Manzanares el Real cuenta con dos complejos defensivos. El primero constituye una de las ciudadelas bajomedievales mejor conservadas de España, a la sazón residencia palaciega de los Mendoza, duques del Infantado por la gracia de los Reyes Católicos. La segunda fortaleza que alberga este municipio madrileño, de 8.800 habitantes, fue auspiciada por la misma noble familia, pero se levantó cinco siglos después. Y está hecha de plástico. Se trata de un lugar de recreo infantil, instalado en la parcela que Íñigo de Arteaga y Falguera, capitán general de la II Región Militar, cedió gratis al Ayuntamiento en 1975 para disfrute de los más pequeños. Su nieta Almudena, XX duquesa del Infantado, pretende recuperar el terreno, de 3.000 metros cuadrados, y acaba de presentar una demanda de desahucio.
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El juzgado de Instrucción número 3 de Colmenar Viejo prevé una vista oral al respecto en septiembre. La duquesa ha declinado hacer declaraciones, pero el texto de su denuncia, al que ha tenido acceso este diario, describe “una ocupación ilícita por parte del Ayuntamiento de Manzanares el Real desde el día 22 de enero de 2015”, cuando venció la última prórroga de cesión. El acuerdo tuvo carácter indefinido en vida de Íñigo de Arteaga, si bien este se encontraba sujeto a varias condiciones, entre ellas, el uso únicamente recreativo y la conservación de la titularidad, que siguió recayendo en su linaje. El contrato perdería validez cuando un tercer interesado adquiriera pleno derecho sobre la finca, razón por la cual Íñigo de Arteaga, hijo reclamó la propiedad tras el fallecimiento de su padre en 1997. A esta reivindicación le siguieron dos aplazamientos y años de negociaciones.
La duquesa, experta en derecho nobiliario y escritora de novela histórica, orientó en una única dirección esos años de negociación cuando heredó el patrimonio familiar en 2018: exigir al Consistorio manzanariego una indemnización, por valor de tres millones de euros, que ha terminado sobre el escritorio del juez. La cantidad solicitada es el resultado de sumarle al valor de la parcela urbana (2.300.0000) una compensación por perjuicio y los intereses de demora. Sin embargo, el terreno está calificado como zona verde pública, así lo reflejan las Normas Subsidiarias del Planeamiento de Manzanares (1977), por lo que su valor real es muy inferior. Dicho reglamento, que permite ciertos desarrollos sin necesidad de un plan general, aún no existía cuando Íñigo de Arteaga tuvo el gesto altruista con el municipio, pero su aprobación obligaba a la cesión de estos jardines para equipamientos libres, sostiene la defensa.
La acusación considera que se trata de un solar urbano, pues forma parte de la ciudad consolidada y es “susceptible de futuro desarrollo edificatorio”. En términos de derecho urbanístico, comparte polígono rústico con el castillo de los Mendoza, del que solo le separa una calle sombría y estrecha. A decir del arquitecto municipal, tal proximidad dificultaría cualquier posible recalificación: la aprobación de un plan parcial exige el desarrollo del polígono completo, incluyendo las parcelas del monumento medieval. El regidor socialista, José Luis Labrador, se muestra contundente: “La duquesa quiere quedarse el parque solo para cerrarlo. La ley le impide hacer otra cosa”. Su litigio con la noble podría resultar menor si no fuera porque peligra el único espacio lúdico que persiste en el pueblo.
Abrazado por los berrocales de La Pedriza y colindante con el embalse de Santillana, Manzanares lo tiene difícil para levantar de cero otro recinto similar. “Carecemos de terrenos disponibles”, confiesa el alcalde. Lo cierto es que el espacio público ha tenido que trazarse a golpe de cheque. El Ayuntamiento compró en diciembre a Carla María de Arteaga, hermana menor de Almudena y marquesa de Laula, una parcela por valor de casi dos millones de euros que se ha acondicionado como recinto ferial y aparcamiento público. Similar transacción había sucedido poco antes de la pandemia, cuando el Ayuntamiento adquirió a otro hermano de la duquesa los antiguos cines de la Fábrica de Papel Continuo de España, a fin de consagrarlos a las artes vivas.
Aquel complejo industrial, inactivo desde 1911, albergaba una docena de viviendas que también engrosan el haber de los Arteaga. El clan acaba de obtener los permisos para rehabilitarlas y comercializarlas conforme vayan venciendo los contratos de renta antigua. Las grandes parcelas de uso ganadero y agrícola, que en la posguerra habían definido los contornos de una economía rentista, se fueron liquidando con el paso de los años, si bien la familia conservó hectáreas de terrenos. De ahí que, en octubre de 1975, el Ayuntamiento manzanariego solicitara una cesión al duque del Infantado. No había en el pueblo mayor propietario. Él accedió dos meses después, recién fallecido Franco, mediante la siguiente fórmula: “Animado por los mejores deseos de colaborar con esta Corporación, me hallo dispuesto a autorizar la utilización de la finca”.
Los primeros acondicionamientos del parque se efectuaron un lustro más tarde. A estos le siguió la implantación del mobiliario: papeleras, bancos, columpios, dos toboganes y un castillo de plástico que corrieron a cargo de las arcas municipales. En su contestación a la demanda, el Ayuntamiento solicita que estos gastos (78.900 euros) se tengan en cuenta a la hora de dictar sentencia. Labrador cuenta que está dispuesto a comprar el parque “si fuera necesario”, incluso estudia su expropiación, por lo que ha solicitado una segunda tasación, según la cual el valor de la parcela en el mercado se sitúa en 143.000 euros, cifra muy alejada de la que pide la duquesa. Labrador declara: “A mí me gustaría llegar a un acuerdo sin necesidad de juicio, pero una Administración no puede tolerar chantajes”.
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