Aunque falta poco menos de un año y medio para las próximas elecciones federales en México, el Instituto Nacional Electoral (INE) está en el punto de mira del debate político. El organismo autónomo encargado de la organización de los comicios federales inició esta semana un proceso de elección de cuatro nuevos consejeros que concluirá en abril. Este es el último capítulo de una discusión que empieza por el papel que debe tener el INE en tiempos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y termina en si Morena, el partido gobernante, utilizará su mayoría en el Congreso para imponer perfiles afines para controlar el instituto. La autoridad electoral afirma que el ambiente de hostilidad de los últimos meses no tiene precedentes. “Ha sido una confrontación muy lamentable, que nunca se había dado en estos términos ni en este tono”, afirma en entrevista Lorenzo Córdova, presidente del INE.
Los roces entre el Gobierno y el árbitro electoral han sido recurrentes desde que López Obrador llegó al poder en diciembre de 2018. En los últimos tres meses, el Congreso disminuyó el presupuesto del INE y Morena presentó una iniciativa que pretendía reducir el mandato del presidente de la autoridad electoral de nueve a tres años, el mismo tiempo que dura una legislatura en la Cámara de Diputados, con lo que el partido que ostentase la mayoría elegiría al máximo responsable del órgano organizador de los comicios. El Ejecutivo también se estrelló con el INE cuando propuso crear un polémico registro de población basado en los datos biométricos que resguarda exclusivamente el Instituto. “Conocen mi opinión sobre el INE. Creo que no se han portado bien”, dijo esta semana López Obrador.
“Es difícil sostener que se trata de una estrategia maquinada por controlar el Instituto”, dice Córdova sobre las tensiones recientes. “Lo preocupante es que han sido episodios con varios actores gubernamentales y del Legislativo, y el momento y el contexto en que se han dado”, sostiene el consejero presidente. Para Córdova es claro que la intención es sacar un rédito político, pero matiza que el propio López Obrador ha desalentado públicamente esta estrategia. En la mira no solo está ganar la elección de 2021 -en la que se vota la renovación de la Cámara baja, 15 gubernaturas y 29 congresos estatales y más de 2.000 alcaldías-, también inclinar el terreno electoral y vetar el registro de nuevos partidos.
La fobia del mandatario contra el INE, antes llamado IFE, viene desde las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, en las que el entonces candidato terminó en segundo lugar acusando sendos “fraudes”. Algunos militantes y simpatizantes de Morena consideran que elegir cuatro consejeros afines al proyecto podría corregir lo que denominan injusticias del pasado.
En el movimiento de López Obrador, que agrupa a políticos que militaron en varios partidos, hay también dudas al respecto. “Yo veo en algunos sectores de Morena una tendencia un poco obsesiva de nombrar a los consejeros; esto es un error histórico y una tontería política”, dijo esta semana el diputado Porfirio Muñoz Ledo, una voz crítica del partido. EL PAÍS solicitó entrevistas con Mario Delgado, líder de Morena en la Cámara baja, y con el diputado Sergio Gutiérrez Luna, uno de los críticos más duros del INE, pero no obtuvo respuesta. En una entrevista en noviembre, Gutiérrez Luna descartó que hubiera una estrategia para debilitar al Instituto y dijo que sus críticas a los “elevados salarios” de los consejeros se enmarcan con la política de austeridad de López Obrador.
La oposición ha tomado la “amenaza a la autonomía del INE” como una bandera y señala que la toma de la autoridad electoral abra el camino a un “giro autoritario hacia el pasado”, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se mantuvo en el poder durante más de 70 años organizando elecciones desde el propio Gobierno. Algunas organizaciones civiles y académicos defienden “las conquistas democráticas” y abogan por un proceso de selección de consejeros imparcial, pero dudan en acercarse a una oposición cuestionada tras su paso en el poder y con los peores resultados electorales de su historia.
Las descalificaciones del presidente López Obrador al INE se dan por una marcada sospecha contra los órganos autónomos que fiscalizan y vigilan al Ejecutivo. En 2019, Morena fue criticado por elegir como ombudsperson a Rosario Piedra Ibarra, que fue candidata de su partido, acusar al extitular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alocer, cuando aún estaba frente al organismo de conflicto de interés y criticar los salarios en el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
“Lo que hay que entender es que estos organismos defienden los derechos de los ciudadanos, en el caso del INE, el derecho al voto y a la identidad”, comenta Pamela San Martín, una de las consejeras electorales que abandonará su puesto en abril. “No existe tal cosa como los perfiles ‘químicamente puros’, sino personas conscientes de las responsabilidades que asumen, las presiones y las reglas que defienden”, apunta.
Córdova y San Martín coinciden en que la mejor fórmula es el consenso. Reconocen que hay áreas por mejorar, pero descartan que la democracia mexicana corra peligro sin importar el resultado de la elección de consejeros. Córdova parafrasea un refrán futbolero de Eduardo Galeano para explicar su posición: “El árbitro está destinado a quedar mal con todos; pero yo vivo muy tranquilo”. Ante la elección con mayor número de votantes en la historia del país, aún quedan por conocerse los candidatos al Consejo electoral y las reglas de una votación que será decisiva para el segundo tramo del Gobierno de López Obrador.
El malestar democrático mexicano
E. C.
México enfrenta una “crisis de la democracia” y lidera la insatisfacción democrática en un grupo de 169 países evaluados, según un estudio publicado en enero por la Universidad de Cambridge. En ningún punto de los últimos 25 años, ha habido una mayoría de mexicanos que apoye la democracia y la insatisfacción nunca ha sido tan alta. Solo una de cada cuatro personas cree que el régimen democrático funciona, según la investigación, que agrupa una serie de encuestas y bases de datos recopiladas en las últimas tres décadas.
“Es una tendencia que nadie puede negar”, reconoce Lorenzo Córdova. El presidente del Instituto Nacional Electoral asegura que el malestar democrático de los mexicanos no tiene que ver con la parte estrictamente electoral, sino con una serie de promesas incumplidas de los últimos Gobiernos, como el estallido de violencia y las desigualdades sociales que persisten en el país. “Hay un descontento comprensible”, dice el consejero.
El Informe Mundial sobre la Satisfacción de la Democracia expone una tendencia regional. “Latinoamérica consiste abrumadoramente de democracias en las que los ciudadanos están insatisfechos”, dice el estudio. Por debajo de México están “democracias en crisis” como Brasil, Colombia, Perú y Venezuela. Moldavia y Ucrania son los únicos países fuera de América Latina incluidos en ese grupo.
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