El saldo de la primavera árabe en el norte de África solo se sostiene en parte por Túnez. Aunque muchos tunecinos se sienten decepcionados, aunque persisten los abusos policiales y la corrupción del régimen de Ben Ali siga gangrenando el país, Túnez sigue siendo la gran referencia democrática en la región.
Por eso, Egipto, Marruecos, Argelia y Libia escrutan atentamente los pasos del vecino. Argelia, el único país donde no se registraron protestas en 2011, las está viviendo ahora. Los ciudadanos saben que su mejor defensa es continuar con ellas de forma pacífica, aunque el régimen del general Ahmed Gaid Salah sigue estrangulando las libertades.
En Egipto, el Ejército perpetró un golpe de Estado en 2013 y el régimen se ha convertido en el Estado más represivo de la región. Libia es el ejemplo perfecto del país, junto a Siria, donde una mala gestión de la comunidad internacional puede acarrear años de enfrentamiento y parálisis. Y Marruecos permanece como el Estado que supo capear el temporal de las protestas con una Constitución que recortaba de forma muy leve el poder del rey. Hoy en día reina la estabilidad, pero las ilusiones de cambio se extinguieron y la clase política está desacreditada.
Argelia. Este fue el único país del norte de África donde no se registraron protestas masivas en 2011. Sin embargo, es el único donde las hay ahora de forma sistemática.
Existen dos razones que explican en parte por qué no hubo protestas en la Argelia de 2011. Por un lado, la población tenía demasiado reciente los estragos de la guerra civil durante la llamada década negra (1992-2001), que causaron entre 100.000 y 150.000 muertos. Por otro, el presidente de entonces, Abdelaziz Buteflika, impulsó un plan de concesión de créditos para jóvenes que prácticamente se concedían a fondo perdido. Sus críticos comentaron que consiguió vadear la tormenta comprando a los jóvenes.
La gente quería cambio, pero en calma, de forma pacífica. Y el cambio comenzó a vislumbrarse ocho años más tarde. El día que marcó un antes y un después fue el 22 de febrero de 2019. Ese jueves, decenas de miles de argelinos auto convocados en las redes sociales, se manifestaron contra la pretensión del octogenario Buteflika de concurrir a un quinto mandato. Y lograron forzar su dimisión dos meses más tarde.
Pero, ¿se trataba de un cambio o un espejismo? La historia aún está por escribir. El actual hombre fuerte del país, el jefe del Estado Mayor, Ahmed Gaid Salah, no pretende acceder al reclamo de la calle que pide que se vaya. Buena parte de la prensa nacional está amordazada. Hay decenas de detenidos desde aquel 22 de febrero cuyo único delito ha sido criticar al poder o portar una bandera amazig. Y cada viernes, decenas de miles de argelinos siguen saliendo a la calle para decirle al general Gaid Salah que se vaya.
Egipto. Fue el primer país en contagiarse del espíritu revolucionario que destapó Túnez. La caída de Hosni Mubarak después de 18 días de protestas en su mayor parte pacíficas, pero reprimidas cruelmente al inicio por el régimen, catapultó la primavera árabe para convertirla en un fenómeno regional. El Ejército asumió el poder y pilotó los primeros pasos de la transición, siempre con el objetivo de mantener o mejorar su posición privilegiada desde 1952.
La presión de la calle forzó a los generales a organizar unas elecciones libres, primero legislativas y luego presidenciales. En ambos casos, se impuso la poderosa maquinaria electoral de los Hermanos Musulmanes, el histórico movimiento islamista que ejerció de principal opositor durante el régimen de Mubarak. Uno de sus líderes, Mohamed Morsi, fue investido presidente en verano de 2012. En apenas dos años, la cúpula de la organización había pasado de las cárceles a saborear las mieles del poder.
Sin embargo, una mala gestión de su éxito electoral, que les llevó a menospreciar la oposición laica, allanó el camino al Ejército para un golpe de Estado. Un año después de su victoria, Morsi fue derrocado por los militares, punta de lanza de un “Estado profundo” que nunca aceptó verse desplazado del poder. Entonces, bajo el liderazgo del mariscal Al Sisi, se desató una feroz represión contra toda disidencia, especialmente aquella de carácter islamista.
El balance de seis años de dictadura militar es desolador: centenares de muertos en la batalla entre el Estado y un renacido terrorismo yihadista; decenas de miles de presos políticos, muchos de ellos torturados en las cárceles; y un plan de ajuste económico que ha empobrecido a la clase media y dejado al borde de la desesperación a millones de egipcios.
Marruecos. Las protestas en Marruecos fueron en su mayor parte pacíficas, salvo en Alhucemas donde fallecieron cinco jóvenes carbonizados en una sucursal bancaria. El régimen marroquí supo saciar los deseos de cambio accediendo a aprobar una nueva Constitución en la que el rey renunciaba a su carácter sagrado y se recortaban levemente sus potestades en favor del Gobierno y del Parlamento.
Las primeras elecciones legislativas tras la primavera árabe, las ganó el islamista Partido de la Justicia y el Desarrolló (PJD), que no había participado en las protestas. Se puede decir que la izquierda progresista, minoritaria en Marruecos, sacudió el árbol de la primavera y los islamistas del PJD recogieron las nueces. Pero las nueces —o el poder a repartir— eran y siguen siendo escasas: los ministros llamados de “soberanía”, como el de Exteriores, Interior y Asuntos Religiosos, los designa el monarca. La persona del rey sigue siendo “inviolable” y oficia como Comendador de Creyentes, máxima autoridad religiosa del país.
Las protestas sociales que estallaron en el Rif a finales de octubre de 2016 hicieron pensar en una vuelta de la primavera árabe. Durante varios meses miles de jóvenes se manifestaban libremente pidiendo cambio. Aquello acabó con cientos de ellos en la cárcel y otros miles huyendo de forma clandestina a Europa. Los principales dirigentes de la revuelta siguen presos.
La ilusión que despertó en su día la Constitución de 2011 se ha extinguido. La influencia, credibilidad y prestigio de los partidos políticos en Marruecos ha sufrido un grave deterioro. La monarquía, en cambio, ha estrechado sus lazos económicos y diplomáticos con la Unión Europea. Para Bruselas, y sobre todo para España y Francia, la cooperación de Marruecos en materia de emigración ilegal y terrorismo yihadista se ha vuelto indispensable.
Libia. En Libia, casi todo lo que pudo salir mal salió mal. Y su ejemplo, junto al de Siria, Egipto o Yemen ha servido como espantajo para mantener a la población de otros países en sus casas, no sea que reclamando de forma pacífica una mejora de vida se termine en el mismo caos.
El aire de libertad que corría por las calles de Trípoli cuando huyó Muamar el Gadafi en 2011 era hipnótico, exultante. Cada noche se disparaban miles de balas al cielo en señal de celebración. Pero como un signo premonitorio de lo que vendría después, Gadafi al ser detenido mientras huía fue linchado hasta la muerte por una turba en las afuera de Sirte, su ciudad natal. Su cuerpo se exhibió después medio desnudo. No hubo ni autopsia, ni comisión de investigación para dirimir responsabilidades. El filósofo francés Bernard-Henry Levy, que había ejercido una gran influencia sobre el Gobierno de Nicolas Sarkozy para apoyar militarmente la revolución, quedó horrorizado ante aquella brutalidad. Fue la misma brutalidad que sembró Gadafi y de la que el país no termina de escapar.
El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ya declaró en 2016 que el “peor error” de su mandato fue “no planear el día después de lo que fue la decisión correcta de intervenir en Libia”. Ocho años más tarde, la democracia sigue pareciendo una quimera en Libia. El país está fracturado entre el este, gobernado por el mariscal Jalifa Hafter y el oeste, con un Gobierno de Unidad Nacional, apoyado en teoría por la comunidad internacional. El apoyo económico de armas lo recibe Hafter de Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Y al Gobierno de Trípoli lo abastecen Turquía y Catar.
¿Y la Unión Europea? Dividida y hasta enfrentada respecto a Libia. Francia ha llegado a prestar apoyo militar a Hafter mientras Italia apoya al Gobierno de Trípoli, quien a su vez depende de varias milicias o brigadas libias.
La comunidad internacional tuvo y tiene mucho que ver en aquel desastre. Pero los dirigentes libios, del este y del oeste, tampoco salen inmunes.
Túnez. Como en Egipto, las primeras elecciones libres, celebradas a finales de 2011, se saldaron con la victoria del partido islamista Ennahda, que formó una coalición de Gobierno con dos partidos progresistas fundados también por opositores al régimen de Ben Ali. La llamada troika pilotó la fase más crítica de la transición, entre 2012 y 2014, cuyo principal hito fue la aprobación de una Constitución democrática.
Durante el Gobierno de la troika, la polarización entre islamistas y laicos alcanzó unos niveles que hizo temer el estallido de una guerra civil o la realización de un golpe militar. Sin embargo, los islamistas tunecinos, los más moderados de la región, sí supieron realizar las concesiones necesarias a la oposición para sostener el proceso de transición, cuyos mediadores de la sociedad civil recibieron el premio Nobel de la Paz en 2015.
La tensión política y la crisis económica llevaron al poder en 2014 a Nida Tunis, una coalición de diversas personalidades laicas lideradas por Beji Caïd Essebsi que contaron con el apoyo de los empresarios cercanos al antiguo régimen. En una renovada apuesta por el consenso, Nida y Ennahda fraguaron un Gobierno de “gran coalición” que se ha mantenido hasta nuestros días. No obstante, el incesante baile de ministros ha impedido una acción de gobierno coherente, lo que ha agravado unos indicadores económicos que no acaban de despegar. Un panorama que ha allanado el camino a las fuerzas populistas ante el ciclo electoral de este otoño.
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