El vertiginoso aumento de los contagios y la creciente sobrecarga de los hospitales son ahora la máxima prioridad en Alemania. Esta cuarta ola es la peor que ha vivido el país, con incidencias nunca vistas desde que empezó la pandemia y con graves problemas para atender a los cada vez más numerosos pacientes que necesitan cuidados intensivos. La situación es de “emergencia nacional”, dijo ayer el ministro de Sanidad, Jens Spahn. Y coincide con otro momento también muy delicado: la formación de un nuevo Gobierno. La crisis sanitaria está sumando todavía más presión a las complejas negociaciones para que un tripartito formado por socialdemócratas, verdes y liberales tome el relevo en diciembre. Olaf Scholz, el previsible próximo canciller, se enfrenta a una crisis nacional antes incluso de llegar al cargo.
Las negociaciones para acomodar los intereses y las ambiciones de los tres partidos continúan, pero en un segundo plano. La pandemia ha obligado a los líderes de la coalición semáforo —así llamada por los colores con los que se identifican los partidos: rojo de los socialdemócratas, verde de los ecologistas y amarillo de los liberales— a trabajar en dos frentes a la vez. De un lado, las reuniones para formar Gobierno; de otro, empezar a funcionar ya como un Ejecutivo virtual y proponer una nueva ley de infecciones para tratar de contener la escalada de contagios. Los tres partidos llevaron al Bundestag el jueves su propuesta para sustituir el actual marco legal, que expira el 25 de noviembre, por otro que obliga a los Estados federados a que las restricciones se aprueben antes en los parlamentos regionales.
“Ha habido un vacío de poder”, constata el politólogo Wolfgang Merkel, profesor del Centro de Investigación de Ciencias Sociales de Berlín (WZB). “Fue más acusado durante la campaña electoral, en agosto y septiembre. Ningún partido quiso exponerse porque les daba miedo perder apoyos. Un error enorme, porque los expertos ya pronosticaban el incremento de contagios en otoño”, añade. En su opinión, la culpa es tanto del Gobierno saliente como del entrante.
La presión añadida a socialdemócratas, verdes y liberales se nota desde hace semanas. Mientras los contagios crecían y los epidemiólogos alertaban de que la tasa de vacunación era muy baja en Alemania (68% de la población frente al 80% de España) y desembocaría en el colapso asistencial, se eternizaba ese vacío de poder a escala federal. El Gobierno de gran coalición de Angela Merkel no impulsaba nuevas medidas restrictivas ni convocaba a los líderes regionales para tomar decisiones. Fueron semanas de inacción.
La primera reunión no llegó hasta este jueves, cuando varios Estados, alarmados por las cifras récord de contagios, ya habían impuesto sus propias restricciones. El Bundestag aprobó el mismo día una nueva ley del futuro tripartito que lleva aparejadas unas medidas concretas y, en paralelo, la canciller y los länder acordaron a su vez otras medidas conjuntas. Un mensaje confuso para los ciudadanos, que vieron cómo se les imponen distintas restricciones desde distintos ámbitos.
Lo que de momento no ha conseguido la emergencia sanitaria es añadir nuevos motivos de controversia dentro del semáforo. Al menos públicamente. El líder de los liberales del FDP, Christian Lindner, ha cambiado de opinión sobre la vacunación obligatoria. De estar absolutamente en contra ha pasado a asegurar que hay que considerar que quienes trabajan con personas vulnerables (sanitarios, cuidadores en residencias) deban estar inmunizados. Esta fue de una de las medidas que acordaron el Gobierno y los länder el jueves, y que debe ser aprobada en el Bundestag.
Giro en los liberales
Pese a que Lindner hizo campaña defendiendo que los no vacunados no podían ser discriminados, ahora asegura que la situación es distinta. “Los no vacunados deben estar preparados para restricciones considerables en la vida social porque, por desgracia, la tasa de vacunación no ha cumplido las expectativas”, dijo ayer al Süddeutsche Zeitung.
Las líneas rojas de los liberales son el cierre de la economía y los colegios y las restricciones a la movilidad. Y, por ahora, el tripartito está centrado en aumentar la tasa de vacunación forzando a negacionistas y reticentes a inmunizarse por la vía de las prohibiciones a que participen en la vida social. Si socialdemócratas y verdes plantean otras medidas, como el cierre de bares y locales nocturnos, sí se encontrarían con la oposición del tercer socio de la futura coalición.
Los conservadores han aprovechado la crisis sanitaria para hacerle oposición a la todavía inexistente coalición semáforo. La CDU de Merkel ha defendido prorrogar la llamada “situación epidémica de alcance nacional”, aprobada al inicio de la crisis y que daba plenos poderes a las autoridades. La situación de interinidad ha provocado situaciones peculiares, como el debate del jueves, donde era fácil confundir a Gobierno y oposición. Los diputados conservadores criticaron la norma del tripartito, entre otras cosas porque según ellos dificulta reaccionar rápidamente ante la emergencia.
Representantes del semáforo les echaron en cara que estas semanas, ante el incremento sostenido de la incidencia, no aprobaron restricciones en los Estados federales donde gobiernan pese a poder hacerlo según la todavía vigente ley de infecciones. En realidad, ambas normas son bastante similares y dan margen de actuación a los Ejecutivos. Varios analistas coinciden en que la controversia se ha exagerado para empezar a marcar diferencias políticas entre bloques, aunque también Los Verdes han sufrido críticas desde sus propias filas.
Para muchos expertos, las decisiones tomadas esta semana no son suficientes. “Toda Alemania es un gran brote”, describió gráficamente la situación Lothar Wieler, el presidente del Instituto Robert Koch (RKI) de enfermedades infecciosas. En su opinión, dificultar la vida social a los no vacunados no atajará la transmisión de la enfermedad. Habría que cancelar eventos, cerrar locales nocturnos y bares mal ventilados y reducir los contactos privados. Las restricciones no solo se quedan cortas sino que llegan muy tarde, cuando los contagios están descontrolados y la falta de personal en las UCI es sangrante.
Teletrabajo y controles en el transporte público
La nueva ley de protección contra infecciones presentada por el futuro tripartito incluye la recomendación del teletrabajo siempre que sea posible y la aplicación de la llamada regla 3G en los centros de trabajo: antes de entrar, los empleados deberán demostrar que están vacunados, han pasado la enfermedad o que se han hecho un test con resultado negativo. El Ministerio de Trabajo anunció ayer que la obligación entra en vigor el 24 de noviembre. La Confederación Alemana de Sindicatos está de acuerdo con la medida. Ya hay empresas, como Siemens, que exigen a sus empleados pruebas de no estar infectados a la entrada de los centros de trabajo. Para viajar en transporte público también será necesario estar vacunado, recuperado o presentar una prueba de coronavirus negativa, según la nueva ley.
Los Estados federados con peores datos, como Baviera, están adoptando medidas más drásticas. Su presidente, Markus Söder, anunció ayer que cerrará toda la actividad pública no esencial en los distritos que superen la incidencia semanal de 1.000 casos por 100.000 habitantes, algo que ya sucede en ocho de ellos, los más próximos a Austria, en el sureste. Los hospitales bávaros están saturados. Uno tuvo que enviar dos enfermos al norte de Italia la semana pasada ante la imposibilidad de encontrar camas libres en las UCI de la región. Las autoridades de Baviera, donde la incidencia es de 627 frente a 341 de media nacional, cerrarán comercios no esenciales, restauración y toda la actividad cultural en los distritos más afectados, pero guarderías y colegios seguirán abiertos. También se suspenden los populares mercadillos navideños al aire libre.
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