hayan destapado los posibles delitos de un religioso español.
Gemma Varona, investigadora del Instituto vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco (UPV), una de las autoras del primer estudio académico realizado en España sobre la pederastia en la Iglesia, destaca que el informe francés, con 3.000 curas acusados y 216.000 víctimas, confirma los porcentajes de agresores de otros países, en torno a un 3%-4% del clero: “Este dato es importante, porque está diciendo que probablemente también es el mismo que existe en España”. Varona subraya que el análisis es obra de una comisión independiente “que ha trabajado de manera global, con archivos de la Iglesia, judiciales, policiales, de medios”. “Aquí eso no existe. La Iglesia no permite el acceso a sus archivos ni ha habido colaboración de policías, fiscales y jueces”. Por último, resalta la cooperación con las víctimas. “Esto me parece fundamental. No es solo una cuestión de depurar responsabilidades, sino de responder a los derechos de las víctimas. Es muy importante que hayan puesto el foco en ellas y presenten el informe con ellas, esto es bastante impensable en España. Además, hablan de una política de reparación, no tanto solo de prevención, como en nuestro país, y no puede haber prevención sin una reparación previa”. Para esta experta, es importante mostrar “cómo en otros países han sabido afrontar la responsabilidad institucional de una manera que no solo no destruye a la Iglesia, sino que crea más confianza en ella, un buen modelo de respuesta”.
En España, el portavoz de los obispos tuvo que admitir en febrero que la CEE no sabía siquiera cuántos casos se han registrado en España. “Honradamente, no lo sé”, respondió Argüello. Nunca se han molestado en saberlo. Cinco días después de la publicación de la base de datos de este periódico, en abril de 2021, los obispos por fin divulgaron sus primeros datos, pero los tuvieron que solicitar al Vaticano, y eso que eran de sus propias diócesis: era el número de denuncias enviadas a la Santa Sede desde España a partir de 2001, cuando Juan Pablo II lo hizo obligatorio para intentar poner bajo control el escándalo. Sumaban 220 sacerdotes denunciados, 144 de ellos diocesanos y el resto, 76, de órdenes religiosas. Argüello no dio información del número de víctimas, ni de las fechas y los lugares de los hechos. Explicó que el Vaticano no se lo había comunicado, aunque se trataba de las diócesis españolas.
Minoría de obispos dispuestos a cambiar
Javier, víctima del sacerdote José Manuel Ramos Gordón en el seminario de La Bañeza, de León, en los años ochenta, ha visto cómo la Iglesia silencia su caso desde que lo denunció canónicamente en 2014. Tras acudir a los medios en 2017 para denunciar su historia, la diócesis ha seguido rehuyendo sus peticiones. También en la oficina de atención a las víctimas de la diócesis de Astorga, donde fue tratado “de manera repugnante”, denuncia ANIR. Javier opina que “las oficinas son un lavado de imagen”. “No están atendiendo absolutamente a nadie. Y si alguna víctima va a esas oficinas, le van a intentar convencer de que no denuncie. Las han puesto como muro de contención para que los obispos no tengan que dar la cara”, asegura. Javier afirma sentirse derrumbado, cansado de “tanta lucha”. “En España, hoy por hoy, no va a cambiar nada. Una gran mayoría de los obispos no quiere hacerse cargo de lo que ha ocurrido. Y eso, a estas alturas, los convierte en cómplices. No quieren investigar ni saber la verdad. Los obispos españoles son todos cómplices de crímenes contra niños. Así de claro. Y el que no lo vea, que vaya al oculista”, afirma.
Los obispos dispuestos a cambiar de rumbo en España son una minoría. Dentro de un total hermetismo. EL PAÍS preguntó el pasado mes de abril a las 70 diócesis españolas sobre su postura sobre los abusos y solo contestaron 38, algo más de la mitad. Solo siete habían investigado sus archivos para revisar el pasado o estaban en ello: Bilbao, San Sebastián, Zamora, Cartagena, Ourense, Solsona y Barcelona. Solo 11 estaban abiertas a indemnizar a las víctimas que lo reclamen y a la pregunta de si apoyarían una investigación general de la conferencia episcopal, como en Francia, apenas 10 respondieron afirmativamente.
Miguel Hurtado, la víctima que sacó a la luz los abusos en la abadía de Montserrat, en Cataluña, y promotor de la recogida de firmas que impulsó la ampliación de la prescripción del delito, ve una diferencia clave con Francia en el aspecto legal: “La ley francesa es mucho más dura contra la pederastia, aquí la nueva ley de protección de la infancia ha sido un primer paso, pero es un parche, se queda corta. Francia ha cambiado este año la ley de prescripción y en el caso de depredadores sexuales el plazo comienza a contar con la última víctima, y eso permite juzgar todos los casos anteriores. Y la ley es mucho más dura contra el encubrimiento. Es obligatorio denunciar casos de pederastia aunque la víctima revele los abusos siendo ya mayor de edad. Por eso los obispos le han visto las orejas al lobo y hacen limpieza para no tener problemas”.
Los obispos españoles son cómplices de crímenes contra niños”
Javier, víctima de un sacerdote
Dos obispos franceses, los de Bayeux y Orleans, han sido condenados por encubrimiento en Francia, y un tercero, el cardenal Philippe Barbarin, fue absuelto en apelación tras una condena inicial. En España, EL PAÍS ha documentado sospechas de encubrimiento de al menos 25 obispos y superiores de órdenes religiosas. Aunque sean casos prescritos, el encubrimiento es un delito canónico penado con la expulsión. “Se incluye [en estas causas graves] la negligencia de los obispos en el ejercicio de su cargo, en particular en relación con los casos de abusos sexuales cometidos contra menores y adultos vulnerables”, aparece en el motu proprio del papa Francisco Como una madre amorosa, de 2016. El código canónico indica que ante cualquier indicio de este tipo, cualquier obispo debe poner el hecho en conocimiento del Vaticano. Si se trata de un arzobispo o cardenal acusado, debería ser el nuncio papal el que lo denuncie ante la Congregación para la Doctrina de la Fe. EL PAÍS ha intentado contactar hasta en tres ocasiones con Bernardito Cleopas Auza, nuncio en España, para conocer sus iniciativas, pero nunca ha recibido respuesta.
Hurtado también apunta a las razones culturales que alejan a España del caso francés: “Allí la sociedad civil y los católicos han presionado a la Iglesia para que tome medidas. En España, la sociedad civil y la Iglesia de base están completamente anestesiadas”. Lo cierto es que en otros países el fenómeno ha emergido por la presión de la prensa y de la sociedad civil, dos factores muy débiles en España, donde solo muy pocos medios investigan estos casos. No existen en la prensa conservadora. En cuanto a la sociedad civil, es significativo que los movimientos más visibles solo hayan tenido lugar en zonas con mayor iniciativa asociativa: Cataluña, País Vasco y Navarra. Hay asociaciones de víctimas dispersas y de pequeñas dimensiones, con escasos recursos, que solo logran dar una ayuda mínima. Reclaman a la Iglesia la reparación de los daños, acompañamiento y apoyo en las necesidades de cada víctima, que son diferentes si tiene 20 o 70 años.
Hurtado señala que en Francia, Alemania y otros países hay un principio general de establecer un sistema para indemnizar a todas las víctimas, “no solo viendo caso por caso, que es lo que dicen los obispos españoles”. De este modo, cree que aflora la magnitud del problema. Bien por iniciativa de la propia Iglesia o, como en Irlanda, del Estado. “En Irlanda salieron a la luz 14.000 casos de violencia sexual y física. Esto explica la reticencia de obispos españoles a crear ese sistema. Por el coste económico y porque saldría a la luz la magnitud de los abusos”, sostiene.
Cuatrecasas cree que aún hay mucho miedo a denunciar: “No solo porque haya prescrito, sino porque las personas no están capacitadas emocionalmente para soportar lo que conlleva una denuncia. Además en este país si denuncias algunos delitos como este te consideran un héroe. Mientras siga siendo así hay algo que no funciona en un Estado de derecho. Si me roban y denuncio, no soy ningún héroe. Hay mucho miedo a denunciar, porque te enfrentas a una institución que luego te ataca, y encima te tienes que defender. La gente ve lo que nos pasa a los que denunciamos y se le quitan las ganas”.
Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es
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